El matrimonio igualitario en Colombia no fue un regalo del Estado, sino el resultado de años de luchas jurídicas, activismo social y resistencia cultural. Una década después de su reconocimiento, las parejas del mismo sexo celebran derechos que antes les fueron negados, en una historia marcada por amor, persistencia y justicia.
El 28 de abril de 2016 quedó marcado como un día histórico para la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Tras años de litigios, movilizaciones y matrimonios celebrados en la clandestinidad, la Corte Constitucional reconoció el derecho al matrimonio igualitario, permitiendo que las parejas del mismo sexo pudieran convertirse en cónyuges y acceder a las mismas garantías que las parejas heterosexuales.
La conquista no fue sencilla. Desde 2007, cuando la Corte abrió la puerta a la unión marital de hecho para parejas del mismo sexo, los avances fueron graduales y fragmentados. Aunque este reconocimiento permitió acceder a ciertos derechos patrimoniales, dejaba a las parejas en una categoría distinta, sin el peso simbólico ni jurídico del matrimonio.
Organizaciones sociales y activistas emprendieron entonces una estrategia jurídica que acumuló demandas en distintos ámbitos: salud, pensión, residencia y otros derechos básicos. En 2009, la sentencia C-029 obligó al Estado a reconocer múltiples garantías, pero aún mantenía cerrado el debate sobre la conformación de familia. La resistencia institucional reflejaba las tensiones culturales y políticas que rodeaban el tema.
Mauricio Albarracín, abogado y activista, recuerda que durante esos años se litigó derecho por derecho, hasta construir una base sólida que permitiera exigir el reconocimiento pleno. “Acumulamos todos los derechos y dijimos: aquí hay 42 leyes, revise todos estos derechos. Pero la Corte seguía manteniendo cerrado el tema de familia”, explicó.
La presión social fue determinante. Afuera de la Corte, en los meses previos a la decisión de 2016, se congregaron organizaciones con banderas de arcoíris, serenatas y música de amor, recordando que el afecto también debía traducirse en derechos. La movilización ciudadana acompañó el litigio jurídico y reforzó el mensaje de igualdad.
Finalmente, la Corte Constitucional reconoció que negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo era discriminatorio y contrario a la dignidad humana. Con ello, se abrió la posibilidad de acceder a todos los derechos derivados de la figura matrimonial: herencia, seguridad social, reconocimiento internacional y protección patrimonial.
Diez años después, el matrimonio igualitario se ha consolidado como un derecho fundamental, aunque persisten desafíos en materia de aceptación social y garantía plena de igualdad. La historia de su conquista es también la historia de un país que, pese a resistencias, avanzó hacia el reconocimiento de la diversidad y la inclusión.
La conmemoración de esta década es un recordatorio de que los derechos no se otorgan, se conquistan. El matrimonio igualitario en Colombia es fruto de la persistencia de quienes, con amor y lucha, lograron transformar la ley para que reflejara la realidad de sus vidas y familias.
