El poder no debería preguntar de dónde vienes, a quién votaste o a quién amas, sino qué sabes hacer por Colombia. Algunas decisiones gubernamentales responden a razones administrativas. Otras, aunque amparadas en el libre nombramiento y remoción, plantean una inquietud mayor: ¿reorganización institucional o política de exclusión frente a quien piensa, vive o siente diferente?
Por: María Velásquez | En los primeros días del gobierno de Abelardo De La Espriella se han conocido decisiones de desvinculación y cuestionamientos alrededor de funcionarios que, según las denuncias públicas, estarían relacionados con su paso por la administración de Gustavo Petro o con circunstancias personales y familiares. Si esas decisiones obedecieran realmente a la orientación sexual, a los vínculos familiares, a la identidad política o a la procedencia ideológica de una persona, no estaríamos simplemente frente a una renovación burocrática: estaríamos frente a una preocupante forma de discriminación política y social.
Y aquí conviene hacer una precisión: una cosa es que un gobierno tenga derecho a conformar su equipo y otra muy distinta es convertir el Estado en un mecanismo de depuración ideológica. ¿El Estado cambia de gobierno o cambia de ciudadanos?
Colombia ha construido, con enormes dificultades, una arquitectura constitucional basada en el pluralismo, la igualdad y la dignidad humana. Durante las últimas décadas, distintos gobiernos y movimientos sociales han impulsado avances en el reconocimiento de poblaciones históricamente invisibilizadas: mujeres, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblos indígenas, campesinado, personas mayores, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
Ha sido el resultado de décadas de movilización social, luchas comunitarias, decisiones judiciales, reformas institucionales y resistencia de quienes durante mucho tiempo fueron tratados como ciudadanos de segunda categoría. Por eso preocupa cualquier señal que sugiera que esos avances pueden ser desmontados por razones morales, ideológicas o políticas.
El ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), de Naciones Unidas, dedicado a la reducción de las desigualdades, establece expresamente la necesidad de promover la inclusión social, económica y política independientemente de la edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen u otras condiciones, así como eliminar políticas y prácticas discriminatorias. Esto significa que la inclusión no es una concesión del gobernante de turno. Es una obligación democrática.
La experiencia también es patrimonio público Aquí aparece otro asunto que considero todavía más grave: el empalme. El gobierno electo De la Espriella decidió suspender las reuniones de empalme con la administración Petro. Posteriormente, el Gobierno saliente optó también por suspender las mesas sectoriales y preparar la información para entregarla públicamente.
Podrá existir una explicación política para esa decisión. Podrán existir desacuerdos profundos entre ambos proyectos. Pero hay algo que ningún gobierno debería olvidar; el estado no comienza el día en que llega un nuevo presidente, el estado tiene memoria, tiene archivos, tiene funcionarios, tiene protocolos, tiene mapas de riesgo, tiene bases de datos, tiene diagnósticos territoriales, tiene aprendizajes institucionales, tiene errores que no deberían repetirse. Por último, tiene, sobre todo, personas que saben cómo funcionan las instituciones.
Despreciar ese conocimiento porque fue construido durante un gobierno adversario puede terminar siendo una forma de empobrecimiento institucional. Y la tragedia del terremoto nos acaba de mostrar el precio que puede tener la pérdida de memoria institucional.
El terremoto del 10 de agosto no esperó a que terminara la disputa ideológica, golpeó a Colombia apenas tres días después de la posesión del nuevo gobierno. El propio Ejecutivo ha informado que la emergencia alcanzó 450 municipios de 15 departamentos, aproximadamente una tercera parte del territorio nacional. En otro reporte oficial se contabilizaban 120.328 familias afectadas y 186.016 personas damnificadas. Estamos hablando de una emergencia de enormes dimensiones.
Y aquí aparece la pregunta que debería estar por encima de cualquier disputa partidista: ¿Qué habría ocurrido si el empalme institucional hubiese sido completo y si el nuevo gobierno hubiera recibido, de manera sistemática, todo el conocimiento disponible sobre riesgos, vulnerabilidades, infraestructura, vivienda, hospitales, escuelas, vías y territorios?
No afirmo que un empalme diferente hubiera evitado la tragedia. Eso sería irresponsable, Pero sí sostengo algo elemental: en gestión del riesgo, el conocimiento acumulado salva tiempo, y el tiempo puede salvar vidas. El propio Sistema Nacional de Gestión del Riesgo reconoce la importancia de fortalecer el conocimiento, la reducción del riesgo, el manejo de desastres y la gobernanza multinivel.
Eso conecta directamente con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La gestión del riesgo no puede depender del color político del gobierno. Un terremoto no pregunta si una familia votó por la izquierda, por la derecha o por la ultraderecha. El escombro no tiene ideología. La necesidad de vivienda tampoco. Gobernar también es saber escuchar al que estuvo antes.
Hay una lección de sociología política que no deberíamos olvidar: las instituciones son mucho más que edificios, decretos y cargos. Son memoria social organizada.
Un funcionario que lleva años trabajando en vivienda conoce las dificultades de un territorio. Una funcionaria que ha participado durante años en prevención de desastres conoce rutas institucionales. Un técnico de salud conoce redes de atención. Un trabajador social conoce comunidades que no aparecen en una hoja de cálculo, esa experiencia pertenece al Estado; no a un partido, no a Petro, no a De la Espriella, le pertenece al estado colombiano.
Por eso resulta preocupante que la alternancia democrática pueda confundirse con una especie de revancha administrativa, si trabajaste con el gobierno anterior, ¿no sirves para el nuevo? La meritocracia debería funcionar exactamente, al contrario, si eres competente, permaneces; si no lo eres, se te reemplaza. Pero si la pregunta fundamental pasa a ser “¿con quién estabas?”, entonces dejamos de hablar de mérito y comenzamos a hablar de lealtad política. Y eso es profundamente peligroso para una democracia, la diversidad no puede volver a ser el enemigo.
También debemos hablar de las poblaciones históricamente discriminadas. Una democracia madura no se mide únicamente por cuántas carreteras construye o cuánto crece su economía. También se mide por quiénes pueden vivir dignamente dentro de ella.
El avance institucional de Colombia durante las últimas décadas permitió que sectores tradicionalmente excluidos comenzaran a ocupar espacios de representación y a ser reconocidos como sujetos de derechos. Las mujeres dejaron de ser únicamente beneficiarias para convertirse en protagonistas de políticas públicas. Las comunidades NARP comenzaron a reclamar reconocimiento, representación y reparación. Los pueblos indígenas fortalecieron sus demandas de autonomía y participación. El campesinado adquirió mayor reconocimiento político y constitucional. La población LGBTIQ+ conquistó derechos después de décadas de discriminación.
Los adultos mayores empezaron a ser entendidos desde una perspectiva de derechos y no solamente como población asistida. Ese proceso es imperfecto. Falta muchísimo, pero retroceder sería desconocer una historia de luchas sociales que no comenzó con ningún presidente y tampoco terminará con ninguno.
El problema no es que llegue la derecha. el problema es que llegue la intolerancia Quiero ser muy clara en esto. Colombia tiene derecho a elegir gobiernos de derecha. Tiene derecho a elegir gobiernos de izquierda. Tiene derecho a elegir gobiernos conservadores, progresistas, liberales, socialdemócratas o cualquier otra expresión política que respete la Constitución.
La democracia no consiste en que siempre gobierne quien piensa como yo. Consiste en que quien gobierna respete los derechos de quien piensa diferente. Por eso mi crítica no está dirigida contra la derecha por ser derecha. Está dirigida contra cualquier proyecto político que convierta la diferencia en sospecha, la diversidad en amenaza, la oposición en enemigo y la administración pública en botín de vencedores. Ahí está la frontera. El verdadero dilema colombiano.
Hoy Colombia enfrenta dos emergencias simultáneas. Una es material: reconstruir las viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y vidas destruidas por el terremoto. La otra es institucional: demostrar que el Estado tiene la madurez suficiente para trabajar con la información, la experiencia y los conocimientos acumulados, independientemente de quién los haya producido. La tragedia exige cooperación. No purgas. Exige expertos. No lealtades ciegas. Exige información. No silencios. Exige coordinación territorial. No centralización absoluta. Y exige reconocer algo que parece elemental, pero que en la política suele olvidarse; quien sabe hacer bien su trabajo no deja de saberlo porque cambió el presidente. El gobierno de Abelardo de la Espriella tiene todo el derecho a implementar su programa. Pero también tiene la obligación de gobernar para quienes no lo eligieron.
Y esa es, quizás, la prueba más importante de una democracia, no cómo trata el gobierno a sus seguidores, sino cómo trata a sus contradictores, a las minorías y a quienes heredó de la administración anterior. La Colombia que hemos construido durante décadas no puede volver a dividirse entre ciudadanos legítimos y ciudadanos sospechosos.
Porque cuando el estado comienza a preguntar por la ideología antes que, por la capacidad, por la orientación sexual antes que, por el mérito, por el apellido antes que por la experiencia o por el gobierno anterior antes que, por los resultados, la democracia empieza a perder su sentido social. Y mientras unos discuten quién tiene la razón política, miles de familias siguen esperando una casa.
Reconstruir Colombia no significa solamente levantar edificios. Significa reconstruir confianza, institucionalidad y dignidad. Y para eso necesitamos un estado que no borre la memoria, que no castigue la diferencia y que entienda que gobernar para todos no es una frase de campaña, es una obligación democrática.
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*Socióloga, periodista, líder social, derechos humanos, comunal, política, feminista, progresista y animalista.
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