Aquí en Santander no somos de quedarnos callados, pero tampoco falta el que, por miedo o por costumbre, agacha la cabeza cuando le meten un cobro injusto. Y eso, es precisamente lo que hay que dejar de hacer. Porque lo que está pasando con el predial no es un simple “ajuste”, como lo quieren pintar: en muchos casos es un abuso con todas las de la ley… o peor, por fuera de ella.
Por: Adriano Contreras Uribe | Oiga, si a usted le llegó ese recibo por las nubes, no se me asuste. Indígnese, que eso sí corresponde. Pero no se quede ahí mascando la rabia en silencio. Actúe. Porque mientras usted se queda quieto, otros ya están pagando lo que no deben o, peor aún, endeudándose por algo que ni siquiera está bien calculado.
Lo que está pasando en varios municipios de Santander: protestas, paros, vías bloqueadas, gente berraca saliendo a reclamar lo justo. ¿Y sabe qué? Tienen toda la razón. Porque una cosa es que el Estado modernice el catastro eso está bien, nadie lo discute, y otra muy distinta es que esa “modernización” termine aplastando al campesino, al tendero, al trabajador que lleva años levantando su casita con esfuerzo.
El famoso catastro multipropósito es una herramienta poderosa, sí señor. En teoría, sirve para organizar mejor la información de los predios y hacer que los impuestos sean más justos. El problema no es la herramienta, sino cómo la están usando. Porque actualizar más de cuarenta y cuatro millones de hectáreas suena muy bonito en un discurso, pero en la práctica ha significado avalúos inflados, mal calculados o desconectados de la realidad y de esto son culpables los gobiernos regionales.
Aquí es donde uno se pregunta: ¿en qué cabeza cabe que una finca humilde ahora resulte avaluada como si fuera un condominio de lujo? ¿O que un lote en un municipio pequeño, sin vías pavimentadas ni servicios completos, aparezca como si fuera zona comercial de alta valorización? Eso no es justicia tributaria, eso es un error grave… o una viveza que hay que revisar.
Porque sí, seamos claros: actualizar el catastro es necesario. El que tiene más, debe pagar más. Eso es lógico. Pero lo que no se puede permitir es que le caiga el peso del ajuste al que menos tiene. Al campesino que no ha visto mejorar su tierra, al vecino del barrio popular donde las calles siguen vueltas nada, pero el sistema dice que su casa ahora vale el triple. ¿Basado en qué? En datos mal cruzados, en modelos automáticos o en decisiones tomadas desde un escritorio lejos de la realidad.
La tecnología no puede ser ciega, ni mucho menos bruta. Tiene que entender el contexto social. Porque si no, termina convirtiéndose en una máquina de injusticias.
Pongamos cuidado a esto que es clave. No todo vale. No todo aumento es legal. Existe una norma clarita que muchos municipios parecen estar ignorando o, por lo menos, estirando más de la cuenta. Para la gran mayoría de los predios, el impuesto predial no puede subir más del cincuenta por ciento frente a lo que usted pagó el año pasado. Así, sin rodeos.
Y si su vivienda es de estrato uno o dos, el aumento máximo debe ser el IPC. Ley 1995 de 2019 en Colombia regula el catastro y limita el aumento del impuesto predial unificado para proteger al contribuyente. Establece un tope máximo de incremento anual equivalente al IPC + 8 puntos porcentuales (o límites específicos como el 50% del año anterior) en casos de actualización catastral, vigentes por 5 años. Ni un peso más. Eso no es una sugerencia, es la ley. Entonces, si a usted le duplicaron o triplicaron el cobro, no es que “le tocó”, como dicen algunos funcionarios para salir del paso. No señor. Ahí hay una irregularidad que usted tiene todo el derecho de reclamar y esto tiene asiento en los concejos municipales que es donde se hace el trabajo.
Y aquí viene lo importante: no basta con quejarse en la tienda o en redes sociales. Hay que hacer el reclamo formal. Lo primero que debe hacer es radicar un recurso de reconsideración ante el IGAC o la oficina de catastro de su municipio. Eso suena técnico, pero no es complicado. Básicamente, usted está diciendo: “oiga, revisen esto, porque no cuadra”.
¿Y qué debe argumentar? Pues lo que es evidente: que el avalúo no corresponde a la realidad económica de su zona, que su predio no tiene las características que le están atribuyendo o que el incremento supera los topes legales. No necesita palabras rebuscadas. Necesita claridad y firmeza.
Esto aplica para todos, pero especialmente para la gente del campo y de municipios pequeños, donde estos errores están pegando más duro. Porque allá, donde la plata no abunda y cada peso cuenta, un aumento injustificado no es cualquier cosa: es la diferencia entre sostener la finca o tener que venderla.
Por eso lo que estamos viendo en Santander no es un capricho ni una exageración. Es una reacción legítima frente a algo que se siente como un atropello. Y ojo, que protestar es válido, pero también hay que saber defenderse por las vías legales. Una cosa no quita la otra.
Aquí el llamado es claro: no se deje meter cuento, no se deje asustar y, sobre todo, no se deje robar. Porque cuando usted paga un impuesto mal calculado, no solo pierde plata, también legitima un sistema que está fallando, es decir paga para que lo roben.
Santander siempre ha sido tierra de gente firme, de carácter, de los que no comen entero. Entonces, ¿por qué ahora sí vamos a quedarnos callados? No tiene sentido. Si algo está mal, se dice. Si algo es injusto, se pelea. Así ha sido siempre.
Revise su recibo. Léalo con calma. Compare con el año pasado. Pregunte. Infórmese. Y si encuentra algo raro, no lo deje pasar. Reclame. Exija. Porque nadie va a venir a hacerlo por usted.
Al final del día, esto no es solo sobre el predial. Es sobre dignidad. Sobre no aceptar que, bajo el disfraz de la modernización, le claven la mano en el bolsillo sin justificación. Es sobre entender que la ley también está de su lado, pero hay que hacerla valer.
Así que deje la pena y póngase las pilas. Que aquí el que no se mueve, se lo llevan por delante. Y en esta tierra, compadre, eso no lo podemos permitir.
Es incómodo pero necesario. No basta con indignarse ni con salir a protestar; tampoco sirve aceptar todo sin cuestionar. El equilibrio está en entender, exigir y actuar con criterio. Porque cuando la gente se acostumbra a pagar sin revisar, el problema deja de ser solo institucional y se vuelve cultural.
Fuentes consultadas:
Entrevista a Alejandro Ayure – Ingeniero de Sistemas, Especialista en Administración y gerencia de sistemas de calidad, Magister en Administración de empresas, docente y líder político.
Investigación sobre ley 1995 de 2019
_
Realizador Audiovisual, estudiante de Comunicación Social, Camarógrafo de TV y Secretario general de junta nacional de SintraONGS.
Instagram: ananocontreras
Tik Tok: @alucontreras2314
