Una solicitud de conciliación ante la Procuraduría por COP 2.337 millones reavivó el conflicto entre la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) y el Ministerio de Igualdad y Equidad por el convenio del programa “Jóvenes en Paz”, programa insignia del gobierno nacional.
El programa Jóvenes en Paz fue creado por el Ministerio de Igualdad y Equidad para atender a jóvenes entre 14 y 28 años en situación de alta vulnerabilidad, mediante educación, formación y apoyo integral con la finalidad de evitar el reclutamiento en violencia y crimen.
Desde su lanzamiento, esta iniciativa ha enfrentado múltiples tropiezos operativos y administrativos que han puesto en entredicho su implementación efectiva. Ha habido quejas por retrasos en los pagos a formadores y participantes, críticas por baja ejecución presupuestal y cuestionamientos sobre la gestión misma del ministerio encargado.
El centro de la disputa actual es una solicitud de conciliación presentada por la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, en la que pide el pago de COP 2.337′605.139 adeudados por el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), dependiente del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Según UTTYP, el contrato firmado para ejecutar parte del programa no ha sido liquidado correctamente, lo que impide que se realicen los desembolsos correspondientes. El monto reclamado se dividiría en dos partidas: COP 1.196′176.446 para pagar a mujeres embarazadas que están en licencia, y COP 1.141′428.693 para saldar obligaciones con 175 proveedores que suministraron bienes y servicios para el convenio.
La organización afirma que, aunque ya han pasado más de tres meses desde la terminación del convenio, el supervisor no ha presentado el informe final que permitiría la liquidación y el reconocimiento de los valores adeudados. Por ello, solicitan que la Procuraduría ordene el pago y se avance en la resolución administrativa del caso.
Hasta el momento de la publicación del informe original, el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, no había respondido directamente a los requerimientos sobre este reclamo.
No obstante, la disputa no es nueva. En el pasado, el Ministerio de Igualdad ha señalado que la UTTYP incumplió con obligaciones operativas del convenio, razón por la cual se habrían detenido ciertos pagos. Por su parte, la unión temporal ha argumentado que siempre cumplió con los requisitos y que los atrasos se deben a dificultades técnicas y operativas del Ministerio, que habrían impactado negativamente la ejecución del programa.
La controversia por el convenio llega en un momento en el que el programa ha atravesado distintas fases de transición. Tras la terminación del contrato original, se firmó un otrosí para reactivar la ejecución, y las autoridades han insistido en garantizar la atención de los jóvenes vinculados, pese a las dificultades administrativas.
Este escenario se enmarca en un contexto más amplio de crítica y vigilancia sobre el funcionamiento de “Jóvenes en Paz”: analistas y actores políticos han cuestionado la capacidad operativa del Ministerio de Igualdad para administrar programas sociales complejos y asegurar la continuidad de recursos y atención, en particular durante períodos de transición institucional.
