El Gobierno nacional oficializó la declaración del Estado de Emergencia Económica para atender los devastadores estragos del reciente terremoto. La medida busca movilizar decenas de billones de pesos mediante instrumentos financieros flexibilizados, subsidios directos, alivios a pequeñas empresas y obras públicas prioritarias en quince departamentos.
La magnitud del devastador terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto ha transformado de manera radical y profunda el panorama económico, social y fiscal del país. Ante un escenario verdaderamente complejo cuyos costos preliminares de reconstrucción y estabilización superan holgadamente los 40 billones de pesos, el Gobierno nacional oficializó la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos durante un periodo inicial de 30 días.
Esta figura constitucional le otorga de forma inmediata al jefe de Estado amplias facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, realizar contratación directa sin las ataduras e intermediaciones ordinarias de la Ley 80 de 1993 y reorganizar de manera integral el presupuesto nacional sin requerir la autorización previa del Congreso de la República.
El articulado promulgado contempla un ambicioso paquete de intervenciones financieras, tributarias y asistenciales diseñadas para liberar liquidez presupuestal, proteger el tejido productivo y auxiliar directamente a miles de familias damnificadas.
La primera gran herramienta económica dispuesta en la normativa consiste en el uso extraordinario de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías, articulado conjuntamente con saldos de otros fondos especiales y rentas de destinación específica.
El Ejecutivo queda plenamente habilitado para disponer de estos importantes capitales bajo la modalidad de préstamos reembolsables, garantizando el flujo monetario sin desamparar ni poner en riesgo la viabilidad de las obligaciones legales originales de cada entidad.
Esta precisa estrategia busca conseguir efectivo circulante inmediato para financiar las urgentes tareas de asistencia humanitaria, remoción de escombros, despliegue logístico e infraestructura provisional en los territorios gravemente destruidos por la sacudida telúrica.
En segundo lugar, el decreto de excepción establece un procedimiento sumamente expedito para la concreción acelerada de operaciones de crédito público tanto internas como externas.
Debido a la extrema necesidad de inyectar divisas y recursos frescos a la economía nacional, se suspenden de manera temporal los prolongados trámites de autorización estipulados originalmente en las Leyes 80 de 1993 y 185 de 1995.
De este modo, la Presidencia y el Ministerio de Hacienda quedan eximidos provisionalmente de gestionar los complejos conceptos previos ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional de Planeación, lo que facilitará desembolsos directos y giros inmediatos por parte de los organismos multilaterales de crédito.
La tercera medida clave radica en la expansión territorial y flexibilización operativa del modelo denominado Obras por Impuestos, extendiendo su aplicación directa a todos los municipios afectados por el sismo.
Este mecanismo, instaurado originalmente en Colombia en el año 2018 para reducir brechas socioeconómicas en zonas afectadas por el conflicto armado, queda eximido de los cupos fiscales fijados por el Consejo Superior de Política Fiscal.
A partir de esta modificación, las empresas y contribuyentes podrán canalizar de forma directa el valor de sus obligaciones tributarias hacia proyectos prioritarios de reconstrucción vial, puentes, escuelas y centros de salud, aprovechando la destacada capacidad técnica y operativa del sector privado.
La cuarta disposición legal otorga facultades transitorias y extraordinarias a la Sociedad de Activos Especiales para efectuar la liquidación exprés de bienes incautados bajo la administración del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
La entidad estatal podrá aprobar la enajenación temprana y venta directa de inmuebles y activos decomisados sin requerir el visto bueno ni la deliberación del comité interinstitucional ordinario.
Todos los fondos obtenidos mediante estas ventas masivas se destinarán de forma exclusiva, transparente y trazable a la atención de la emergencia. Asimismo, se simplifica la entrega inmediata de predios para la instalación de albergues temporales y centros de acopio logístico mediante pólizas de cumplimiento colectivas.
La quinta acción gubernamental transforma radicalmente la política de vivienda temporal y subsidio de arriendo para los damnificados. Se suspenden provisionalmente las severas limitaciones contenidas en las Leyes 3 de 1991 y 2079 de 2021, eliminando la restricción de acceder al Subsidio Familiar de Vivienda a quienes ya lo hubiesen recibido en el pasado.
Se suprimen igualmente las exigencias de ahorro previo y postulación voluntaria.
Por añadidura, el Estado asume la facultad de regular temporalmente los cánones de arrendamiento y controlar strictly los precios de los materiales de construcción para evitar especulaciones en el mercado de alquileres e insumos básicos.
Como sexta medida de protección económica, el Gobierno crea un mecanismo transitorio destinado a subsidiar las nóminas de las micro y pequeñas empresas que operan en las áreas siniestradas.
La Nación asumirá un porcentaje sustancial de los salarios y de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores con el propósito claro de defender el empleo formal y prevenir el colapso masivo de pequeños negocios locales.
Esta inyección directa de capital frena la terminación intempestiva de contratos amparada en la cláusula de fuerza mayor y sostiene el consumo golpeado por la catástrofe.
Por último, la séptima iniciativa incluye un componente de transferencias económicas extraordinarias directas operadas por Prosperidad Social para auxilio de trabajadores independientes que pierdan su sustento diario, sumado a la congelación de trabas burocráticas para no suspender los subsidios sociales habituales.
Simultáneamente, se flexibiliza la Ley 79 de 1988 para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan otorgar préstamos, captaciones y auxilios a la población damnificada no asociada, habilitando líneas crediticias con tasas de interés fuertemente subsidiadas y extensos periodos de gracia extraordinarios que impulsarán de manera decisiva la pronta y efectiva reactivación económica y social de la nación colombiana.
