Colombia abandona una metodología innovadora para medir el contrabando, regresando a un sistema tradicional y lento que oscurece la dimensión real del problema. El retroceso limita la capacidad estatal de enfrentar un fenómeno sofisticado que alimenta la criminalidad, la corrupción y la evasión fiscal.
El contrabando no es solo una distorsión económica: es un flagelo que drena más de ocho billones de pesos anuales de las arcas públicas colombianas y financia actividades criminales complejas.
Hasta 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) utilizaba un método estadístico avanzado, ideado por su exdirector Luis Carlos Reyes, para medir la brecha entre lo que se declara y lo que realmente ingresa al país. Ese método —que amplió la muestra de socios comerciales y cubría más del 85% del intercambio total— arrojó cifras de contrabando más altas y realistas, cerca del 14,7% del comercio entre 2022 y 2023, frente al 10 % estimado de manera tradicional.
Sin embargo, tras la salida de Reyes de la DIAN, este piloto fue desmontado y el país volvió al método clásico que compara estadísticas internacionales con declaraciones nacionales, un proceso que puede tardar hasta dos años en consolidarse.
“El sistema tradicional ofrece una foto atrasada”, advierten expertos. “En 2025 apenas vemos datos de 2023”, explicó Reyes. Esta demora limita la capacidad de respuesta de las autoridades frente a un delito que se reinventa constantemente, con nuevas rutas, esquemas financieros y modalidades operativas.
La medición del contrabando no es un ejercicio académico; es una herramienta clave para diseñar políticas y estrategias de control. Sin datos precisos y actualizados, las autoridades pierden efectividad en la lucha contra redes criminales que dependen de estas economías ilícitas.
Expertos en seguridad señalan que el contrabando ha dejado de ser solo una evasión fiscal para convertirse en parte de los circuitos financieros del crimen organizado. “El contrabando es la modalidad privilegiada del crimen organizado para monetizar sus ganancias, lavar dinero del narcotráfico y la minería ilegal”, dijo el exdirector de la Policía Fiscal Aduanera (POLFA), Juan Carlos Buitrago
Las cadenas de contrabando integran puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y plataformas digitales. En varios casos documentados, barcos que salen cargados de droga regresan con mercancía legal, alcohol, cigarrillos y confecciones que luego se venden en efectivo, blanqueando recursos ilícitos.
Además, la presencia de redes sofisticadas como las del Clan del Golfo o la llamada “Papá Pitufo” —que ha utilizado criptomonedas para financiar operaciones y movilizar mercancía ilegal desde China— demuestra que estas economías ilegales se integran cada vez más a las economías formales mediante triangulaciones y lavado de activos.
La desinstitucionalización también juega en contra de la lucha contra el contrabando. La DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la POLFA llevan meses sin directores en propiedad, lo que, según analistas, debilita el control y abre espacios para infiltración y corrupción.
El mapa del contrabando y sus efectos
Las zonas portuarias como Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla se han convertido en puntos críticos de la disputa entre el crimen y el Estado, con altos índices de homicidios y corrupción institucional.
Aunque el número de incautaciones ha disminuido —de más de 39.000 en 2022 a menos de 23.000 en 2025— el valor de la mercancía confiscada ha aumentado, lo que indica una estrategia más focalizada pero insuficiente frente a la magnitud del problema.
Expertos coinciden en que la lucha contra el contrabando no puede limitarse a recuperar dinero; debe incorporarse en un enfoque integral que incluya inteligencia de datos, trazabilidad satelital, modernización tecnológica y alianzas público-privadas.
Reyes y otros analistas también proponen el uso de Big Data e inteligencia artificial para perfilar riesgos y detectar patrones sospechosos en tiempo real. Sin embargo, esos cambios requieren voluntad política y recursos que aún no se han consolidado.
La caída en la medición precisa del contrabando no solo resta claridad al fenómeno: reduce la percepción de urgencia en las instituciones encargadas de combatirlo. Al tratar el contrabando solo como un delito económico, se invisibiliza su dimensión criminal y su vínculo con estructuras que operan al margen de la ley.
Este retroceso plantea preguntas sobre la prioridad que el Estado colombiano otorga a la transparencia y eficiencia en una lucha que afecta al comercio formal, la recaudación fiscal y la seguridad nacional. Sin una medición adecuada, cualquier política contra el contrabando corre el riesgo de ser reactiva y superficial, perdiendo de vista la sofisticación de las redes criminales que se benefician de la opacidad.
En definitiva, medir mejor contrabando no es solo una cuestión técnica, sino una base para entender y enfrentar una problemática que sostiene economías ilegales, erosiona la institucionalidad y compromete la seguridad y prosperidad del país.
