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El eco de la cancha: cuando el silencio no es opción

La memoria histórica no es un ritual vacío ni una colección de fechas para repetir en aniversarios. Es, ante todo, una forma de impedir que el horror encuentre refugio en el olvido. Escuchar los testimonios de los sobrevivientes y familiares de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja obliga a mirar de frente una de las heridas más profundas del Magdalena Medio: la noche en que la violencia convirtió una cancha de fútbol en un escenario de terror y dejó a una ciudad entera atrapada entre el miedo y el silencio.

Por: Adriano Contreras Uribe | Aquella noche no comenzó con disparos. Comenzó como empiezan las tragedias que marcan la historia de Colombia: con la rutina. Un bazar comunitario en el barrio El Campín, niños jugando, vecinos conversando, vendedores improvisando comidas para reunir fondos y familias creyendo, aunque fuera por unas horas, que todavía existía un espacio seguro en medio de la guerra. En una esquina, una madre atendía su puesto de comida. En otra, un muchacho de 16 años compartía con amigos. Un padre escuchó ladrar al perro y, presintiendo algo extraño, entró el televisor a la alcoba. Eran escenas comunes, humanas, sencillas. Y precisamente por eso estremecen tanto.

La guerra colombiana nunca necesitó trincheras visibles para destruir vidas. A veces llegó disfrazada de operativo militar, con hombres armados que parecían actuar con autoridad y que entraban a los barrios con la tranquilidad de quien sabe que nadie se atreverá a detenerlos. Esa noche, hombres vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpieron en la cancha y se llevaron a 25 personas. Algunas fueron asesinadas. Otras desaparecieron para siempre. El mensaje era claro: el paramilitarismo había llegado para controlar la ciudad a través del terror.

En el contexto político de finales de los años noventa, Barrancabermeja era mucho más que un puerto petrolero. Era un territorio estratégico disputado por guerrillas, paramilitares y sectores económicos interesados en controlar una región atravesada por el petróleo, el sindicalismo y la resistencia social. La presencia histórica de organizaciones obreras, especialmente alrededor de Ecopetrol, convirtió a la ciudad en un símbolo incómodo para quienes pretendían imponer un modelo de dominación basado en el miedo. En ese escenario, la población civil quedó atrapada entre acusaciones cruzadas y una lógica perversa donde cualquier joven de barrio popular podía ser señalado de colaborar con la insurgencia.

Lo más doloroso de los relatos no es solamente la brutalidad del crimen, sino la naturalidad con la que la muerte entró a la vida cotidiana. Muchos testigos creyeron inicialmente que quienes llegaban eran miembros de la fuerza pública. Pedían documentos. Revisaban rostros. Ordenaban tirarse al suelo. Esa confusión revela una pregunta que, casi tres décadas después, sigue golpeando la conciencia del país: ¿cómo pudo ocurrir una operación de semejante magnitud en una ciudad militarizada sin que existiera, al menos, una omisión grave del Estado?

La justicia colombiana ha emitido condenas contra algunos responsables materiales y ha reconocido la responsabilidad de estructuras paramilitares en la masacre. Sin embargo, para las víctimas la verdad sigue incompleta. El derecho a la verdad, reconocido tanto por la Constitución como por el derecho internacional humanitario, no se satisface únicamente con capturar sicarios. La verdad implica conocer quién permitió que ocurriera, quién se benefició del terror y dónde están los desaparecidos que todavía esperan regresar a casa, aunque sea en restos óseos para poder recibir sepultura digna.

Porque el dolor de las familias no terminó aquella noche. Continuó en las búsquedas interminables, en las morgues, en las declaraciones judiciales, en los años viendo una silla vacía en la mesa. Continuó en las madres que todavía pronuncian los nombres de sus hijos esperando que alguien les diga la verdad completa. Continuó en el miedo heredado por generaciones enteras que aprendieron a desconfiar del vecino, del uniforme y hasta de la noche.

La sevicia utilizada también tuvo un propósito político. Los cuerpos torturados, las decapitaciones frente a testigos y las desapariciones no fueron excesos aislados. Fueron mecanismos de control social. El terror necesitaba exhibirse para funcionar. No bastaba con asesinar; había que enviar un mensaje ejemplarizante a toda la comunidad: cualquiera podía ser el siguiente.

Ese es quizás uno de los legados más devastadores del conflicto armado colombiano: la normalización del miedo. Durante demasiado tiempo se insinuó que las víctimas “algo debían”. Se justificaron masacres enteras bajo la sospecha automática sobre los jóvenes pobres de barrios populares. En Barrancabermeja, como en tantas regiones del país, la estigmatización se convirtió en una sentencia de muerte.

Por eso la memoria importa. Porque recordar no es abrir heridas gratuitamente; es impedir que vuelvan a repetirse. Un país que olvida termina aceptando nuevamente la barbarie como parte inevitable de su paisaje político. Y Colombia no puede permitirse volver a mirar hacia otro lado mientras las víctimas siguen reclamando justicia.

Hoy, cuando algunos discursos intentan relativizar los crímenes del paramilitarismo o reducir las masacres a cifras estadísticas, es necesario volver a escuchar las voces quebradas de quienes estuvieron aquella noche en la cancha. Escuchar a la madre que nunca volvió a encontrar a su hijo. Al padre que entendió demasiado tarde que el ladrido del perro era una advertencia. A la comunidad que vio cómo el terror destruía, en cuestión de minutos, la confianza construida durante años.

La verdadera reparación no llegará solamente con sentencias judiciales. Llegará cuando el país comprenda que la dignidad de las víctimas está por encima de cualquier cálculo político. Llegará cuando se garantice plenamente la no repetición, cuando los jóvenes de los barrios populares dejen de ser vistos como sospechosos y cuando el Estado responda con transparencia a las preguntas que todavía siguen abiertas.

Porque el eco de aquella cancha aún resuena 28 años después. Y mientras existan madres buscando a sus hijos desaparecidos, el silencio no será una opción.

 

Fuentes consultadas:

Rocío Pérez – Movice Magdalena Medio

Luz Almanza – Asfaddes Barrancabermeja

Video Historia del terror Barrancabermeja

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Realizador Audiovisual, estudiante de Comunicación Social, Camarógrafo de TV y Secretario general de junta nacional de SintraONGS.

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Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.

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