El alcalde Alejandro Eder volvió a enfrentar abucheos durante un recorrido por sectores de Cali golpeados por el terremoto de magnitud 7,4. El episodio, ocurrido en medio de las labores de rescate, reabrió el debate sobre la respuesta institucional y el creciente malestar ciudadano.
El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia el lunes 10 de agosto convirtió a Cali en uno de los principales escenarios de la emergencia. El movimiento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó una estela de destrucción en varias regiones y provocó el colapso de edificaciones, daños en viviendas y una operación contrarreloj para localizar sobrevivientes.
En Cali, donde se registraron estructuras colapsadas y personas atrapadas, la tragedia también abrió un escenario político inesperado. El alcalde Alejandro Eder, quien se desplazó hasta algunos de los puntos más afectados para supervisar las labores de atención, volvió a ser recibido con abucheos por parte de ciudadanos.
No sería el primer episodio de este tipo durante la emergencia. La reacción de un sector de la población se ha repetido en recorridos del mandatario por las zonas afectadas, en momentos en los que la prioridad oficial está concentrada en rescatar personas, garantizar asistencia humanitaria y mantener bajo control los sectores con mayores riesgos.
La escena resulta especialmente significativa porque ocurre en una ciudad que enfrenta simultáneamente una emergencia humanitaria y una fuerte discusión sobre la capacidad de sus autoridades para responder. Mientras los organismos de socorro trabajan entre escombros, familiares buscan información sobre sus seres queridos y miles de personas permanecen con temor de regresar a sus viviendas, la figura del alcalde se ha convertido también en objeto de cuestionamientos ciudadanos.
La administración distrital ha defendido las medidas adoptadas. Entre ellas está la declaratoria de calamidad pública y la implementación de toques de queda para facilitar las operaciones de búsqueda y rescate. La Alcaldía también informó que las zonas más afectadas permanecerían bajo vigilancia militar para proteger a la población, los bienes y el comercio.
La decisión de restringir la movilidad, sin embargo, se produce en un ambiente particularmente sensible. La ciudad necesita permitir el ingreso de organismos de socorro y maquinaria, pero al mismo tiempo enfrenta saqueos, riesgos estructurales y dificultades para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a quienes las necesitan.
El terremoto también puso a prueba la infraestructura de Cali. Reportes periodísticos describieron interrupciones en servicios esenciales, daños en edificaciones y una ciudad parcialmente incomunicada durante las primeras horas. En distintos sectores, ciudadanos, bomberos, personal médico y voluntarios asumieron tareas fundamentales mientras se organizaba la respuesta institucional.
Ese contexto explica parte de la tensión. En una emergencia de esta magnitud, la ciudadanía no solamente evalúa las decisiones administrativas; también observa la presencia física de sus gobernantes, la rapidez de las ayudas, la disponibilidad de maquinaria, la información entregada y la coordinación entre las diferentes entidades.
El malestar contra Eder, además, no apareció con el terremoto. Su administración ya venía enfrentando cuestionamientos políticos relacionados con seguridad, movilidad, ejecución presupuestal y otras decisiones de gobierno. En mayo, por ejemplo, sectores de la oposición cuestionaron públicamente su gestión en materia de seguridad, mientras el propio alcalde ha sostenido una postura de confrontación frente a los bloqueos y las vías de hecho.
Ese antecedente resulta importante para entender por qué un recorrido institucional durante una tragedia natural puede terminar convertido en una escena de confrontación política. El abucheo no necesariamente representa a toda la ciudad, pero sí constituye una señal de inconformidad que la administración no debería ignorar.
En redes sociales también se multiplicaron las interpretaciones. Algunas voces defendieron la presencia del alcalde en los lugares afectados y consideraron injustificado cuestionarlo durante las labores de rescate. Otras sostuvieron que el mandatario estaba utilizando la emergencia para construir una imagen política. En ambos casos, las discusiones muestran una ciudad profundamente polarizada.
La dificultad está en separar la legítima crítica ciudadana de la instrumentalización política de una tragedia. Una emergencia sísmica exige respuestas técnicas, coordinación y resultados verificables. Pero también requiere que los ciudadanos puedan expresar su inconformidad sin que cualquier cuestionamiento sea automáticamente reducido a una disputa partidista.
Eder, por su parte, ha mantenido el despliegue de la administración en las zonas críticas. La Alcaldía ha llamado a continuar las donaciones de alimentos no perecederos, agua, insumos médicos y elementos de aseo, mientras los equipos de emergencia concentran esfuerzos en los sectores donde todavía existe posibilidad de encontrar sobrevivientes.
La pregunta de fondo ya no es solamente por qué abuchean al alcalde. El verdadero interrogante es qué tan efectiva será la respuesta institucional durante los próximos días, cuando termine la primera fase de rescate y comience una etapa todavía más compleja: censar damnificados, garantizar vivienda temporal, reparar infraestructura, restablecer servicios y definir quién asumirá los costos de la reconstrucción.
