La crisis humanitaria en el Magdalena Medio se agudiza. Más de 200 campesinos de veredas ubicadas en el Valle del Río Cimitarra, en jurisdicción del municipio de Yondó (Antioquia), completan más de una semana confinados debido a intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.
Organizaciones sociales como la Corporación Cahucopana han alertado sobre la grave situación que enfrentan las comunidades rurales, especialmente en las veredas Puerto Nuevo Ité, Puerto Matilde y Caño Tigre. Según sus reportes, los combates han generado temor generalizado, impidiendo a los habitantes salir de sus viviendas, acceder a cultivos o abastecerse de alimentos y medicinas.
“Las familias están atrapadas en sus casas, sin poder moverse por miedo a quedar en medio del fuego cruzado. Hay niños, adultos mayores y personas enfermas que requieren atención urgente”, denunció un vocero de Cahucopana.
Los grupos armados en disputa serían disidencias de las FARC y estructuras del ELN, que buscan controlar rutas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal en esta zona limítrofe entre Antioquia, Santander y Bolívar. La presencia de estos actores ha sido constante en la región, pero en las últimas semanas la violencia se ha recrudecido.
La Defensoría del Pueblo y la Personería de Yondó han solicitado la intervención inmediata del Gobierno Nacional para garantizar la protección de la población civil. También han pedido el envío de ayuda humanitaria y la activación de rutas de atención psicosocial.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia informó que se están coordinando acciones con la Fuerza Pública para restablecer el orden y permitir el ingreso de misiones humanitarias. Sin embargo, líderes comunitarios advierten que la militarización por sí sola no resolverá el problema de fondo.
El confinamiento en el Magdalena Medio se suma a otros casos similares registrados en regiones como el Bajo Cauca y el Catatumbo, donde la población civil sigue siendo la principal víctima del conflicto armado. Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de avanzar en diálogos regionales de paz y en una presencia integral del Estado que incluya inversión social, educación y salud.
La situación sigue siendo monitoreada por organismos de derechos humanos, mientras las comunidades esperan una respuesta efectiva que les devuelva la tranquilidad.
