Las comunidades del Magdalena Medio, de Santander y de toda Colombia esperan que la transición política convierta las promesas en realidades, porque los derechos solo existen plenamente cuando logran llegar al territorio donde transcurre la vida cotidiana.
Por: Elbert Vargas Cubides | Cada cambio de gobierno renueva la esperanza de millones de colombianos. Cambian los discursos, las prioridades y las visiones sobre el desarrollo. Sin embargo, en los barrios, las veredas y los corregimientos permanece una pregunta que atraviesa generaciones: ¿cuándo dejarán los derechos de existir únicamente en las leyes para convertirse en experiencias reales para quienes habitan el territorio? Esa inquietud sigue marcando la cotidianidad de miles de familias, especialmente en el Magdalena Medio, en Santander y en tantas regiones del país donde la distancia continúa definiendo las oportunidades.
Hay lugares donde el Estado aparece con rapidez para cobrar un impuesto, solicitar un documento o anunciar un nuevo programa. Sin embargo, cuando una madre necesita llegar a un hospital, un campesino sacar su cosecha o un estudiante asistir a la escuela, las respuestas suelen tardar demasiado. A veces el problema no es que el derecho no exista. El verdadero problema es lograr llegar hasta él. Esa distancia entre la institucionalidad y la vida cotidiana continúa siendo una de las mayores deudas que Colombia mantiene con sus comunidades.
La Constitución Política de 1991 abrió el camino de la descentralización, la participación ciudadana y la autonomía territorial. Pero los derechos no se garantizan únicamente con normas bien escritas. Se garantizan cuando una decisión pública logra transformar la vida de quienes enfrentan diariamente las brechas del desarrollo. El territorio no es un mapa ni una división administrativa. Es el lugar donde nacen los sueños, se construyen las familias y se sostiene la esperanza de miles de colombianos.
Un puente no conecta únicamente dos orillas. Conecta una mujer embarazada con un centro de salud, un agricultor con el mercado donde comercializa su cosecha, un niño con la escuela y una familia con nuevas oportunidades. Esa realidad permanece viva en Socorrito y La Victoria, en el municipio de El Peñón, Santander, donde el puente colgante y la tarabita llevan más de un año esperando una solución mientras los oficios pasan de una entidad a otra, se remiten por competencia y recorren escritorios, pero la comunidad continúa esperando una respuesta que le permita cruzar con seguridad.
La misma realidad también aparece cuando hablamos del derecho a la salud. Desde la Asociación Nacional Raíces de Dignidad y Desarrollo Sostenible – RADDES acompañamos a la familia de Ribaldo López Olaya, habitante del Magdalena Medio, durante el proceso para acceder a una atención altamente especializada. La distancia parecía convertirse en otra enfermedad. Para una valoración médica debía desplazarse hasta Cartagena, recorriendo cientos de kilómetros desde una región donde convergen Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cesar y Caldas. Después de insistentes gestiones fue posible que una de las valoraciones se realizara mediante telemedicina y que estudios practicados en una institución más cercana fueran tenidos en cuenta para avanzar en su proceso. Aquella experiencia dejó una enseñanza profunda: cuando la salud depende de recorrer largas distancias, el territorio también termina enfermando.
Cuando un problema pasa de escritorio en escritorio, los derechos también quedan detenidos. La comunidad no necesita más remisiones ni nuevas cadenas de oficios. Necesita decisiones oportunas. Cada día que pasa sin una solución aumenta el riesgo para quienes dependen de un puente inseguro, esperan una atención médica o necesitan ejercer un derecho tan básico como movilizarse. El abandono institucional también puede convertirse en una forma silenciosa de vulnerar la dignidad humana.
Lo mismo ocurre con el transporte digno, el empleo local, la conectividad, la educación, la cultura y la participación ciudadana. Todos hacen parte de un mismo propósito: acercar los derechos a las personas. Cuando cualquiera de estos elementos falla, no fracasa únicamente una política pública. También se debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones y se profundizan las desigualdades entre los territorios y los grandes centros de decisión.
La transición política representa una oportunidad para cambiar esa historia. Las diferencias ideológicas hacen parte de la democracia, pero las necesidades de las comunidades no cambian después de una elección. El agua, la salud, la educación, el trabajo, la movilidad y la infraestructura siguen esperando respuestas concretas que dignifiquen la vida de quienes construyen país desde los territorios.
Durante muchos años hemos intentado llevar el Estado al territorio. Tal vez llegó el momento de recorrer el camino contrario: llevar el territorio al Estado. Que las decisiones comiencen donde camina la gente y no únicamente donde terminan los mapas. Que la experiencia de las comunidades del Magdalena Medio, de Santander y del resto de Colombia tenga el mismo valor que los informes técnicos y las cifras que llenan los escritorios.
Planear para la comunidad ya no basta. El siguiente paso consiste en aprender a planear con la comunidad. Nadie conoce mejor un municipio que quien cultiva su tierra, navega sus ríos, enseña en su escuela, lidera una junta de acción comunal o emprende cada día para sacar adelante a su familia. Ese conocimiento también constituye una forma de inteligencia pública que merece ser escuchada.
El éxito del próximo Plan Nacional de Desarrollo no dependerá únicamente de la calidad de sus documentos ni de la solidez de sus indicadores. Su verdadero resultado se medirá cuando una madre llegue a tiempo al hospital, un estudiante pueda asistir a clases sin poner en riesgo su vida, un campesino saque su cosecha con tranquilidad y una comunidad sea escuchada antes de que los problemas se conviertan en tragedias.
Tal vez el verdadero ordenamiento territorial no comience cuando se aprueba un documento, sino cuando los derechos dejan de quedarse escritos en el papel y encuentran, por fin, el camino hacia la vida cotidiana de las comunidades. Allí el territorio deja de ser un punto en el mapa y se convierte en el lugar donde la dignidad humana deja de ser una promesa para convertirse en una realidad.
La comunidad es el propósito, la dignidad humana es el camino, la verdad es el método y el servicio es la razón de ser.
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*Presidente Asociación Nacional Raíces de Dignidad y Desarrollo Sostenible (RADDES), periodista comunitario – Voz con Dignidad.
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