Una imagen inédita revela la presencia de una bocamina ilegal a más de 3.000 metros de altura en Santurbán, evidenciando la presión minera sobre un ecosistema estratégico. La explotación clandestina amenaza fuentes hídricas, acelera la pérdida vegetal y reabre el debate sobre el futuro de la minería en Santander.
Una fotografía obtenida por Corrillos expone una realidad que durante años había sido denunciada por habitantes, ambientalistas y autoridades: la expansión de la minería ilegal de oro dentro del páramo de Santurbán. La imagen muestra una bocamina ubicada en una zona de alta montaña del municipio de California, donde la actividad extractiva avanza sobre un ecosistema considerado vital para Santander y Norte de Santander.
El punto registrado supera los 3.000 metros sobre el nivel del mar y hace parte de un territorio donde, según habitantes de la zona, una montaña de aproximadamente 300 hectáreas ha perdido buena parte de su cobertura vegetal durante los últimos siete años debido a la intervención minera.
La zona afectada se encuentra en la provincia de Soto Norte, reconocida históricamente por su tradición aurífera. Sin embargo, esa actividad artesanal que durante décadas estuvo ligada a familias mineras de la región ahora convive con una explotación irregular que, según denuncias comunitarias, involucra trabajadores llegados desde diferentes regiones del país.
De acuerdo con información recopilada por autoridades y organizaciones ambientales, en el área existirían más de 200 accesos o bocas de entrada hacia socavones construidos para la extracción del mineral. Muchos de estos túneles fueron abiertos originalmente por mineros tradicionales, pero con el paso del tiempo han sido ocupados por nuevos actores atraídos por el alto precio internacional del oro.
La llamada “fiebre del oro” ha convertido algunos sectores de California en corredores de extracción clandestina. Pobladores aseguran que durante las 24 horas del día se observa movimiento de motocicletas hacia las zonas mineras, incluso durante la madrugada, pese a las difíciles condiciones del terreno y las restricciones ambientales existentes.
Un negocio millonario bajo presión ambiental
La minería ilegal en Santurbán no solo representa una amenaza ecológica; también se convirtió en una economía paralela que mueve grandes cantidades de dinero. Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) citado en investigaciones periodísticas estimó que esta actividad podría generar ingresos cercanos a los 26.000 millones de pesos mensuales en la provincia de Soto Norte.
El atractivo económico está relacionado con la riqueza aurífera de la zona. Investigaciones realizadas por medios regionales han señalado que algunos socavones pueden producir cantidades significativas de oro en periodos cortos, aunque la ausencia de controles oficiales impide establecer con precisión cuánto mineral sale realmente del territorio.
La extracción ilegal genera además impactos ambientales asociados al uso de sustancias químicas, remoción de suelo, alteración de corrientes hídricas y pérdida de vegetación nativa. Organizaciones defensoras del páramo han advertido que cualquier intervención dentro de estos ecosistemas puede afectar la regulación del agua, una función fundamental para millones de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y municipios de Norte de Santander.
Santurbán es considerado una de las principales fábricas naturales de agua del oriente colombiano. Sus ecosistemas de alta montaña abastecen acueductos y sostienen actividades agrícolas en una amplia región. Por esa razón, las imágenes de nuevas bocaminas generan preocupación entre sectores ambientales que desde hace años alertan sobre la fragilidad del páramo.
La situación ocurre mientras continúa un complejo proceso jurídico y ambiental para definir los límites definitivos del ecosistema. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361, ordenó modificar la delimitación anterior debido a cuestionamientos relacionados con la participación ciudadana.
El proceso lleva cerca de nueve años sin una resolución definitiva. La nueva delimitación exige acuerdos con los municipios que tienen influencia sobre Santurbán antes de que el Ministerio de Ambiente expida una decisión final.
Delimitación pendiente y tensión por proyectos mineros
Mientras avanza la discusión institucional, el Gobierno nacional estableció una protección temporal sobre parte del territorio. En marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 0221, mediante la cual prohibió durante dos años —con posibilidad de ampliación— la extracción de oro y plata en aproximadamente 75.000 hectáreas de Soto Norte.
La medida buscaba proteger un área considerada estratégica mientras se define la delimitación definitiva del páramo. Sin embargo, la realidad en territorio muestra una contradicción: mientras existen restricciones ambientales, continúan denuncias sobre explotación ilegal y permanecen vigentes títulos mineros otorgados antes de las nuevas medidas.
Según datos de la Agencia Nacional de Minería, dentro del área cobijada por la reserva temporal existen decenas de títulos mineros correspondientes a actividades de pequeña, mediana y gran minería. Estos permisos representan miles de hectáreas que históricamente han generado una disputa entre quienes defienden la protección ambiental y quienes argumentan la necesidad de garantizar oportunidades económicas para los habitantes de Soto Norte.
En ese escenario también aparece el proyecto Soto Norte, liderado por la compañía canadiense Aris Mining. La empresa ha reiterado públicamente que actualmente no desarrolla actividades de explotación y que no tiene proyectos mineros radicados ante el Gobierno nacional, debido a las restricciones vigentes.
La discusión alrededor de Santurbán se mantiene así entre dos realidades: una minería ilegal que avanza sin controles visibles y una actividad formal que enfrenta cuestionamientos ambientales y sociales.
Habitantes de la región insisten en que la solución no puede limitarse a prohibiciones. Reclaman mayor presencia estatal, alternativas económicas para las comunidades mineras tradicionales y acciones contundentes contra quienes aprovechan la riqueza del territorio sin cumplir normas ambientales.
La fotografía de la bocamina a más de 3.000 metros de altura se convierte en una evidencia de una problemática que permanece abierta. Mientras el debate jurídico continúa y la delimitación definitiva sigue pendiente, el páramo enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar que nuevas heridas transformen de manera irreversible uno de los ecosistemas más importantes del país.
