A pocas semanas de concluir el gobierno del presidente Gustavo Petro, el país comienza a hacer un balance del estado de las principales obras de infraestructura administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura. El panorama evidencia avances significativos, proyectos en ejecución y otros que permanecen en etapas de estructuración.
Antes de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, el estado de las principales obras de infraestructura se convierte en un indicador clave para evaluar los avances alcanzados en materia de conectividad y desarrollo regional.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó un balance de doce megaobras estratégicas que incluyen corredores viales, concesiones de Quinta Generación (5G), proyectos aeroportuarios e iniciativas de recuperación ambiental.
El informe evidencia un panorama diverso: mientras algunas obras registran importantes avances constructivos, otras permanecen en etapas de estructuración, licenciamiento o gestión predial.
El resultado refleja los retos administrativos, financieros y ambientales que han acompañado la ejecución de los proyectos llamados a transformar la movilidad, fortalecer la competitividad y consolidar la integración territorial de Colombia durante los próximos años.
1. Corredores viales en proceso de estructuración
La recta final del Gobierno nacional también representa el momento para evaluar el estado de los grandes proyectos de infraestructura que marcarán la competitividad del país durante las próximas décadas. En ese escenario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó un balance de las principales iniciativas que deja en marcha la administración del presidente Gustavo Petro, diferenciando aquellas que avanzan en su fase de estructuración de las que ya registran ejecución física.
Los proyectos agrupados dentro de los corredores viales en proceso de estructuración no reflejan todavía grandes movimientos de maquinaria o extensos frentes de obra. Su progreso se mide por el cumplimiento de exigentes requisitos técnicos, financieros, ambientales y jurídicos que permiten consolidar modelos de Asociación Público-Privada (APP), indispensables para atraer inversión y garantizar la viabilidad de las concesiones.
Uno de los proyectos más ambiciosos busca consolidar un corredor estratégico entre Bogotá, Villeta, Guaduas y las Troncales del Magdalena, conectando finalmente el centro del país con la Ruta del Sol y la Costa Caribe mediante una infraestructura moderna y de mayor capacidad.
La iniciativa contempla la construcción de los 18 kilómetros que aún permanecen pendientes entre Villeta y Guaduas, un tramo considerado prioritario por el alto flujo vehicular y por las dificultades operativas que históricamente ha presentado. La obra permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento entre el interior del país y los puertos del Caribe, además de asegurar el mantenimiento integral del corredor durante casi tres décadas.
Durante los últimos meses la ANI concentró sus esfuerzos en obtener los avales institucionales exigidos por el Departamento Nacional de Planeación y por los ministerios de Transporte y Hacienda. Mientras el Ministerio de Transporte aprobó el análisis de riesgos, el Ministerio de Hacienda revisa las últimas actualizaciones relacionadas con los aportes públicos y las obligaciones contingentes del proyecto.
Paralelamente se desarrollaron mesas de diálogo con las comunidades ubicadas dentro del área de influencia y se convocó un panel especializado para revisar los costos proyectados de túneles y estructuras complejas, buscando minimizar riesgos de sobrecostos durante la etapa constructiva.
Con la mayor parte de los requisitos cumplidos, el proyecto entra ahora en la fase definitiva de aprobación, requisito previo para iniciar el proceso licitatorio que definirá el futuro concesionario. La inversión estimada asciende a 5,5 billones de pesos para la construcción y cerca de 2,89 billones destinados a operación y mantenimiento durante una concesión prevista por 29 años.
Las concesiones 5G concentran los mayores avances constructivos dentro del balance presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura.
Otro de los proyectos estratégicos corresponde a la denominada Ruta de los Andes, concebida como una iniciativa privada que no requerirá recursos del Estado. El corredor comprende el paso por la Cordillera Central entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), uno de los principales puntos de conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.
La propuesta incluye la construcción de una variante en doble calzada en Cajamarca, mejoras operativas en los accesos al Túnel de La Línea y la administración integral del corredor existente. Después de superar la etapa de prefactibilidad, el promotor radicó los estudios de factibilidad a comienzos de 2026, iniciando así una rigurosa revisión técnica, financiera, ambiental y predial por parte de la ANI.
Como parte del procedimiento legal también se abrió la convocatoria para terceros interesados, mecanismo que permitirá evaluar posibles competidores antes de adoptar una decisión definitiva sobre la adjudicación del proyecto. La audiencia pública quedó programada para septiembre de 2026.
Las proyecciones económicas estiman inversiones cercanas a los 540.000 millones de pesos para construcción y más de 1,6 billones destinados a operación durante una concesión prevista por treinta años.
El tercer proyecto analizado corresponde a la denominada Conexión Centro, diseñada para fortalecer la movilidad del Eje Cafetero mediante la ampliación de corredores existentes y la construcción de nuevas segundas calzadas.
La iniciativa, promovida por Odinsa Vías, contemplaba intervenir cerca de 76 kilómetros entre Calarcá, La Paila, Chinchiná y Pereira, además de asumir posteriormente la operación del corredor Autopistas del Café. Sin embargo, después de revisar los componentes técnicos, jurídicos y de conveniencia sectorial, la Agencia Nacional de Infraestructura decidió rechazar oficialmente la propuesta.
La decisión fue notificada en junio de 2026, aunque la empresa presentó el correspondiente recurso de reposición, por lo que actualmente el expediente continúa bajo evaluación administrativa. Mientras no exista una decisión definitiva, el proyecto permanece suspendido desde el punto de vista contractual.
Pese al revés administrativo, la magnitud económica de la iniciativa continúa siendo considerable, con inversiones estimadas en 2,38 billones de pesos para construcción y 3,86 billones para operación durante un periodo concesionado cercano a los treinta años.
2. Autopistas de Quinta Generación (5G) en marcha
Mientras varios corredores estratégicos permanecen en fase de estructuración, la ejecución de las concesiones de Quinta Generación (5G) constituye uno de los principales indicadores de avance de la infraestructura nacional. La Agencia Nacional de Infraestructura sostiene que durante los últimos dos años su gestión se concentró en destrabar obstáculos prediales, ambientales y sociales que durante años limitaron la construcción de proyectos considerados fundamentales para la competitividad del país.
El balance muestra que varias concesiones pasaron de registrar avances prácticamente nulos al inicio de sus contratos a consolidar importantes frentes de obra, unidades funcionales terminadas y corredores que ya prestan servicio parcial a los usuarios.
Uno de los proyectos que presenta los mayores niveles de ejecución corresponde a la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, integrada por los accesos a Cali y Palmira. Cuando comenzó la etapa constructiva, en octubre de 2023, la iniciativa partía desde cero. Menos de tres años después, el proyecto supera el 64 % de avance físico, convirtiéndose en uno de los más dinámicos del programa 5G.
Las obras se desarrollan simultáneamente sobre cerca de 310 kilómetros, donde el concesionario ejecuta ampliaciones, rehabilitaciones y mejoramientos viales. Algunas unidades funcionales ya fueron concluidas y puestas al servicio de los usuarios, mientras nuevas entregas se encuentran programadas para los próximos meses.
Las megaobras viales buscan fortalecer la competitividad nacional mediante corredores estratégicos entre las principales regiones colombianas.
Además de las actividades constructivas, la concesión mantiene la operación permanente del corredor mediante ocho estaciones de peaje, servicios de atención a emergencias, mantenimiento rutinario y esquemas tarifarios diferenciales para determinadas comunidades. La ANI reconoce que el proyecto continúa enfrentando dificultades derivadas de situaciones de orden público en algunos sectores, aunque asegura que ello no ha detenido el desarrollo general de las obras.
Otro de los corredores estratégicos corresponde a la Troncal del Magdalena II, que conecta Sabana de Torres con Curumaní, una infraestructura considerada esencial para fortalecer la movilidad entre el centro del país y la Costa Caribe.
Desde la firma del acta de inicio de construcción en agosto de 2024, el proyecto registra un crecimiento sostenido hasta alcanzar un avance cercano al 40 %. Durante este periodo se logró completar la denominada Unidad Funcional 0, que comprende la intervención integral de los 302 kilómetros existentes antes del inicio de las ampliaciones más complejas.
La concesión no solo desarrolla nuevas obras civiles. También garantiza la operación permanente del corredor mediante ambulancias, grúas, carros taller, monitoreo continuo y asistencia vial, servicios que benefician diariamente a miles de transportadores y viajeros que utilizan esta importante conexión nacional.
En la región Pacífica también avanza la concesión Buenaventura-Loboguerrero-Buga, considerada una infraestructura estratégica para el comercio exterior colombiano debido a su conexión directa con el principal puerto sobre el océano Pacífico.
El proyecto inició oficialmente la etapa constructiva en agosto de 2024 y, para mediados de 2026, ya alcanzaba un avance superior al 28 %. Aunque las obras avanzan de manera progresiva, varios tramos funcionales ya comenzaron a prestar servicio mientras continúan las auditorías técnicas correspondientes.
La complejidad ambiental y social del corredor ha obligado al concesionario a desarrollar procesos paralelos de concertación con comunidades, consultas previas y obtención de licencias ambientales en sectores específicos. Estas actividades buscan evitar retrasos futuros y garantizar que la ejecución de las obras se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad y respeto por las comunidades del área de influencia.
En el Magdalena Medio también continúa la construcción de la Troncal del Magdalena I, corredor que comunica Puerto Salgar con Barrancabermeja y constituye uno de los proyectos más relevantes para la conectividad logística entre el centro y el nororiente colombiano.
Desde noviembre de 2024, cuando comenzó oficialmente la construcción, la obra alcanza un avance superior al 19 %. Aunque el porcentaje resulta inferior frente a otras concesiones del programa 5G, la ANI destaca la culminación de la Unidad Funcional 0, que permitió intervenir completamente los 214 kilómetros de la vía existente y mejorar las condiciones de operación antes de iniciar las ampliaciones previstas.
Actualmente el corredor mantiene operación continua con atención permanente a los usuarios, conservación vial y servicios de asistencia en todo el trayecto hasta las proximidades del río Sogamoso.
Uno de los proyectos que experimentó mayores retrasos fue Accesos Norte Fase II, en Bogotá. Aunque el contrato había sido firmado desde 2022, la falta de permisos ambientales impidió durante varios años el inicio efectivo de las obras.
La situación cambió después de obtener la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), permitiendo firmar el acta definitiva de inicio de construcción en abril de 2026. Desde entonces comenzaron los movimientos preliminares de tierra, las actividades ambientales complementarias y la socialización de los planes de manejo del tráfico con las comunidades vecinas.
Un comportamiento similar registra el proyecto ALO Sur. Después de varios años dedicados a modificar licencias ambientales y ajustar el diseño técnico para integrarlo con la Primera Línea del Metro de Bogotá, la concesión finalmente superó los principales obstáculos administrativos.
El próximo gobierno recibirá proyectos con diferentes niveles de ejecución, estructuración y desafíos administrativos aún pendientes importantes.
Con los trámites prácticamente concluidos, la ANI proyecta iniciar formalmente la construcción durante el segundo semestre de 2026, dando paso a una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad en el sur de la capital.
El listado de concesiones 5G también incorpora el corredor El Estanquillo-Popayán, una de las iniciativas más recientes administradas por la entidad. Su contrato fue suscrito durante 2026 y actualmente el concesionario concentra sus esfuerzos en cumplir los requisitos financieros, jurídicos y administrativos necesarios antes del inicio de las obras.
La programación oficial contempla el comienzo de la etapa de preconstrucción durante julio, dando inicio a un proceso que permitirá desarrollar uno de los corredores más importantes para fortalecer la conectividad entre el centro y el suroccidente colombiano.
En conjunto, las concesiones de Quinta Generación representan uno de los principales legados de infraestructura que deja la actual administración. Aunque cada proyecto enfrenta desafíos particulares relacionados con licencias ambientales, adquisición de predios, consultas con comunidades y disponibilidad financiera, el balance evidencia un avance significativo frente a los niveles registrados al inicio de los contratos.
3. Grandes proyectos de la Costa Caribe
La infraestructura de la región Caribe ocupa un lugar estratégico dentro del balance presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Además de concentrar buena parte del comercio exterior colombiano, esta zona alberga proyectos de alto impacto ambiental, logístico y turístico que serán determinantes para el desarrollo económico del país durante los próximos años. Aunque varias de estas iniciativas han enfrentado retrasos por licenciamientos, concertaciones institucionales y trámites prediales, el Gobierno asegura que todas permanecen activas y con una hoja de ruta definida para su ejecución.
Uno de los proyectos más representativos es la Restauración Ecológica del Canal del Dique, considerada una de las intervenciones ambientales e hidráulicas más ambiciosas emprendidas en Colombia durante las últimas décadas. Su objetivo principal es recuperar el equilibrio ecológico del sistema hídrico, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la navegabilidad del canal, además de proteger los ecosistemas asociados y las comunidades asentadas en su área de influencia.
Pese a los cuestionamientos surgidos en diferentes sectores sobre una posible suspensión de las obras, la ANI sostiene que el proyecto nunca ha sido detenido. Desde junio de 2023 se ejecuta la denominada etapa preoperativa, enfocada en el mantenimiento de la infraestructura existente, la operación de las estructuras actuales y la preparación técnica para el inicio de las intervenciones de mayor envergadura.
Sin embargo, el cronograma inicial sufrió modificaciones importantes. La construcción de las obras principales estaba prevista para diciembre de 2024, pero nuevas exigencias derivadas del proceso de licenciamiento ambiental obligaron a replantear los tiempos de ejecución. La necesidad de actualizar los estudios ambientales llevó a la entidad a estructurar un otrosí contractual que permitió incorporar recursos privados destinados a la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
Actualmente los equipos técnicos trabajan en la consolidación de ese documento, cuya radicación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales está prevista para octubre de 2026. Si el proceso avanza conforme al calendario establecido, la construcción de las catorce unidades funcionales que integran el proyecto comenzaría durante el primer trimestre de 2027.
Las principales megaobras nacionales avanzan entre desafíos ambientales, financieros y procesos administrativos que aún requieren consolidación definitiva.
La restauración del Canal del Dique representa mucho más que una obra de ingeniería. Se trata de una intervención destinada a reducir los efectos de las inundaciones que históricamente han afectado a poblaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre, recuperar ecosistemas estratégicos, controlar procesos de sedimentación y mejorar las condiciones de navegación entre el río Magdalena y la bahía de Cartagena.
Otro de los proyectos emblemáticos de la región corresponde a la modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, principal terminal aérea de Cartagena y uno de los aeropuertos con mayor crecimiento en el tráfico de pasajeros del país.
La ampliación busca responder al incremento sostenido del turismo nacional e internacional mediante una infraestructura aeroportuaria con mayor capacidad operativa, mejores servicios para los viajeros y espacios adecuados para atender el crecimiento de las operaciones comerciales y logísticas.
No obstante, el avance físico de la obra continúa siendo reducido. Aunque la etapa constructiva inició oficialmente en marzo de 2025, el proyecto apenas registra un progreso cercano al dos por ciento, consecuencia de diversos factores que retrasaron el cronograma inicialmente previsto.
Entre las principales dificultades identificadas figuran los retrasos en la adquisición de predios, diferencias con actores del entorno social, ajustes derivados del proceso de licenciamiento ambiental y demoras relacionadas con la cesión de espacios públicos necesarios para ampliar la infraestructura aeroportuaria.
A pesar de estos inconvenientes, la ANI sostiene que la obra mantiene su ejecución. La aprobación de modificaciones menores por parte de la autoridad ambiental permitió habilitar nuevos frentes de trabajo y avanzar simultáneamente en diferentes actividades constructivas que no dependen de la entrega de predios externos.
Mientras se resuelven los asuntos pendientes con las autoridades locales, el concesionario desarrolla labores internas de adecuación de plataformas, obras civiles, infraestructura aeronáutica y actividades de preparación técnica que permitirán acelerar la ejecución una vez se encuentren disponibles las áreas faltantes.
El Gobierno considera que la participación de la Alcaldía de Cartagena será determinante para el futuro del proyecto. La cesión de andenes, separadores, vías perimetrales y otros espacios públicos constituye uno de los requisitos indispensables para ampliar el aeropuerto conforme al diseño aprobado. Hasta tanto ello ocurra, varias obras continuarán condicionadas por factores ajenos a la gestión del concesionario.
Más allá de las cifras individuales de cada proyecto, el balance presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura refleja un panorama heterogéneo sobre el estado de las principales obras que heredará la próxima administración nacional. Mientras algunos corredores ya superan el 60 % de ejecución y comienzan a transformar la movilidad regional, otros permanecen en complejos procesos de estructuración técnica o enfrentan desafíos administrativos que condicionan el inicio de las obras.
La evaluación también evidencia una constante en los grandes proyectos colombianos: la infraestructura ya no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos económicos. Los procesos de licenciamiento ambiental, la concertación con comunidades, la adquisición de predios, la seguridad jurídica de los contratos y la coordinación entre diferentes entidades públicas se han convertido en variables determinantes para el éxito de las concesiones.
La ANI sostiene que durante el actual gobierno buena parte de sus esfuerzos se concentró precisamente en resolver esos cuellos de botella. La obtención de licencias, la actualización de estudios, la revisión de riesgos financieros, la estructuración de modelos contractuales y la coordinación institucional ocuparon un lugar central dentro de la gestión adelantada entre 2022 y 2026.
El resultado es un portafolio de doce megaobras que avanzan a diferentes velocidades, pero que en conjunto representan una inversión de varios billones de pesos destinada a fortalecer la competitividad del país, mejorar la conectividad entre regiones, facilitar el transporte de carga, reducir tiempos de desplazamiento y ampliar la capacidad logística de Colombia.
El corte de cuentas realizado por la ANI muestra que la administración del presidente Gustavo Petro deja una cartera de proyectos con avances concretos, pero también con desafíos importantes. Algunas obras ya comienzan a producir beneficios tangibles para miles de usuarios, mientras otras dependerán de las decisiones que adopten las próximas autoridades para convertir los estudios, licencias y estructuraciones en carreteras, puentes, aeropuertos y corredores logísticos plenamente operativos.
