Mientras Jaime Andrés Beltrán se prepara para asumir el Ministerio de Vivienda, un expediente por el presunto robo de más de 70 toneladas de chatarra -durante su administración como alcalde de Bucaramanga- acumula testimonios, amenazas, un testigo fallecido, un auditor atacado y procesos judiciales que mantienen bajo escrutinio a su círculo familiar.
Mientras el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue anunciado para integrar el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, los procesos penal y fiscal en su contra continúa avanzando por el presunto robo de más de 70 toneladas de chatarra pertenecientes al municipio. Sin embargo, la investigación ha enfrentado diversos tropiezos que, según el expediente y los protagonistas del caso, apuntan a una estrategia para ralentizar o frenar su avance.
El auditor de la Contraloría de Bucaramanga que lideró la investigación fue desvinculado de la entidad este año y ha denunciado múltiples amenazas contra su vida durante los últimos meses.
Al mismo tiempo, el subcontralor de Bucaramanga, encargado de emitir el fallo dentro del proceso de responsabilidad fiscal, ha sido recusado y objeto de actuaciones judiciales impulsadas por el abogado defensor del exalcalde.
A ello se suma que el principal testigo del caso, quien falleció en extrañas circunstancias, también habría sido blanco de presuntos montajes destinados a desacreditar su testimonio.
¿Cómo un lote de chatarra pública terminó convertido en uno de los mayores escándalos políticos de Bucaramanga? Esta investigación reconstruye los hechos, las pruebas, los testimonios, las amenazas y las decisiones que hoy rodean al designado ministro de Vivienda.
El auditor que destapó el escándalo terminó amenazado y fuera de la Contraloría
José Luis Calderón fue, hasta enero de este año, uno de los auditores más experimentados de la Contraloría de Bucaramanga. Durante más de cuatro años investigó distintos casos de presunta corrupción que comprometían recursos públicos de la ciudad. Entre ellos, encabezó la auditoría que hoy mantiene bajo investigación fiscal al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, recientemente designado ministro de Vivienda del nuevo Gobierno.
El expediente se centra en la desaparición irregular de más de 70 toneladas de chatarra correspondiente al antiguo sistema de alumbrado público de Bucaramanga. De acuerdo con testimonios y documentos incorporados al proceso, ese material habría salido de bodegas municipales para favorecer presuntamente al cuñado del entonces mandatario local.
Calderón fue declarado insubsistente en enero pasado, cuando la investigación fiscal avanzaba. Según ha sostenido, esa decisión se produjo pese a que gozaba de fuero de estabilidad laboral. Desde entonces, asegura vivir bajo constantes amenazas y temer por su integridad.
En noviembre de 2024, como líder del equipo auditor, firmó el informe final que dio origen al escándalo. La investigación documentó la desaparición de más de 27.000 luminarias, 760 postes, 431 reflectores, más de 10.000 brazos metálicos y un transformador, elementos que, tras ser reemplazados del sistema de alumbrado público de Bucaramanga, se habían convertido en chatarra. No se trataba de residuos abandonados, sino de bienes públicos que permanecían bajo la custodia de la administración municipal.
En ese informe, la Contraloría estimó inicialmente un detrimento patrimonial superior a los 23.000 millones de pesos.
Calderón relató que durante los últimos meses ha recibido reiteradas amenazas, aunque afirma desconocer quiénes estarían detrás de las intimidaciones. En diciembre pasado, incluso, su camioneta fue baleada en la puerta del conductor. Posteriormente, en febrero de este año, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas lo interceptaron en el municipio de Lebrija (Santander), y le entregaron un panfleto supuestamente firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que era declarado objetivo militar y se le concedían 48 horas para desvincularse de la Contraloría, pese a que días antes ya había sido retirado del cargo.
En total, Calderón asegura haber recibido nueve amenazas, todas denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. Además, ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el fortalecimiento de su esquema de seguridad.
Panfleto que, según la denuncia del auditor José Luis Calderón, fue entregado por cuatro hombres desconocidos en febrero pasado, cuando recibió amenazas mientras avanzaba la investigación por el caso de la chatarra.
Recusaciones, quejas disciplinarias y nuevos obstáculos durante el proceso fiscal
La investigación adelantada por Calderón condujo, en marzo de este año, a la apertura formal del proceso de responsabilidad fiscal contra Jaime Andrés Beltrán. Durante esa etapa, el presunto detrimento patrimonial fue recalculado y ascendió a más de 46.000 millones de pesos.
El expediente quedó bajo la responsabilidad del subcontralor de Bucaramanga, Carlos Saúl Sierra, quien también ha debido enfrentar diversos obstáculos durante el desarrollo del proceso.
El abogado del exalcalde, Rodrigo Parada, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Sierra, argumentando que se habría filtrado información reservada del expediente. Además, interpuso una recusación al considerar que el funcionario tendría supuestos intereses políticos que comprometían su imparcialidad.
Aunque la recusación finalmente no prosperó, el trámite sí produjo la suspensión temporal de algunas actuaciones dentro del proceso, retrasando el avance de la investigación fiscal.
A estos episodios se sumó una nueva controversia durante la presente semana. El diario Vanguardia publicó una información en la que señalaba al subcontralor Carlos Saúl Sierra de estar detrás de una supuesta estrategia para sabotear la elección del nuevo contralor de Bucaramanga, prevista para este lunes festivo 13 de julio.
Desde distintos sectores, esa publicación también ha sido interpretada como parte de una estrategia orientada a desacreditar la actuación del funcionario que tiene bajo su responsabilidad uno de los procesos fiscales más sensibles de la ciudad.
Los cuestionamientos adquieren una dimensión adicional debido a que quien actualmente se desempeña como gerente de Vanguardia es Reynaldo José D’ Silva, quien ocupó el cargo de secretario de Hacienda durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, precisamente en la época en que, según la investigación, ocurrió la desaparición de la chatarra.
Reynaldo José D’ Silva, quien ocupó el cargo de secretario de Hacienda durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, hoy es el gerente de Vanguardia.
El testigo clave que implicó al entorno del exalcalde antes de su muerte
Pero ellos no fueron los únicos que quedaron en medio de la investigación por el presunto robo de la chatarra. La pieza clave del caso fue el excontratista de la Alcaldía de Bucaramanga, Edgardo Rodríguez Herrera, quien el pasado 29 de mayo, dos días antes de la primera vuelta presidencial, murió en una clínica de esa ciudad, presuntamente a causa de una intoxicación gastrointestinal provocada por la ingesta de un producto contaminado con heces de rata.
Rodríguez era considerado el testigo estrella de la investigación. Como custodio de la chatarra almacenada en las bodegas de Alumbrado Público, fue quien autorizó la salida del material. Antes de su muerte, declaró ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría que la orden para retirar la mercancía habría salido del despacho del entonces alcalde Jaime Andrés Beltrán. Según su versión, el dinero producto de esa venta nunca ingresó a las arcas del municipio, sino que, presuntamente, terminó en manos de Óscar Ramírez, hermano de Paula Ramírez —esposa del alcalde— y, por tanto, cuñado de Beltrán.
En marzo de 2025, Rodríguez concedió una extensa entrevista en la que relató con detalle cómo se produjo la salida de la chatarra de las dos bodegas municipales. Según explicó, días antes un asesor del despacho del alcalde, identificado como Hernán Villamizar, le manifestó: “Necesitamos bendecir al hermano de Paula, pero no sabemos cómo”.
Posteriormente, aseguró, recibió la instrucción directa para permitir la salida del material.
“A mí me llama Hernán Villamizar y me dice: ‘Edgardo, necesito que autorices sacar unos materiales de la bodega de alumbrado público’; y yo le digo: ‘Perdón, Hernán, ¿eso es para el hermano de Paula?’, porque yo dije: ‘Mínimo esta es la famosa bendición que va para el hermano de Paula’; y Hernán me dice: ‘Sí’, él me confirma que eso es para el hermano de Paula”.
Una vez impartida la orden, Villamizar puso en contacto al contratista Edgardo Rodríguez con Óscar Ramírez, cuñado del alcalde, quien le suministró el nombre de la persona encargada de recoger la mercancía y las placas de los vehículos que ingresarían por la carga.
De acuerdo con la bitácora de entradas y salidas de las bodegas y los registros de los automotores, la chatarra fue retirada por la chatarrería J.R.K. Mary, empresa que ya había participado durante la administración anterior en estudios previos relacionados con la disposición de ese material. Según el expediente, esa firma había presentado una cotización de 2.600 pesos por kilogramo de aluminio contaminado y de 1.000 pesos por kilogramo de hierro.
Rodríguez también relató que, después de rendir declaración ante la Contraloría, fue citado al despacho de Hernán Villamizar. Allí, según su testimonio, se encontraba Paula Ramírez, esposa del entonces alcalde, quien le solicitó su teléfono celular y nunca se lo devolvió.
“A mí me hacen ingresar a la oficina de Hernán Villamizar, a su despacho, ahí aparece Paula, y ella empieza a preguntarme cómo me fue, y ella mira el celular y me dice: ‘¿Tú en este celular qué tienes?’ Y yo le digo: ‘No, pues aquí tengo los chats de seguridad, todas las fotografías de todos los movimientos del proceso de sacado del material; aquí tengo unos chats con Óscar (Ramírez), con algunos compañeros, tengo toda la información acá…’. Y ella me lo pidió. Y al final es cuando dice: ‘¿Me lo puede dejar?’. Entonces prácticamente yo sentí que me quitaron mi celular esa noche”, relató.
Edgardo Rodríguez Herrera, considerado el testigo clave del caso de la chatarra, falleció el pasado 29 de mayo. Su muerte es investigada tras una presunta intoxicación gastrointestinal, mientras colaboraba con las autoridades en este proceso.
Acusaciones cruzadas y un proceso penal que continúa sin resultados
El hoy fallecido Edgardo Rodríguez mantenía una estrecha relación con la familia Beltrán desde hacía más de dos décadas. Asistía de manera constante a la iglesia cristiana Camino a la Libertad, liderada por el padre del exalcalde y hoy ministro designado, Jaime Andrés Beltrán.
Desde los primeros años de funcionamiento de la congregación acompañó activamente a esa familia. Incluso, era el encargado de convertir de formato VHS a DVD las prédicas del pastor Beltrán. Según personas cercanas al proceso, la vivienda de Rodríguez llegó a funcionar, en la práctica, como una sede de campaña del entonces candidato y posteriormente alcalde de Bucaramanga.
Pese a esa cercanía durante años, la defensa de Jaime Andrés Beltrán emprendió una estrategia para desacreditar al principal testigo del caso. En reiteradas oportunidades, el abogado Rodrigo Parada sostuvo en distintos medios de comunicación que Rodríguez intentaba chantajear o extorsionar al exalcalde utilizando el caso de la chatarra, a cambio de obtener contratos con la administración municipal.
No obstante, aunque Parada anunció públicamente que entregaría a las autoridades conversaciones completas entre Beltrán y Rodríguez para respaldar esas afirmaciones, dichos chats nunca fueron aportados a la justicia.
De manera paralela al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación también mantiene abierta una investigación penal por estos hechos.
Dentro de ese proceso, Edgardo Rodríguez colaboró con la Fiscalía Cuarta Seccional de Delitos contra la Administración Pública en Bucaramanga. Durante sus declaraciones reiteró los señalamientos contra el cuñado del entonces alcalde, suministró números telefónicos y entregó información que, según su versión, permitía avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, el testigo no recibió ningún beneficio judicial y su aporte a la investigación se interrumpió tras su fallecimiento.
A pesar de contar con esos testimonios y otros elementos probatorios incorporados al expediente, dos años después de iniciada la investigación penal el proceso continúa en etapa de indagación. Hasta el momento, la Fiscalía no ha producido resultados concretos ni ha formulado imputaciones relacionadas con uno de los presuntos casos de detrimento patrimonial más relevantes registrados en Bucaramanga durante los últimos años.
Luminarias, postes y otros elementos retirados del sistema de alumbrado público de Bucaramanga permanecían almacenados en bodegas municipales. Estas fotografías, reveladas en su momento por Corrillos, hicieron parte de las primeras evidencias del presunto robo de la chatarra.
De un proceso de subasta fallido a la desaparición de la chatarra
En 2023, durante la administración del entonces alcalde Juan Carlos Cárdenas —antecesor de Jaime Andrés Beltrán—, la Secretaría de Infraestructura contrató estudios previos con el propósito de chatarrizar más de 70 toneladas de bienes remanentes del alumbrado público que permanecían almacenados en bodegas municipales para posteriormente venderlos mediante una subasta pública.
El objetivo era liberar espacio en las bodegas, reducir riesgos ambientales y obtener recursos que pudieran reinvertirse en el sistema de alumbrado público de Bucaramanga. Sin embargo, la administración de Cárdenas consideró insuficiente el valor de las propuestas económicas presentadas, decidió no ejecutar el proceso y los elementos permanecieron bajo custodia del municipio.
La situación cambió a partir de febrero de 2024, cuando ya ejercía como alcalde Jaime Andrés Beltrán, posesionado el primero de enero de ese año. Según una investigación periodistica, el material comenzó a salir paulatinamente de las bodegas donde permanecía almacenado.
Corrillos recopiló fotografías, documentos y los primeros testimonios sobre la desaparición de los denominados inservibles, revelando el presunto robo de ese material. Esa investigación periodística se convirtió en el punto de partida de un escándalo que hoy compromete al exalcalde y a integrantes de su entorno familiar. (Ver el informe periodístico)
Fotografías satelitales, registros y testimonios fortalecen la investigación
Meses después de la publicación de Corrillos, el entonces concejal de oposición Carlos Parra llevó el caso al Concejo de Bucaramanga mediante un debate de control político. Allí presentó documentos, registros y fotografías satelitales que evidenciaban que, antes del 12 de febrero de 2024, las bodegas municipales permanecían completamente llenas de material obsoleto de alumbrado público y que, pocos meses después, aparecían prácticamente vacías, sin que la administración hubiera adelantado un procedimiento público para disponer de esa chatarra.
La investigación del exconcejal también estableció que los vehículos y las personas que retiraron el material estaban vinculados a la chatarrería J.R.K. Mary, empresa que previamente había manifestado su interés en adquirir legalmente esos bienes mediante el proceso que nunca se concretó.
Para Parra, “el negocio se hizo con esa chatarrería, pero no a través de un proceso público, sino mediante una operación irregular”.
A juicio del exconcejal, las pruebas documentales fortalecen el testimonio del fallecido Edgardo Rodríguez, quien sostuvo que el principal beneficiario de la operación habría sido el cuñado del entonces alcalde. Bajo esa hipótesis, los recursos obtenidos por la venta de la chatarra no ingresaron a las cuentas del municipio, sino que, presuntamente, terminaron favoreciendo al entorno familiar de la entonces primera dama.
Todo apunta, según la investigación, a que los bienes retirados de las bodegas municipales terminaron en el mercado de la chatarra, tras ser comercializados de manera irregular por una suma cercana a los 900 millones de pesos, como lo expuso en su momento el exconcejal Parra. Hasta ahora, la chatarrería J.R.K. Mary no ha entregado una respuesta pública sobre esos señalamientos.
De acuerdo con los testimonios recopilados durante la investigación, el principal testigo del caso, Edgardo Rodríguez, falleció presuntamente como consecuencia de una intoxicación, mientras que el líder del equipo auditor, José Luis Calderón, fue víctima de un atentado contra su camioneta en noviembre de 2025.
Parra aseguró que, antes de morir, Rodríguez alcanzó a entregar a la Fiscalía una copia espejo de toda la información que conservaba en su teléfono celular, el mismo que, según su testimonio, le fue solicitado y retenido por la entonces primera dama.
“Yo entregué documentos, videos, grabaciones, grupos de WhatsApp donde coordinaban esta sustracción y es que aquí estamos frente al robo más grande en la historia de Bucaramanga de bienes públicos. Y claro que eso, pues tiene que alarmarnos sobre cuál es la custodia que van a tener los bienes públicos del Ministerio de Vivienda si las circunstancias y el equipo político y los intereses que rodean a este actor son los mismos”, añadió Parra.
El exconcejal también rechazó la versión según la cual la administración desconocía el inventario de los bienes almacenados.
“Lo sorprendente fue que dos meses después de que llegaran al gobierno, empiezan los ingresos del señor Carlos Julio Fajardo, un reconocido chatarrero de la ciudad y de sus empleados, a las bodegas del Alumbrado Público, coordinados a través del grupo de WhatsApp por el señor Óscar Ramírez”, agregó.
Frente al estado del proceso, Parra aseguró que la elección del nuevo contralor de Bucaramanga podría tener incidencia sobre el desarrollo de la investigación.
“Yo he pedido la intervención funcional del contralor general de la Nación porque, pues, esto pone en peligro, digamos, la justicia en el caso de corrupción y en el robo más grande que ha habido en mi ciudad”, afirmó.
A la izquierda, la bodega La Hormiga en febrero de 2024, cuando aún almacenaba la chatarra del alumbrado público. A la derecha, la misma bodega en octubre de 2024, completamente vacía tras la desaparición del material, según la investigación.
Beltrán rechaza las acusaciones y atribuye el caso a una narrativa de oposición
Durante esta semana, Jaime Andrés Beltrán fue interrogado sobre el caso por el periodista Daniel Coronell. El hoy ministro designado respondió sin ofrecer una explicación concreta sobre el destino de la chatarra y negó cualquier participación suya o de su familia en los hechos investigados.
“Quiero afirmar con contundencia, primero, que no soy responsable de ninguno de los hechos que han querido atribuirme”, declaró.
Consultado sobre el testimonio de Edgardo Rodríguez Herrera, excontratista de Alumbrado Público, quien afirmó haber recibido instrucciones para “bendecir” al cuñado del entonces alcalde, Beltrán respondió:
“No es cierto lo que dice ese señor. Cualquier persona puede salir y decir lo que quiera contra uno”.
El exalcalde también sostuvo que el sistema de alumbrado público no contaba con inventarios actualizados desde hacía más de ocho años y pidió permitir que las autoridades competentes continúen con las investigaciones.
“Le pido a todo el equipo que le permitamos a los entes hacer la investigación (…) Yo respondo por lo que yo hice y tengo la certeza y la confianza”, manifestó.
Finalmente, atribuyó las denuncias a una “narrativa” promovida por sectores de oposición a su administración. Sin embargo, la Contraloría de Bucaramanga mantiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal por los mismos hechos.
En el expediente reposan, entre otros elementos probatorios, fotografías satelitales aportadas por el exconcejal Carlos Parra, las bitácoras de ingreso y salida de las bodegas municipales y el testimonio rendido por el fallecido Edgardo Rodríguez, evidencias que sustentan la hipótesis investigativa según la cual el material fue retirado irregularmente de las bodegas del municipio durante la administración de Jaime Andrés Beltrán.
