La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a Colombia y Ecuador desmontar aranceles y restricciones comerciales en un plazo de 10 días. Empresarios y gremios como AmCham, Analdex y ANDI celebraron la decisión, advirtiendo que las medidas violaban el Acuerdo de Cartagena y afectaban comercio, empleo y costos fronterizos.
El fallo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre la guerra comercial entre Colombia y Ecuador fue recibido con alivio por los gremios empresariales. La Secretaría General del organismo ordenó a ambos países retirar los aranceles y restricciones que se habían impuesto mutuamente desde comienzos de 2026, al concluir que estas medidas violaban el Acuerdo de Cartagena, tratado que prohíbe barreras comerciales entre los países miembros.
La presidenta de la Cámara Colombo-Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que la decisión “recuerda que la integración andina no es un discurso, sino un marco jurídico y político construido precisamente para evitar que las tensiones coyunturales e ideológicas entre gobiernos terminen castigando a las empresas, al empleo y a los ciudadanos”.
Lacouture subrayó que la CAN fijó un plazo de 10 días hábiles para desmontar las medidas, y que cualquier reconsideración puede presentarse dentro de los 45 días, aunque no detiene su cumplimiento. En caso de persistir los aranceles, el asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Los gremios como Analdex y la ANDI también respaldaron la decisión, señalando que las restricciones habían golpeado el comercio bilateral, incrementado los costos logísticos y afectado el empleo en las zonas fronterizas. Además, pidieron a los gobiernos abrir espacios de diálogo para reducir la tensión y restablecer la confianza en la integración regional.
La disputa comercial escaló rápidamente desde inicios de año. Ecuador impuso un arancel del 30 % a mercancías colombianas, que luego subió al 50 % y finalmente al 100 %. Paralelamente, incrementó de 3 a 30 dólares por barril la tarifa para transportar crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Colombia respondió con medidas recíprocas: aplicó aranceles a productos ecuatorianos como cacao, frutas, bebidas, calzado, plásticos y hortalizas; restringió el ingreso terrestre de mercancías por las aduanas de Ipiales y Puerto Asís; y suspendió exportaciones de electricidad hacia Ecuador, alegando razones de soberanía y seguridad energética.
La CAN intervino para frenar la escalada y recordó que el Acuerdo de Cartagena garantiza la libre circulación de bienes entre los países miembros. Para los gremios, la decisión es un paso clave para proteger la estabilidad económica y evitar que las tensiones políticas afecten a los sectores productivos.
El llamado ahora es a que ambos gobiernos cumplan con el plazo establecido y avancen en mecanismos de diálogo que permitan superar la crisis comercial. Empresarios insisten en que la integración andina debe fortalecerse como herramienta para impulsar el desarrollo y la competitividad regional.
