El gremio constructor respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto incremento irregular en los precios de la vivienda, negó prácticas abusivas y pidió al Gobierno abrir un diálogo técnico para analizar el impacto del salario mínimo en el sector inmobiliario.
El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, que para 2026 se fijó con un incremento del 23%, abrió un nuevo frente de controversia entre el Gobierno nacional y el sector de la construcción. Esta vez, el debate se centra en el posible efecto del ajuste salarial sobre los precios de la vivienda, especialmente la de interés social (VIS), uno de los principales instrumentos de política habitacional del país.
El detonante fue un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en el que aseguró que algunas constructoras estarían advirtiendo a sus clientes sobre un eventual aumento en los precios de los inmuebles, asociado directamente al alza del salario mínimo. El mandatario calificó esta práctica como una “estafa delictiva” y pidió a las autoridades de control adelantar investigaciones, además de sugerir que se suspenda el giro de subsidios estatales a las empresas que incurran en ese comportamiento.
Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del gremio Camacol, que agrupa a las principales empresas constructoras del país. Desde la organización rechazaron de manera categórica las acusaciones y aseguraron que no existe una decisión sectorial orientada a incrementar los precios de la vivienda como consecuencia directa del aumento salarial.
Según Camacol, los precios máximos de la vivienda de interés social no son fijados por las constructoras de manera discrecional, sino que están regulados por el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado durante el actual Gobierno. Dichos topes están indexados al salario mínimo, pero funcionan como límites máximos y no como incrementos automáticos que se trasladen de forma inmediata a los compradores.
El gremio explicó que esta indexación busca preservar el carácter social de la vivienda VIS y garantizar su coherencia con las condiciones económicas del país, pero aclaró que cada proyecto tiene estructuras de costos distintas y que cualquier ajuste debe evaluarse caso por caso. En ese sentido, insistió en que no se puede hablar de una práctica generalizada ni de una acción coordinada para elevar precios.
Camacol también subrayó que el incremento del salario mínimo fue superior a lo previsto por buena parte de los sectores económicos, lo que obliga a revisar proyecciones financieras y operativas en múltiples actividades productivas, incluida la construcción.
Más allá de la polémica política, el gremio constructor advirtió que el sector atraviesa un momento complejo. De acuerdo con sus cifras, más de 24.000 familias desistieron de comprar vivienda en 2025, en gran medida por la suspensión y posterior incertidumbre alrededor del programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos de subsidio a la demanda.
Esta situación, sumada al aumento de costos en materiales, financiación y ahora mano de obra, ha reducido el dinamismo del mercado inmobiliario y ha puesto en riesgo la viabilidad de varios proyectos, especialmente los dirigidos a hogares de ingresos medios y bajos.
Camacol señaló que, en este contexto, la prioridad del sector no es la confrontación con el Ejecutivo, sino la búsqueda de soluciones que permitan reactivar la demanda, garantizar el acceso a vivienda digna y mantener el empleo en una industria que tiene un alto efecto multiplicador sobre la economía.
El gremio hizo un llamado al Gobierno para que el debate se dé en escenarios técnicos y de concertación, con participación de los actores públicos y privados, y no desde señalamientos que, a su juicio, generan desconfianza en los compradores y profundizan la incertidumbre en el mercado.
Mientras tanto, el choque entre el discurso presidencial y la defensa del sector constructor deja en evidencia las tensiones alrededor de la política de vivienda, en un momento en el que el país enfrenta el reto de reactivar la economía sin sacrificar el acceso de miles de familias a una casa propia.
