La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una inspección especial al modelo de salud del magisterio, administrado por el Fomag. La decisión, instruida por el presidente Gustavo Petro, busca revisar su operación, el uso de recursos y posibles irregularidades en la atención de docentes, pensionados y beneficiarios en todo el país.
La salud de los maestros colombianos está bajo la lupa. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud anunció una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el modelo de salud del magisterio, administrado a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
El superintendente Daniel Quintero Calle impartió la directriz a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva del funcionamiento operativo y del uso de los recursos que financian este sistema. La medida responde a solicitudes de la Presidencia de la República, que planteó la necesidad de examinar posibles irregularidades en la gestión y ejecución del modelo.
La investigación abarcará distintos componentes: administración general, esquemas de contratación, conformación y funcionamiento de la red de prestación de servicios, entrega de medicamentos, procedimientos de autorización, gestión de peticiones, quejas y reclamos, así como auditorías, pagos y flujo de recursos financieros. El propósito es garantizar transparencia y mejorar la calidad del servicio para los docentes y sus familias.
Dentro del alcance de la inspección se contempla la evaluación detallada de los actores que intervienen en la operación del sistema. Entre ellos se encuentra Fiduprevisora S.A., encargada de administrar los recursos del Fomag, además de operadores de salud, prestadores médicos, gestores farmacéuticos y firmas interventoras. La revisión permitirá consolidar hallazgos y riesgos en una matriz técnica que servirá para determinar irregularidades, establecer responsabilidades y definir si existen elementos suficientes para remitir casos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La decisión busca responder a las constantes denuncias de los maestros sobre deficiencias en la atención, demoras en la entrega de medicamentos y fallas en la red de servicios. Para el Gobierno, garantizar la salud del magisterio es un compromiso con la dignidad de quienes sostienen el sistema educativo.
La Superintendencia enfatizó que esta actuación se enmarca dentro de sus competencias legales y que será inmediata y prioritaria. El proceso de inspección no solo pretende identificar problemas, sino también proponer correctivos que fortalezcan la gestión del modelo y aseguren la continuidad del servicio.
Con esta medida, el Estado busca enviar un mensaje claro: la salud de los maestros y sus familias no puede estar en riesgo por fallas administrativas o posibles irregularidades. La transparencia y el control serán claves para recuperar la confianza en un sistema que atiende a miles de beneficiarios en todo el país.
