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Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza

Históricamente se ha buscado reconocer o incrementar los derechos de la naturaleza, donde podamos transitar del modelo actual antropocentrista al biocétrico, que exige rediseñar el modelo de desarrollo económico para poder preservar la naturaleza. Particularmente, en 2014, se creó el primer Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza de la Madre Tierra, como respuesta a la contaminación identificada en el caso “Chevron-Texaco” (Ecuador)[1].

Por: Alexander Mateus Rodríguez | El 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que: «todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable». La anterior postura, busca disminuir la creciente afectación mundial de la naturaleza.

En algunos escenarios se ha catalogado el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza como un “galimatías conceptual”, como un lenguaje embrollado, por el laberinto de ideas que representa. Por ello, es importante que hablemos en un lenguaje más sencillo, espontaneo, que cualquier ciudadano pueda entender, asimilar y defender.

Llanamente, debemos extender los derechos humanos a la naturaleza, porque son seres vivos, que sufren, sienten dolor y tienen necesidades similares a las nuestras. Después de la sentencia de la Corte Constitucional, que reconoce el Rio Atrato como un ser vivo «Sentencia hito T-622 de 2016», sujeto de derechos, podemos decir que Colombia es uno de los países que más ha avanzado jurisprudencialmente, precisamente porque el trabajo legislativo es muy escaso en estos temas, poco se conoce sobre la importancia de proteger la naturaleza, o simplemente no existe voluntad política.

«Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”: Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista francés.

De forma tímida en el Congreso de Colombia se radicó el Proyecto de Acto Legislativo 003 de 2022 “Por el cual se modifican los artículos 79 y 95 de la Constitución Política de Colombia,[2]” que busca reconocer la naturaleza, como una entidad viviente sujeto de derechos gozará de la protección por parte del Estado, es muy lento el trámite legislativo, frente a un debate que es inaplazable, porque se encuentra en peligro la vida de muchas personas. Cada día mueren niños por enfermedades asociadas a la degradación ambiental, por la ausencia potabilidad del agua “como la olvidada Guajira”, la deforestación en la Amazonía y la calidad del aire que respiramos en ciudades como Bogotá o Barrancabermeja. Empero, la codicia se encuentra embozada en las empresas que contaminan y en los entes oficiales, detrás del deterioro actual del medio ambiente, se identifican algunos sectores que impiden que se superen todos los conflictos ambientales.

Asimismo, el 5 de marzo de 2024, se aprobó el Proyecto de Ley No. 038 de 2023, «Por medio de la cual se declara al río Magdalena, su cuenca, afluentes y desembocadura, como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones». Dentro de la exposición de motivos el proyecto de ley, cita la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva -Huila-, del 24 de octubre de 2019[3], donde se reconoció a las generaciones futuras como sujeto de derechos.  Igualmente, se fundamenta en la sentencia que declaró el río Atrato como sujeto de derechos.

Declaración pionera a nivel mundial que reconozca los Derechos de la Naturaleza

Actualmente, contamos con tres instrumentos a nivel internacional que consagran los principios de protección ambiental, que inspiran la proclamación universal de los de los derechos de la naturaleza, que se enuncian a continuación: (i) La Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972 (ii) la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; y, (iii) la Declaración de Río de Janeiro de 1992, las cuales condensan los siguientes principios: (a) Principio de soberanía. (b) Principio de cooperación internacional. (c) Principio de precaución. (d) Principio de prevención. (e) Principio de “quien contamina paga”. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades realizadas dentro de su territorio no causen daño al medio ambiente; de lo contrario, el que contamina debe cargar con los costos generados por la contaminación. (f) Principio de responsabilidad común pero diferenciada. La protección ambiental es una responsabilidad de todos los Estados, sin embargo, es diferenciada, dependiendo de factores como la geografía, el clima y los ecosistemas de cada Estado. (g) Principio de desarrollo sostenible.

Es importante identificar que a través de instrumentos internacionales, de normas supranacionales como la declaración universal de los derechos de la naturaleza permitirá que se integre a las normas internas, lo que llamamos el bloque de constitucionalidad para que se propenda por la protección oportuna del medio ambiente, de la naturaleza. Ciertamente, contamos con sentencias emblemáticas, pero sin fuerza, no han sido efectivas, existe un déficit de protección, que permite identificar una omisión legislativa que impide que se avance en cuestiones coyunturales, trascendentales como la conservación, restablecimiento y cuidado especial del medio ambiente.

El consenso es fundamental para integrar a varios países alrededor de este propósito sublime, que trasciende en el tiempo y garantizará la subsistencia de las futuras generaciones, quiénes podrán disfrutar de un ambiente sano en condiciones similares o mejores a las que nosotros estamos disfrutando. Los desafíos que enfrenta la naturaleza, deben asimilarse a la necesidades básicas que tienen  los seres humanos, vinculan a todas las personas, exigen la creación de nuevas instituciones, ministerios, jueces y tribunales especializados en temas ambientales, imparciales, con dedicación exclusiva a estos temas.

Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-196 de 2023, recordó que: «(…) una de las principales consecuencias jurídicas que se ha seguido a partir de la declaratoria de una entidad natural como «sujeto de derechos» ha sido la de encargar su cuidado a diferentes instituciones, principalmente del orden estatal, y de reconocer el liderazgo ciudadano para acompañar los procesos de protección y restauración ambiental, como ocurre con el rol de los “guardianes del río Atrato” (…)»

Por último, debo acotar, que la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como documento que marcará un hito en la historia de los derechos de la naturaleza, debe estar precedida de la creación de una comisión permanente de guardianes de la naturaleza, que incluya tópicos relacionados con el cambio climático, la deforestación, la calidad del aire, potabilidad del agua. En ese escenario, se debe debatir la importancia de reconocer el Río Magdalena[4] -escenario primordial del crecimiento histórico del país-, como un ente sujeto de derechos -que se garantice de forma real y oportuna su restauración, protección y conservación-, y que pueda ser reconocido como patrimonio de la humanidad.

Tampoco podemos dejar de insistir en la relevancia económica, y ecológica de la Ciénaga de San Silvestre en Santander, requiere de forma inmediata que se superen los innumerables pasivos ambientales que circundan este cuerpo de agua donde viven muchas especies, como el «manatí Antillano que se encuentra en peligro de extinción»,  y demanda una intervención oportuna, donde se destinen recursos que garanticen la protección de especies afectadas por la contaminación, que conexamente afecta el núcleo esencial del derecho fundamental al suministro de agua potable, a gozar de un medio ambiente sano.

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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Santo Tomas, Seccional Bucaramanga. Funcionario de la Rama Judicial.

E-mail: alexandermateusrodriguez@gmail.com.

Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.

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[1] La concesión de Chevron (1964 y 1990) en la Amazonía ecuatoriana, generó graves afectaciones al medio ambiente y el desplazamiento de las poblaciones indígenas.

[2] Los textos quedaran de la siguiente forma: Artículo 79. (…) La naturaleza, como una entidad viviente sujeto de derechos gozará de la protección por parte del Estado a fin de asegurar su existencia, hábitat, bienestar, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como la conservación de su estructura y funciones ecológicas, en armonía con su aprovechamiento sostenible, de conformidad con la ley. // Los seres sintientes, serán reconocidos y protegidos como sujetos de derechos. Serán protegidos contra los tratos crueles, actos degradantes, muerte y sufrimiento innecesario y procedimientos injustificados o que pueden causarles dolor, angustia o limitar el desarrollo de sus capacidades naturales. La ley especificara los contenidos de sus derechos y sus mecanismos de protección legal, sin afectación al desarrollo agroindustrial y la celebración de negocios jurídicos. Es deber de las autoridades en todos los órdenes desarrollar políticas y programas que contribuyan al bienestar de los animales. // Artículo 95. (…) 8. Proteger los recursos naturales y culturales del país, respetar los derechos que la ley otorgue a los animales y seres sintientes, y propender por su bienestar y velar por la conservación de un ambiente sano (…)

[3] Radicado: 41001-3109-001-2019-00066-00. Sentencia de Tutela de Primera Instancia Número 071.

[4] El río Magdalena cruza el país a lo largo de 1.600 km: atraviesa veintidós de los treinta y dos departamentos, y con otros cuerpos de agua, conforman una cuenca hidrográfica de 272,000 km2.

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