En Barrancabermeja, la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (Fedepesan) denunció una ola de amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados contra 26 familias de la zona de San Silvestre.
Por: Pedro Severiche Acosta | Entre junio y agosto, los pescadores tuvieron que abandonar sus hogares debido a la creciente inseguridad y presiones externas.
La presidenta de Fedepesan, Yuly Velásquez, galardonada con el Premio de Derechos Humanos 2024 de Amnistía Internacional Alemania, ha recibido múltiples amenazas de muerte, entre ellas llamadas y mensajes intimidatorios. Según la organización, su labor en defensa del agua, la biodiversidad y los derechos de las comunidades pesqueras la ha convertido en blanco de ataques reiterados.
El 4 de agosto, la lideresa comunitaria Janeth Millán, integrante de Fedepesan, fue desalojada de su casa y agredida por la policía. Ella, madre de dos niñas menores de edad, fue víctima del conflicto armado y recientemente desplazada nuevamente. Su caso refleja la vulnerabilidad de los pescadores ante la violencia y la presión institucional.
El 27 de agosto, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja ordenó la demolición de un modesto lugar de reuniones de Fedepesan en la Ciénaga de San Silvestre, medida que generó rechazo entre ambientalistas y defensores de derechos humanos. Organizaciones locales consideran que esta acción aumenta el riesgo de criminalización de los pescadores artesanales.
La situación ha motivado un llamado urgente a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y a las autoridades nacionales para garantizar la protección de Fedepesan y sus integrantes. Amnistía Internacional y otros organismos han expresado preocupación, exigiendo medidas inmediatas que frenen el hostigamiento y brinden seguridad a las familias pesqueras que dependen de la Ciénaga.
El Magdalena Medio, históricamente afectado por la violencia, la presencia de grupos armados y disputas territoriales, sigue siendo escenario de graves tensiones. En este contexto, los pescadores de San Silvestre advierten que la falta de garantías institucionales pone en riesgo no solo su vida, sino también la sostenibilidad ambiental de la región.
