La Alianza Verde enfrenta una nueva fractura interna tras oficializar su respaldo a Iván Cepeda. La representante Catherine Juvinao presentó un recurso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que la decisión desconoce la pluralidad del partido y limita el derecho de la militancia a apoyar otras candidaturas de centroizquierda.
La campaña presidencial de 2026 suma un nuevo capítulo de tensión política con la impugnación presentada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao contra la resolución de la Alianza Verde que oficializó su apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. El recurso fue radicado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y busca suspender provisionalmente los efectos de la decisión, mientras se estudia de fondo la solicitud.
Juvinao argumenta que la resolución 001 de 2026 vulnera los estatutos del partido, que garantizan la libertad de tendencias y el respeto por las minorías. Según la congresista, la medida fue tomada “de espaldas a la militancia” y desconoce la tradición de la colectividad de permitir que sus miembros apoyen diferentes candidaturas en escenarios de centro y centroizquierda.
El recurso solicita que el CNE deje en libertad a los militantes y credenciales de la Alianza Verde para respaldar a otros aspirantes, incluyendo a la exalcaldesa Claudia López y al exgobernador Sergio Fajardo, considerados líderes históricos del partido. “La salud democrática del Verde depende de respetar la diversidad interna”, señaló Juvinao en declaraciones a medios.
La decisión de la Alianza Verde de apoyar a Cepeda fue aprobada por mayoría en la Dirección Nacional, en el marco de un acuerdo programático que incluye compromisos en materia de lucha contra la corrupción, sostenibilidad ambiental y defensa de la Constitución de 1991. Sin embargo, sectores críticos consideran que el respaldo exclusivo a Cepeda rompe con la tradición de pluralismo y genera riesgos de sanciones por doble militancia.
El concejal Julián Sastoque y otros dirigentes juveniles también han invocado la figura de objeción de conciencia para apartarse de la decisión, amparados en el artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia. Este mecanismo busca proteger a quienes no comparten la línea oficial del partido.
El CNE deberá decidir si admite la impugnación y si concede la medida cautelar solicitada. De hacerlo, la militancia verde quedaría en libertad de apoyar otras candidaturas en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La resolución final podría redefinir el papel de la Alianza Verde en la contienda y marcar un precedente sobre la autonomía de los partidos frente a sus bases.
La fractura interna refleja la dificultad de mantener cohesión en un partido que históricamente ha sido diverso y que ahora enfrenta el reto de posicionarse en un escenario electoral altamente polarizado.
