El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista un decreto para eliminar la prima especial de los congresistas que se posesionen desde 2026, en una apuesta por la austeridad y la equidad salarial, mientras se fija un salario mínimo vital de dos millones de pesos.
La discusión sobre los salarios y beneficios de los congresistas volvió al centro del debate público. Un borrador de decreto, conocido en las últimas horas, plantea eliminar la prima especial creada en 2013 para los miembros del Congreso que se posesionen después del 20 de julio de 2026. La medida hace parte de la estrategia de austeridad del Gobierno nacional y se conoce en paralelo al anuncio del salario mínimo vital para 2026.
El documento propone derogar el Decreto 2170 de 2013 y establece que no se reconocerá ni pagará la prima especial ni ningún otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en esa disposición. Para el Ejecutivo, la remuneración actual de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos y a la realidad fiscal del país, lo que dificulta el cierre de brechas sociales planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
El anuncio se da minutos después de que el presidente Gustavo Petro revelara que el salario mínimo vital para 2026 será de dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte. Sin este subsidio, el salario base quedará en 1.750.905 pesos, con un incremento del 23 %, mientras que el auxilio de transporte será de 249.095 pesos.
En la actualidad, un congresista en Colombia recibe una asignación mensual que, sumando salario básico, primas legales y beneficios asociados, supera los 45 millones de pesos. El salario base ronda los 34 millones, pero a este se agregan primas como la de servicios, la de localización y vivienda, y la prima especial creada en 2013, que incrementa de manera significativa el ingreso final.
En términos anuales, la remuneración total de un congresista puede acercarse o incluso superar los 550 millones de pesos. Esta cifra contrasta de manera marcada con el salario mínimo, que en 2025 se ubica muy por debajo del millón y medio de pesos y que, aun con el aumento proyectado para 2026, seguirá siendo casi 20 veces menor que el ingreso mensual de un legislador.
El Gobierno sustenta su propuesta en esa brecha. En el borrador de decreto se argumenta que mantener beneficios adicionales para altos cargos públicos resulta incompatible con una política de equidad y con un discurso de contención del gasto, especialmente en un contexto de restricciones fiscales.
El costo del Congreso y el ahorro proyectado
El funcionamiento del Congreso de la República representa una de las partidas más altas del presupuesto público. Para 2025, el monto destinado al funcionamiento del Legislativo —que incluye salarios, contratación administrativa, funcionamiento de comisiones, logística y servicios— asciende a cerca de un billón de pesos.
Dentro de ese total, el pago de salarios y prestaciones de los 296 congresistas (Senado y Cámara) representa una porción relevante. La prima especial creada en 2013, que se paga de manera mensual, tiene un costo individual estimado de varios millones de pesos por congresista, lo que se traduce en un gasto anual que puede superar los 25.000 millones de pesos para el Estado.
Si la prima especial se elimina para los congresistas que se posesionen desde 2026, el ahorro no sería inmediato ni total en el corto plazo, pero sí progresivo. A medida que se renueve el Congreso, el Estado dejaría de asumir ese costo adicional, lo que permitiría liberar decenas de miles de millones de pesos cada año, recursos que podrían destinarse a inversión social o a fortalecer sectores como educación y salud.
La apuesta del Gobierno no solo es fiscal, sino simbólica. Al anunciar la eliminación de un beneficio exclusivo del Congreso al mismo tiempo que se fija un salario mínimo vital, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de coherencia política y de redistribución del esfuerzo. El debate, sin embargo, apenas comienza y promete enfrentar resistencias en un Legislativo que históricamente ha defendido la autonomía para definir su régimen salarial.
