La ofensiva migratoria de Donald Trump alcanzó en julio uno de sus mayores niveles desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. Más de 46.000 personas fueron ingresadas a custodia de ICE, mientras la administración amplía recursos, operativos y mecanismos para acelerar las deportaciones.
La política migratoria de Donald Trump entró en una nueva fase durante julio. Las cifras internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocidas por CBS News, muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresó a su sistema de detención a más de 46.000 personas durante ese mes, el mayor registro mensual del segundo mandato presidencial.
El dato supera el récord de junio, cuando más de 43.000 personas fueron ingresadas a centros de detención migratoria. En términos diarios, julio representó un promedio cercano a 1.500 personas incorporadas a custodia cada jornada. En junio, el promedio había sido de aproximadamente 1.438.
La diferencia entre estas cifras y las metas políticas de la Casa Blanca resulta significativa. Fuentes citadas por medios estadounidenses han señalado que dentro de ICE se ha presionado para alcanzar alrededor de 2.000 arrestos diarios, aunque el DHS ha negado formalmente que exista una cuota de arrestos.
El resultado es una maquinaria de detención que funciona a una escala considerablemente mayor que la observada durante varios meses anteriores.
Uno de los cambios más importantes está en la metodología. La administración Trump ha reducido el protagonismo de las grandes redadas altamente visibles realizadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Minneapolis y ha incrementado operaciones más pequeñas y distribuidas territorialmente.
Los arrestos ocurren en lugares donde los inmigrantes deben interactuar regularmente con instituciones estadounidenses: oficinas de ICE, controles de tránsito, lugares de trabajo y aeropuertos.
Se ha informado, por ejemplo, sobre un aumento de la coordinación entre ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Fuentes de ICE señalaron al medio que TSA ha compartido información sobre viajeros que no son ciudadanos estadounidenses y que presentan posibles problemas migratorios, incluso cuando no tienen antecedentes penales.
El cambio ha convertido los aeropuertos en uno de los nuevos escenarios de la política migratoria. En julio se difundieron videos de personas detenidas por agentes vestidos de civil en diferentes terminales, algunos de ellos después de pasar controles de seguridad.
Un caso registrado en Denver involucró a Chantal Alejandra Morales Rojas, ciudadana ecuatoriana detenida cuando se disponía a abordar un vuelo. DHS sostuvo que había excedido el tiempo autorizado de su visa. Posteriormente, un juez fijó una fianza de 3.000 dólares.
Otro episodio ocurrió en el aeropuerto de San Francisco, donde agentes de ICE detuvieron a una mujer ucraniana que llevaba más de una década viviendo en Estados Unidos. El procedimiento quedó registrado en video y generó nuevas críticas sobre las prácticas de la agencia.
La presión sobre los centros de detención
El crecimiento de las capturas tiene una consecuencia inmediata: más personas deben ser alojadas en instalaciones de detención migratoria.
Al finalizar julio, aproximadamente 68.000 inmigrantes permanecían bajo custodia de ICE, una cifra cercana al máximo registrado durante el segundo mandato de Trump. En enero, la población detenida había llegado a rozar las 72.000 personas.
El volumen plantea una pregunta central para la estrategia de la administración: ¿hasta dónde puede crecer la capacidad de detención sin que el sistema enfrente nuevos problemas logísticos, jurídicos y presupuestarios?
El Congreso aprobó recursos extraordinarios destinados a ampliar la infraestructura migratoria y aumentar la capacidad operativa. El objetivo político de la Casa Blanca, sin embargo, es todavía más ambicioso: convertir el actual proceso en una operación de deportaciones de dimensiones históricas.
Pero existe una diferencia fundamental entre detener y deportar. Una persona puede ser arrestada por ICE y permanecer durante semanas o meses en un proceso administrativo o judicial antes de que exista una decisión definitiva sobre su expulsión.
Por eso, los récords mensuales de arrestos no equivalen automáticamente a récords de deportaciones.
El dato colombiano que puso el debate en el centro de América Latina
La ofensiva también ha tenido consecuencias directas para Colombia.
El 13 de julio murió en Biddeford, Maine, el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un procedimiento de agentes de ICE. El caso provocó reacciones de autoridades colombianas y exigencias para esclarecer las circunstancias del operativo.
Según reportes de medios estadounidenses, un agente disparó contra Durán después de que, según la versión oficial, el vehículo del colombiano hubiera impactado contra el automóvil de los agentes. La investigación sobre lo ocurrido permanece abierta.
El caso adquirió especial relevancia en Colombia porque Durán era oriundo de Bucaramanga. Familiares y autoridades reclamaron transparencia sobre las circunstancias de su muerte y el procedimiento empleado por los agentes.
Su muerte se produjo en medio de otra controversia relacionada con operativos de ICE. Durante julio, agentes federales estuvieron involucrados en dos episodios con resultado mortal, uno en Maine y otro en Texas, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.
El fin del TPS amplía el universo de personas expuestas
La estrategia de Trump no depende únicamente del aumento de arrestos. También incorpora decisiones que modifican el estatus legal de comunidades enteras.
Uno de los casos más importantes es el de los ciudadanos haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.
Después de una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema, aproximadamente 350.000 haitianos quedaron expuestos a perder esa protección. El proceso culminó con la eliminación del TPS, dejando a miles de personas en riesgo de perder autorización laboral y protección frente a la deportación.
La medida afecta especialmente a comunidades que llevan años establecidas en Estados Unidos. En lugares como Maryland y Florida, organizaciones comunitarias han advertido sobre el impacto económico y familiar de la decisión.
La terminación del TPS también puede transformar la composición de los futuros operativos de ICE, porque personas que anteriormente contaban con una protección migratoria temporal pasan a estar potencialmente expuestas a procesos de deportación.
Una operación que todavía enfrenta límites
La administración Trump sostiene que su estrategia está produciendo resultados históricos. Sin embargo, el análisis de los datos exige separar la propaganda política de las cifras verificables.
El Gobierno ha afirmado que más de 985.000 personas han sido deportadas desde el inicio del segundo mandato y que millones adicionales han abandonado voluntariamente Estados Unidos. Esas estimaciones oficiales sobre las llamadas “autodeportaciones” no han sido verificadas de manera independiente y requieren una metodología transparente para establecer cuántas salidas fueron realmente consecuencia directa de las políticas de Trump.
Mientras tanto, las cifras de ICE muestran un hecho menos discutible: la presión de la Casa Blanca sobre la agencia ha producido un incremento sostenido de los arrestos.
Julio cerró con más de 46.000 personas ingresadas a custodia, después de otro récord en junio. El sistema mantiene cerca de 68.000 personas detenidas y la administración dispone de nuevos recursos para ampliar su capacidad.
