El quinto informe del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad reveló que, aunque existen avances en transformación rural y programas PDET, Colombia cerró 2025 con la peor crisis humanitaria en décadas. Julia Cogollo, presidenta del Comité, advirtió que la seguridad es hoy más crítica que en 2022.
El informe presentado en enero de 2026 muestra un panorama complejo: mientras los municipios PDET han registrado avances en reducción de pobreza multidimensional y extensión de programas hasta 2034, las cifras de desplazamiento y confinamiento alcanzaron niveles históricos. Según el Comité, más de un millón de personas fueron confinadas en 2025, triplicando los registros del año anterior.
Julia Cogollo señaló que los territorios más afectados por el conflicto coinciden con los espacios donde se implementan los PDET, lo que genera una paradoja: “En medio de la adversidad, las comunidades siguen construyendo paz y resistiendo, pero la violencia no da tregua”.
El informe destaca progresos en temas de tierras y en programas para mujeres rurales, con iniciativas productivas y entregas de la Unidad de Restitución. Sin embargo, las recomendaciones étnicas presentan un rezago significativo. La falta de diferenciación estadística y la discriminación estructural hacia pueblos indígenas y afrocolombianos han limitado la implementación de políticas específicas.
En cuanto a reparación colectiva, el panorama es crítico: los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) tardarían 26 años en completarse al ritmo actual. A marzo de 2025, la ejecución presupuestal apenas alcanzaba el 3,2%, y el 79% de los sujetos de reparación colectiva eran comunidades étnicas, lo que evidencia una intersección de vulnerabilidades.
La Cruz Roja ha advertido que actualmente existen ocho conflictos armados activos en el país, lo que refleja un deterioro profundo de la seguridad. Cogollo afirmó que las garantías de no repetición están “bastante críticas” y que el Estado debe reforzar la protección institucional en zonas rurales de alta conflictividad.
El Comité respaldó la decisión de extender los PDET hasta 2034, considerándolos una política pública clave para la no repetición y la construcción de paz territorial. Cogollo enfatizó que, pese a la crisis humanitaria, las comunidades mantienen viva la esperanza y la movilización social, lo que constituye una base para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
