El sorpresivo traslado de David Murcia Guzmán a la cárcel de Palogordo, en Girón, devuelve al primer plano el caso DMG y, al mismo tiempo, una vieja relación judicial: la que sostuvo con Abelardo de la Espriella, hoy presidente, a quien Murcia acusó públicamente de quedarse con su dinero.
David Murcia Guzmán volvió a Santander, pero no como el empresario que hace casi dos décadas llenaba titulares con una poderosa red comercial y financiera. Esta vez llegó esposado, bajo custodia penitenciaria y con una condena que todavía debe cumplir. El fundador de DMG fue trasladado desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta el establecimiento penitenciario de alta y media seguridad de Palogordo, en Girón.
El traslado se produjo el sábado 29 de agosto, después de las 5 de la tarde. A su ingreso fue sometido al protocolo institucional de valoración, con participación de profesionales de medicina, psicología y tratamiento penitenciario. Posteriormente fue llevado a un pabellón de alta seguridad. Información conocida por medios locales señala que podría permanecer en alguno de los pabellones 7, 8 o 9, destinados a internos sometidos a mayores controles.
La decisión adquiere una dimensión particular porque ocurre durante el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026.
No existe, hasta ahora, información pública que permita afirmar que el traslado de Murcia tenga relación con el actual jefe de Estado. Esa precisión es fundamental. El traslado corresponde a una decisión penitenciaria y no puede atribuirse, sin pruebas, a una orden presidencial motivada por la antigua relación entre ambos.
Pero la coincidencia temporal inevitablemente vuelve a poner bajo la lupa una historia que ambos protagonizaron desde posiciones radicalmente distintas: Murcia como condenado por el caso DMG y De la Espriella como el abogado que, en 2008, asumió inicialmente su defensa.
El abogado del hombre de DMG
La relación entre ambos se remonta a uno de los momentos más críticos de la historia de DMG. De la Espriella asumió la representación de Murcia en septiembre de 2008, cuando la organización ya estaba bajo intensa presión de las autoridades y el nombre de su fundador se había convertido en sinónimo de uno de los mayores escándalos financieros de Colombia.
La defensa fue pública, vehemente y mediática. Sin embargo, terminó abruptamente en noviembre de ese mismo año. Después de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, De la Espriella renunció a representar a Murcia. En aquel momento explicó que había tomado la decisión después de conocer información relacionada con socios y con una supuesta alianza internacional de DMG que había sido presentada públicamente como vinculada con personas cercanas a Donald Trump.
Años después, esa relación profesional regresó al debate público, pero con una versión completamente diferente: la de Murcia como antiguo cliente que acusa a su abogado.
En febrero de 2026, Murcia presentó una queja disciplinaria contra De la Espriella ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. La denuncia, según los documentos y reportes periodísticos que la hicieron pública, alegaba presuntas faltas relacionadas con lealtad, diligencia, ética profesional y confianza.
El señalamiento económico más grave fue el relacionado con 5.000 millones de pesos.
Murcia sostuvo que había entregado esa suma a De la Espriella como parte de sus honorarios y que el abogado no la habría devuelto después de abandonar la defensa. En declaraciones difundidas públicamente, Murcia afirmó: “se quedó como con unos 5.000 millones de pesos más o menos. Nunca los devolvió”.
La acusación no terminó allí.
Murcia también aseguró que De la Espriella le habría solicitado 760 millones de pesos con el propósito de intervenir ante congresistas. La versión fue recogida por varios medios y se relacionó con una investigación de la época sobre conversaciones alrededor de un proyecto legislativo que podía afectar la operación basada en dinero en efectivo y tarjetas prepago.
Según Murcia, el propósito era “tocar congresistas” para intentar modificar o frenar una iniciativa legislativa.
De la Espriella rechazó los señalamientos y, posteriormente, presentó una querella penal contra Murcia por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravadas. La acción fue radicada ante la Fiscalía después de las declaraciones públicas realizadas por el condenado.
Así, casi dos décadas después de aquella defensa, la relación abogado-cliente terminó convertida en una disputa judicial y política que ahora vuelve a aparecer en el escenario público.
DMG, el negocio que desafió al Estado
Para entender la dimensión de estas acusaciones hay que regresar al origen.
Entre 2005 y 2008, DMG logró construir una extensa estructura comercial que se expandió por diferentes regiones de Colombia y posteriormente intentó proyectarse internacionalmente. Su mecanismo más visible fueron las tarjetas prepago.
La explicación empresarial sostenía que los clientes adquirían tarjetas que posteriormente podían utilizar para comprar bienes y servicios. Las autoridades, sin embargo, llegaron a una conclusión diferente: detrás de esa estructura existía un mecanismo de captación masiva y habitual de dinero del público sin autorización legal.
El Consejo de Estado registró que las operaciones mediante las llamadas tarjetas prepago constituían una forma de captación masiva y habitual de dinero sin la autorización correspondiente.
La propia Superintendencia de Sociedades documentó irregularidades jurídicas, económicas, contables y administrativas. Una investigación posterior describió cómo las tarjetas permitían entregar aportes y obtener posteriormente su devolución en dinero o bienes y servicios, junto con rendimientos que eran presentados bajo distintos conceptos comerciales.
El fenómeno creció a una velocidad extraordinaria.
Durante el proceso judicial, testimonios incorporados por la Fiscalía señalaron que en aproximadamente 15 meses DMG habría movilizado cerca de 4,8 billones de pesos, mediante unas 821.500 tarjetas prepago adquiridas por alrededor de 351.000 personas.
La cifra permite dimensionar por qué DMG dejó de ser simplemente una empresa cuestionada y se convirtió en un asunto de Estado.
En 2008, el Gobierno intervino la organización. La Superintendencia había encontrado suficientes elementos para cuestionar el modelo y trasladó información a las autoridades judiciales. La organización, por su parte, insistía en que no realizaba captación ilegal y defendía el carácter comercial de sus tarjetas.
El discurso de Murcia logró durante un tiempo conservar una importante base de seguidores. Muchos clientes creían que estaban participando en un modelo innovador que les permitiría obtener bienes, servicios o rendimientos superiores a los ofrecidos por el sistema financiero tradicional.
El problema apareció cuando el flujo de dinero dejó de sostener las expectativas.
Las pirámides dependen, en esencia, de la entrada constante de nuevos recursos. Cuando los nuevos aportantes dejan de llegar, la estructura pierde capacidad para responder a quienes esperan recuperar su dinero con ganancias.
En el caso DMG, la justicia concluyó que la operación constituía captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos.
De empresario poderoso a condenado
La caída fue rápida. Murcia fue capturado en Panamá en noviembre de 2008 y posteriormente llevado a Colombia. El proceso penal terminó con una condena inicial de más de 30 años de prisión por los delitos relacionados con la captación ilegal y el lavado de activos. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a 22 años, 10 meses y 15 días, decisión que actualmente sirve de base para la condena que cumple.
El caso también tuvo una dimensión internacional. Murcia fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero y recibió una condena de nueve años.
Su situación jurídica actual continúa siendo objeto de controversia por parte de su defensa. Sus abogados buscan que se reconozca formalmente el tiempo que permaneció privado de la libertad en Estados Unidos, bajo el argumento de que ha estado encarcelado durante más de 17 años y que desconocer ese periodo podría implicar, según su tesis, una doble afectación por los mismos hechos.
Mientras esa discusión avanza en los tribunales, Murcia permanece privado de la libertad. Ahora lo hace en Santander.
Palogordo, el nuevo capítulo
El traslado no cambia su condena ni modifica por sí mismo las decisiones judiciales que llevaron a su encarcelamiento. Pero sí abre un nuevo capítulo en la historia de un personaje que durante años estuvo asociado con dinero, poder, política, televisión, publicidad y una maquinaria empresarial que logró convencer a miles de colombianos.
También reactiva una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió realmente durante aquellos meses en los que Murcia tuvo como abogado a quien hoy ocupa la Presidencia de Colombia?
La respuesta no puede construirse únicamente a partir de las declaraciones de Murcia. Sus acusaciones son graves y deben ser examinadas por las autoridades competentes. Tampoco pueden convertirse automáticamente en una verdad por el hecho de que hayan sido difundidas ampliamente. Pero tampoco deberían ser ignoradas.
Hay documentos, actuaciones judiciales, declaraciones públicas y antecedentes de una relación profesional que permiten reconstruir una historia que permanece abierta. La denuncia disciplinaria por los 5.000 millones, la acusación sobre los 760 millones para “tocar congresistas”, la renuncia de De la Espriella a la defensa y la posterior querella por injuria y calumnia forman parte de un expediente público que merece ser revisado con rigor.
La coincidencia entre el traslado de Murcia y la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño no demuestra una relación causal. Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia. Pero periodísticamente sí resulta relevante recordar que el actual presidente fue, hace 18 años, el abogado de uno de los hombres más poderosos y controvertidos del país.
Hoy uno gobierna Colombia, el otro permanece tras las rejas. Y entre ambos quedó una historia de dinero, abogados, acusaciones, poder y un negocio que cambió para siempre la manera como los colombianos hablan de las pirámides financieras.
El traslado a Palogordo no cierra esa historia. Por el contrario, vuelve a ponerla bajo los reflectores.
