El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, lanzó un fuerte llamado al Gobierno nacional por la falta de inversión en infraestructura, seguridad y desarrollo regional. Aseguró que el departamento ha sido excluido de planes estratégicos y advirtió que el abandono estatal puede profundizar la violencia, el rezago económico y la desconfianza institucional.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, elevó el tono de sus reclamos frente al Gobierno nacional y lanzó una advertencia clara: el departamento no está pidiendo favores ni auxilios, sino el cumplimiento de compromisos concretos que, hasta ahora, no se han traducido en inversión real, obras estratégicas ni una presencia efectiva del Estado. Para el mandatario, la exclusión de Santander de los grandes planes nacionales de infraestructura, paz y seguridad no solo frena el desarrollo regional, sino que abre la puerta al deterioro social, económico y de orden público.
El pronunciamiento de Díaz no responde, según él, a una coyuntura política ni a un interés partidista. Se trata, afirmó, de una exigencia sustentada en promesas oficiales, anuncios presupuestales y acuerdos que el Gobierno nacional adquirió con el departamento y que no se han cumplido. En su criterio, Santander ha sido relegado de manera sistemática de la agenda nacional, pese a su peso económico, su ubicación estratégica y su papel histórico en la dinámica productiva del país.
“No estamos pidiendo una limosna, estamos pidiendo lo que le corresponde a Santander”, afirmó el gobernador al referirse a la ausencia del departamento en el Conpes de la paz, un ambicioso paquete de inversiones billonarias diseñado para cerrar brechas territoriales y fortalecer la infraestructura en regiones afectadas por el conflicto armado. Para Díaz, resulta incomprensible que Santander haya quedado por fuera de este esquema, aun cuando presenta rezagos históricos en conectividad vial, desarrollo regional y presencia estatal en zonas estratégicas.
El mandatario recordó que, durante distintos anuncios oficiales, se habló de recursos específicos para proyectos clave. “Se prometieron 500 mil millones de pesos para la Transversal del Carare y un Conpes adicional por cerca de 700 mil millones. Ninguno de esos recursos llegó”, aseguró. Según explicó, estos incumplimientos no solo afectan la planeación del departamento, sino que minan la confianza entre los gobiernos regionales y la Nación, dificultando la ejecución de políticas públicas de largo plazo.
La infraestructura vial se ha convertido en uno de los símbolos más visibles del reclamo. Díaz no dudó en calificar la vía Barbosa–Bucaramanga como “una vergüenza nacional”, al señalar que se trata de un corredor fundamental para el comercio, el turismo y la movilidad regional. El deterioro de esta carretera, sostuvo, evidencia la falta de prioridad que el Gobierno central ha otorgado a Santander en materia de inversión vial, pese a su impacto directo en la competitividad del nororiente del país.
Ante la falta de respaldo nacional, la Gobernación ha tenido que recurrir a recursos propios, convenios con Invías y mecanismos alternativos de financiación para sacar adelante algunas obras. No obstante, el gobernador fue enfático en señalar que estas estrategias no pueden reemplazar el deber constitucional del Estado. “Hay proyectos que, por su magnitud, no se pueden hacer solo con recursos departamentales. El Gobierno nacional tiene que asumir su responsabilidad”, subrayó.
La forma de contratación utilizada por la administración departamental también ha estado en el centro del debate público. Frente a las críticas por el uso de fondos mixtos, Díaz defendió la legalidad y la transparencia de estos mecanismos. “Aquí no hay improvisación ni opacidad. Hemos adelantado más de 270 procesos licitatorios con reglas claras, vigilancia y supervisión”, afirmó. A su juicio, estas figuras han permitido destrabar proyectos que, bajo esquemas tradicionales, permanecían estancados durante años.
El gobernador insistió en que su administración ha hecho esfuerzos por optimizar los recursos disponibles. “Reducimos gastos de funcionamiento, priorizamos la inversión y ajustamos el presupuesto con criterios de eficiencia. No estamos despilfarrando recursos”, dijo. Para Díaz, el problema de fondo no es la gestión local, sino la ausencia de un acompañamiento estructural por parte del Gobierno nacional que limite el rezago histórico del departamento.
El reclamo también tiene un trasfondo político y estratégico. Santander, recordó el mandatario, ha sido históricamente un departamento con una alta contribución al producto interno bruto, una base empresarial sólida y una ubicación clave para la conectividad entre el centro y el nororiente del país. Sin embargo, esa relevancia, según él, no se refleja en las decisiones presupuestales ni en la priorización de proyectos a nivel nacional. “Parece que Santander no estuviera en el mapa de prioridades del Gobierno”, afirmó.
Advertencias por el abandono institucional y la seguridad
Más allá de la infraestructura, el gobernador centró una parte sustancial de su mensaje en la situación de seguridad, especialmente en zonas como Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Allí, explicó, la presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales representa una amenaza permanente para la población, la actividad económica y la estabilidad regional.
“Aquí no estamos hablando de percepciones, sino de hechos concretos”, sostuvo Díaz en una entrevista al periódico regional Vanguardia. “Hemos visto asesinatos, banderas del ELN en varios municipios y hasta un atentado contra el peaje de La Lizama”, enumeró, al advertir que estos hechos evidencian una estrategia de expansión territorial por parte de actores armados ilegales que buscan aprovechar los vacíos de autoridad.
El gobernador expresó su preocupación por los efectos que, en su opinión, ha tenido la política de Paz Total en el territorio. “Yo creo en la paz, pero no en una paz ingenua. Cuando el Estado baja la guardia, los violentos avanzan”, afirmó. Según Díaz, algunos grupos ilegales han interpretado los diálogos como una oportunidad para fortalecerse, ampliar su control territorial y consolidar economías ilícitas, más que como un camino real hacia la dejación de armas.
En el caso de Barrancabermeja, el mandatario reconoció la complejidad del escenario. “Es una ciudad estratégica, atravesada por economías ilegales, rutas del narcotráfico y disputas criminales”, explicó. Para él, cualquier intervención estatal debe ser integral, coordinada y sostenida en el tiempo. “No basta con operativos aislados o anuncios esporádicos. Se necesita una presencia permanente y articulada del Estado”, enfatizó.
Díaz también se refirió a los diálogos urbanos que se adelantan en el puerto petrolero. “Me preocupa que se termine legitimando a estructuras criminales sin resultados reales para la comunidad”, advirtió, al señalar que estos procesos deben tener límites claros, condiciones estrictas y un enfoque centrado en las víctimas y la recuperación del control institucional.
Frente a la situación de orden público, el gobernador aseguró que la administración departamental ha fortalecido la coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría. “Tenemos reuniones periódicas para evaluar riesgos, compartir información y tomar decisiones”, explicó, al rechazar cualquier señalamiento de pasividad frente a la violencia.
No obstante, uno de los puntos más críticos de su pronunciamiento fue la relación con el Gobierno nacional en materia de seguridad. “Nunca he recibido una llamada del presidente, ni siquiera para hablar de seguridad”, afirmó Díaz, quien aseguró haber solicitado consejos de seguridad con presencia del jefe de Estado sin obtener respuesta. Para el mandatario, esta falta de interlocución envía un mensaje preocupante a los territorios.
“Cuando el presidente no está, cuando no hay una señal clara desde la cabeza del Estado, los grupos ilegales sienten que tienen vía libre”, advirtió. En ese sentido, insistió en que la presencia del Gobierno nacional no es solo simbólica, sino determinante para contener la violencia, fortalecer la institucionalidad y devolverle la confianza a la ciudadanía.
