Un reportaje de The New York Times denunció la existencia de una mina ilegal cerca del Batallón de Infantería 31 Rifles en el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, una discrepancia en los linderos del predio militar abre dudas sobre si la explotación realmente invadió terrenos del Ejército, generando un debate nacional.
El escándalo por la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño sumó un nuevo capítulo tras conocerse que los linderos del Batallón de Infantería 31 Rifles presentan inconsistencias. Mientras la Gobernación de Antioquia asegura que la mina denunciada por The New York Times estaría dentro de la base militar, la escritura pública de 1988 indica lo contrario.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la situación será aclarada por los instrumentos judiciales correspondientes. “Vemos una discrepancia entre lo que está publicado en la Gobernación y lo que dice la escritura pública. Según esta última, la actividad minera estaría por fuera del batallón. Pero cualquiera que sea el caso, es inaceptable que se hagan actividades de minería criminal”, señaló.
La mina denunciada se ubica en el predio La Mandinga, una finca de más de 2.000 hectáreas que perteneció a paramilitares y que en 2013 fue embargada por orden del Tribunal Superior de Bogotá. En 2020, el terreno pasó a extinción de dominio y fue entregado al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
En este predio, mineros tradicionales como Karen Viviana Romero, vicepresidenta de la Asociación Mandinga, aseguran que trabajan de manera organizada. La asociación cuenta con 89 unidades productivas en las que laboran más de 900 personas. Romero defiende la mecanización de la minería, argumentando que “ya la pica y la pala no son suficientes” y que el oro solo puede extraerse con motores y maquinaria de menor escala.
El Gobierno, sin embargo, advierte que la mecanización abre la puerta a la minería criminal, asociada a retroexcavadoras y dragones que cuestan millones y que, según las autoridades, estarían vinculados al Clan del Golfo. Estas estructuras succionan el lecho de los ríos, contaminan con combustibles y destruyen ecosistemas, agravando la crisis ambiental en el Bajo Cauca.
El ministro Sánchez anunció que se adelantarán mesas técnicas con líderes mineros y todas las instituciones del Estado para construir una solución integral. Entre las propuestas está la creación de una empresa estatal de compra de oro, con el fin de evitar que los recursos terminen en manos de grupos criminales.
Mientras tanto, la comunidad insiste en que depende de esta economía para sobrevivir. “Aquí no hay empresas grandes que ofrezcan empleo formal. La minería es lo único que tenemos”, expresó Romero, quien también destacó que muchos jóvenes encuentran en esta actividad una oportunidad para continuar sus estudios.
La disputa por los linderos del batallón y la tensión entre minería tradicional y minería criminal reflejan la complejidad del problema en el Bajo Cauca. Más allá de los límites legales, el desafío está en equilibrar la protección ambiental, la seguridad territorial y la subsistencia de miles de familias que dependen del oro.
