El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, que reorganizaba territorialmente las EPS en Colombia y limitaba cuántas podían operar en cada región. La medida buscaba trasladar más de seis millones de usuarios, muchos hacia la Nueva EPS, pero fue frenada por riesgos a la libre escogencia y continuidad del servicio.
El sistema de salud colombiano enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre tras la decisión del Consejo de Estado de suspender, de manera provisional, el Decreto 0182 de 2026. La norma, expedida por el Ministerio de Salud bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, pretendía reorganizar territorialmente las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y redefinir cuáles podían operar en cada municipio y departamento.
La medida establecía umbrales mínimos de afiliados para que las EPS pudieran mantenerse en cada región. Por ejemplo, en departamentos con más de dos millones de habitantes, las aseguradoras debían concentrar al menos el 5 % de los afiliados locales; en territorios intermedios, el umbral subía al 10 %; y en municipios pequeños, solo se permitía la operación de una EPS.
Según cálculos consignados en el expediente judicial, el decreto habría implicado el traslado forzoso de 6,6 millones de usuarios, de los cuales cerca de 2,6 millones serían asignados a la Nueva EPS, entidad intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024. En más de 500 municipios distribuidos en 24 departamentos, la Nueva EPS habría quedado como único operador autorizado.
La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, interpuso la demanda que dio origen a la suspensión. Argumentó que la norma vulneraba el derecho fundamental a la salud, en particular la libre escogencia, y ponía en riesgo la accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio. “La salud no se improvisa. Frenamos un decreto que trasladaba millones de usuarios a una EPS intervenida y con graves problemas de atención”, señaló Miranda tras conocerse la decisión.
El Gobierno defendía el decreto como una estrategia para ordenar el sistema, mejorar la cobertura en regiones apartadas y reducir la fragmentación del servicio. Sin embargo, la alta corte consideró que el modelo normativo no cumplía con el principio de proporcionalidad y que sus efectos podían agravar la crisis del sistema de salud.
La suspensión es provisional, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la constitucionalidad del decreto. No obstante, la decisión marca un precedente importante en la discusión sobre la reforma al sistema de salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, que ha enfrentado críticas por la concentración de usuarios en entidades intervenidas y por la falta de garantías para los pacientes.
Para los usuarios, la medida representa un alivio temporal frente a la incertidumbre de ser trasladados sin consentimiento. Para el Gobierno, en cambio, significa un revés en su intento de reorganizar el sistema y garantizar mayor control estatal sobre las EPS.
