La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años de un oficial de la Policía Nacional por acoso y violencia sexual contra una auxiliar. El fallo reabre el debate sobre el abuso de poder, la protección a las víctimas y la respuesta institucional.
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción de destitución e inhabilidad general por una década contra José Daniel Díaz Domínguez, teniente de la Policía al momento de los hechos y hoy capitán, tras confirmar en segunda instancia un fallo por acoso y conductas constitutivas de violencia sexual.
Según el ente de control, los hechos ocurrieron cuando Díaz Domínguez se desempeñaba como comandante de estación en Tocancipá (Cundinamarca). En al menos dos ocasiones, el oficial incurrió en comportamientos abusivos contra una auxiliar de la institución, aprovechando su posición jerárquica y de mando.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca calificó la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, al considerar probado que existió una intención deliberada de transgredir los deberes del cargo y de afectar la dignidad de la víctima. El Ministerio Público subrayó que el proceso se adelantó con enfoque de género y conforme a las recomendaciones establecidas en la normativa vigente.
El fallo resalta que la relación de subordinación fue un elemento determinante en la valoración de los hechos. Para la Procuraduría, el caso evidencia cómo el abuso de poder dentro de estructuras jerárquicas puede facilitar prácticas de acoso y violencia sexual, especialmente contra mujeres en condiciones de vulnerabilidad institucional.
La decisión también pone de relieve el uso del enfoque de género en procesos disciplinarios, una herramienta que busca evitar la revictimización y reconocer las dinámicas de poder que inciden en este tipo de conductas. Desde el Ministerio Público se insistió en que estas pautas son esenciales para garantizar justicia y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia basada en género dentro del Estado.
El caso ha generado debate en torno a la respuesta de la Policía Nacional frente a denuncias internas de acoso y abuso sexual. Aunque la sanción disciplinaria es una de las más severas, sectores críticos señalan que estos fallos suelen llegar tras largos procesos y no siempre van acompañados de reformas estructurales que prevengan la repetición de los hechos.
Con esta decisión definitiva, la Procuraduría busca sentar un precedente disciplinario. Sin embargo, la controversia continúa abierta: el reto ahora es que la sanción no sea un hecho aislado, sino parte de una política sostenida que garantice entornos seguros y libres de violencia dentro de las instituciones del Estado.
