Las megacárceles impulsadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele se consolidaron como símbolo global de mano dura y control criminal. Mientras líderes de América Latina y Europa buscan replicarlas, crecen las alertas sobre derechos humanos y concentración de poder.
La imagen de miles de hombres rapados, esposados y alineados en filas dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador se convirtió en uno de los símbolos políticos más poderosos de América Latina en la última década. Para unos representa la derrota del crimen organizado; para otros, el colapso del Estado de derecho.
En plena expansión de discursos conservadores y de derecha radical en América Latina, el llamado “modelo Bukele” se transformó en referencia obligada en campañas electorales y debates sobre seguridad pública. La promesa es simple: encerrar masivamente a quienes amenazan la tranquilidad ciudadana y devolver el orden.
En Colombia, el abogado y político Abelardo de la Espriella, virtual ganador presidencial según datos preliminares del preconteo, convirtió la admiración por Bukele en una propuesta concreta: siete megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño para enfrentar la criminalidad urbana y rural.
La propuesta encendió el debate nacional. Mientras sectores empresariales y ciudadanos respaldan la idea como una respuesta urgente a la inseguridad, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que replicar ese esquema podría profundizar la crisis carcelaria y vulnerar garantías fundamentales.
En Perú, la lideresa Keiko Fujimori planteó durante campaña la construcción de cuatro penales y un megapenal para presos de alta peligrosidad, con una referencia directa al Cecot. Su narrativa fue clara: “orden, disciplina y castigo”.
Foto: Líderes de América Latina y Europa observan el modelo Bukele como estrategia electoral.
El fenómeno ya cruzó fronteras. En Francia, Jordan Bardella, figura ascendente de la extrema derecha europea, elogió públicamente la velocidad con que Bukele amplió la capacidad penitenciaria en El Salvador.
“En un país de seis millones de habitantes, Bukele construyó 40.000 plazas carcelarias en ocho meses”, declaró Bardella en la cadena BFMTV, utilizando al mandatario salvadoreño como ejemplo frente al hacinamiento carcelario francés.
Pero detrás del discurso de eficacia, analistas y organismos internacionales advierten un fenómeno más complejo. La académica Sonja Wolf sostiene que el modelo no puede entenderse sin analizar la arquitectura política que lo sostiene.
Wolf lo define como una “autocracia electoral”, donde el liderazgo fuerte necesita resultados inmediatos para legitimar la concentración de poder. En este contexto, la seguridad funciona como herramienta política y no únicamente como política pública.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, permitió más de 85.000 detenciones en El Salvador. El gobierno argumenta que esa estrategia desarticuló a las pandillas y redujo drásticamente los homicidios, convirtiendo al país en uno de los más seguros del continente.
Tras ser reelegido con más del 80% de los votos en 2024, Bukele defendió su política con contundencia. Aseguró que su gobierno pasó de administrar “el país más inseguro del mundo” a convertirlo en el más seguro de América.
Su argumento central fue polémico: priorizar los derechos de “la gente honrada” sobre los derechos de los delincuentes. La frase se volvió emblema de una visión política que encuentra eco entre sectores conservadores de toda la región.
Foto: Internos del Cecot permanecen bajo estricta vigilancia en la megacárcel símbolo del modelo Bukele.
Sin embargo, informes de Human Rights Watch y Cristosal documentan torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas dentro del Cecot.
Según Cristosal, miles de personas permanecen detenidas sin pruebas concluyentes y bajo controles judiciales mínimos. Para los críticos, el éxito estadístico de Bukele se sostiene sobre una estructura legal excepcional que debilita las instituciones democráticas.
Expertos de las Naciones Unidas también han alertado sobre detenciones prolongadas sin defensa legal adecuada. Bajo estándares internacionales, estas prácticas podrían constituir violaciones graves al derecho internacional humanitario y al debido proceso.
¿Por qué resulta tan atractivo este modelo para la derecha radical? La respuesta parece estar en la percepción ciudadana. La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones en América Latina, y la ciudadanía exige soluciones rápidas.
El discurso de Bukele ofrece una fórmula políticamente rentable: castigo visible, resultados medibles y liderazgo fuerte. En tiempos de desconfianza institucional, esa combinación genera respaldo electoral.
El profesor universitario Juvenal Bolívar, consultado para este informe, considera que el fenómeno debe analizarse desde la comunicación política y la construcción simbólica del poder.
“El modelo Bukele es una maquinaria de discurso de altísimo impacto. No solo encarcela delincuentes; también produce imágenes, símbolos y mensajes que conectan con el miedo y la necesidad de orden de las sociedades”, afirma.
Para el académico, la exportación de este esquema responde más a una lógica electoral que a una verdadera política integral de seguridad. “Muchos candidatos toman la estética de Bukele, pero no sus condiciones estructurales ni el contexto histórico”.
Bolívar advierte que replicar megacárceles sin reformas profundas en justicia, inteligencia criminal y reinserción social puede ser contraproducente. “El encarcelamiento masivo no resuelve por sí solo las causas del delito”, sostiene.
Foto: Las megacárceles salvadoreñas se convirtieron en referente internacional para discursos de mano dura.
El caso ecuatoriano parece confirmar esa hipótesis. Bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador declaró conflicto armado interno, militarizó calles y anunció nuevas prisiones de máxima seguridad.
Pero la violencia no cedió. La tasa de homicidios pasó de 8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 45 en 2023. En 2025 alcanzó 51, convirtiéndose en el año más violento de la historia reciente ecuatoriana.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro adoptó estados de excepción y militarización desde 2022. Aunque hubo operativos masivos, las cifras de homicidios no descendieron de forma comparable a El Salvador.
Con 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del hemisferio. El contraste pone en duda la viabilidad del modelo fuera del contexto salvadoreño.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, sostiene que el modelo Bukele no se limita a encarcelar: también implica debilitamiento judicial y acuerdos encubiertos con pandillas.
Para Goebertus, la reducción de homicidios no puede analizarse aislada de sus costos democráticos. Advierte que sacrificar garantías institucionales puede generar estabilidad temporal, pero compromete la seguridad sostenible.
La gran pregunta sigue abierta: ¿puede exportarse el modelo Bukele sin reproducir sus excesos? Hasta ahora, la evidencia sugiere que no. Lo que sí se exporta con éxito es su narrativa política.
En un continente golpeado por la violencia y la desconfianza hacia el Estado, las megacárceles se han convertido en símbolo de una promesa poderosa: orden inmediato. Pero también en una advertencia sobre cuánto puede costar conseguirlo.
Foto: Organismos de derechos humanos denuncian abusos y detenciones arbitrarias bajo el régimen excepcional.
La expansión de este modelo refleja un cambio profundo en la cultura política regional. La ciudadanía parece cada vez más dispuesta a intercambiar libertades por seguridad. Y ese intercambio redefine las democracias latinoamericanas.
El ascenso de líderes que abrazan la “mano dura” revela una tendencia global: la seguridad dejó de ser solo una política pública para convertirse en una identidad política. Y Bukele, hoy, es su principal exportador.
