La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2026 para Bucaramanga y su Área Metropolitana, advirtiendo sobre la convergencia entre conflicto armado y crimen organizado. El documento alerta sobre riesgos diferenciados para niñas, adolescentes, mujeres trans, migrantes y líderes sociales, con 27 recomendaciones estatales.
La Alerta Temprana 015 de 2026 constituye un hito en el análisis de la violencia urbana en Bucaramanga y su Área Metropolitana. A diferencia de las anteriores, la Defensoría subraya que “no es un fenómeno aislado, sino un sistema de violencia urbana de carácter híbrido e interdependiente” donde confluyen dinámicas del conflicto armado y expresiones de criminalidad organizada.
El documento advierte que estructuras como Los del Sur, Los del Norte (o San Rafael), Claverianos, Villas de Girardot, La Cordillera, Los Manchados, Choricaldas y Los Paparotes se disputan el control microterritorial. La presencia del grupo transnacional Tren de Aragua añade un componente de sicariato y microtráfico con capacidad de expansión hacia barrios periféricos.
Bucaramanga y su Área Metropolitana se han consolidado como un punto estratégico de conexión con rutas hacia el Catatumbo, el sur del Cesar y la frontera con Venezuela, facilitando el tránsito de drogas y armas, además del lavado de activos por parte de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado EGC.
La Defensoría documenta que “los expendios de droga funcionan como centros de poder donde se regula quién entra al barrio, se administra justicia extralegal y se imponen normas de conducta a los vecinos”. Este fenómeno configura una gobernanza criminal que debilita la autoridad legítima de las juntas de acción comunal y establece “fronteras invisibles” en sectores como Betania, Convivir y Villanueva.
La AT 015 de 2026 supera las limitaciones de las alertas previas. La AT 028 de 2021 se centró en la presencia de estructuras criminales en barrios periféricos, pero con un enfoque municipal. Su seguimiento en 2022 mostró persistencia de extorsiones y microtráfico, sin integrar la dimensión metropolitana.
La AT 014 de 2024 se enfocó en la recomposición de grupos como Los Colosos y el impacto de la violencia en sectores juveniles, pero sin analizar la gobernanza criminal como sistema híbrido.
En contraste, la AT 015 de 2026 introduce el concepto de “gobernanza criminal híbrida”, documenta el poder sostenido desde las cárceles y la incursión en drogas sintéticas, además de la instrumentalización digital de niñas, niños y adolescentes. Mientras las anteriores describían fenómenos fragmentados, esta ofrece una visión sistémica, metropolitana y transnacional.
Poblaciones en riesgo y consecuencias humanitarias
El impacto de esta violencia híbrida es diferenciado y afecta de manera crítica a poblaciones específicas. La Defensoría advierte que niñas, niños, adolescentes y jóvenes son instrumentalizados como “correos humanos”, “campaneros” o encargados de transportar armas y drogas. El documento enfatiza que “la violencia digital (extorsión con fotos íntimas) se utiliza como método de coacción para obligarlos a transportar sustancias o realizar llamadas extorsivas”.
Las mujeres trans en el centro de Bucaramanga enfrentan un riesgo feminicida permanente. La Alerta describe un “despojo patrimonial silencioso” que destruyó su autonomía económica al forzar el cierre de salones de belleza, empujándolas hacia actividades sexuales bajo el control de Los del Norte.
La población migrante, especialmente venezolana, ecuatoriana y peruana, es coaccionada por estructuras como Los del Sur para servir de correos humanos en rutas hacia Estados Unidos y México. Los servidores del Inpec también son blanco de atentados y amenazas, con el grupo Mago ejecutando “planes pistola” y coordinando ataques desde los centros penitenciarios.
El informe alerta sobre masacres de configuración múltiple, como las registradas en Villa Esperanza de Floridablanca y Ciudad Venecia de Bucaramanga, donde jóvenes habitantes de calle fueron asesinados indiscriminadamente como mensaje de control territorial. Los líderes sociales y comunales, por su parte, pierden autoridad frente a “los de la olla”, quienes imponen normas de conducta y permisos de entrada a los barrios.
Recomendaciones específicas y su valor diferenciador
La Defensoría formuló 27 recomendaciones distribuidas en cinco ejes temáticos:
- Coordinación de respuesta rápida: una recomendación dirigida al Ministerio del Interior y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
- Disuasión del contexto de amenaza: siete recomendaciones para el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Gobernación de Santander y alcaldías metropolitanas.
- Investigación y acceso a la justicia: dos recomendaciones para la Fiscalía General de la Nación.
- Prevención y protección: once recomendaciones para Gobernación, alcaldías, UNP, Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa.
- Mitigación y superación de vulnerabilidades sociales: seis recomendaciones para alcaldías, Gobernación, Sena, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud e ICBF.
Entre las más destacadas:
- Enfoque antidrones: recomendación 7, dirigida al Ministerio de Justicia y al Inpec, para adquirir tecnología de neutralización de drones.
- Salud mental y drogas sintéticas: recomendación 12, que exige un programa escolar contra el consumo de “tusi” y fármacos psiquiátricos.
- Justicia juvenil: recomendación 11, que plantea construir un nuevo Centro de Atención Especializado (CAE) en Santander.
- Protección al Inpec: corredores de seguridad y planes urgentes frente a las amenazas del grupo Mago.
Perspectiva de riesgo sin acción preventiva
La Defensoría advierte que, de no implementarse estas recomendaciones, se consolidará una gobernanza criminal más agresiva, con un incremento exponencial en la producción de drogas sintéticas y la expansión de rentas coercitivas como la extorsión y el préstamo “gota a gota”. El documento enfatiza que “sin una política de seguridad humana con enfoque de derechos, la respuesta seguirá siendo meramente reactiva, profundizando la desconfianza ciudadana”.
La Alerta Temprana 015 de 2026 constituye un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para enfrentar un sistema de violencia híbrida que amenaza la vida, la libertad y la integridad de la población en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La Defensoría enfatiza que las alertas son preventivas, no predictivas, y buscan “salvaguardar la vida, libertad e integridad de las comunidades”.
El reto es implementar una política de seguridad humana con enfoque de derechos, capaz de superar la fragmentación institucional y la inestabilidad administrativa. Sin ello, la respuesta seguirá siendo meramente reactiva, profundizando la desconfianza ciudadana y dejando el territorio a merced de la gobernanza criminal híbrida.
Ver documento: Resumen Alerta Temprana 015-26
