Por qué el éxito de la nueva hoja de ruta del país no se definirá en los escritorios de la capital, sino en la capacidad de conectar la asociatividad regional con la actualización urgente de los POT.
Por: Jaime Peña Robles | La transición hacia el nuevo gobierno nacional ha dejado un mensaje de tranquilidad institucional: el respeto absoluto y la defensa firme de nuestra Constitución Política de 1991. Sin embargo, este apego a la norma no debe convertirse en un inmovilismo complaciente. El nuevo mandato tiene la obligación histórica de revisar temas estructurales e instrumentos derivados de la Carta Magna que, a pesar de su espíritu benévolo para el desarrollo social y económico de nuestras regiones, siguen atrapados en el papel. El ejemplo más crítico de esta deuda histórica es el ordenamiento territorial, consagrado principalmente en los artículos 286, 287, 288 y 307 de nuestra carta magna, cuya verdadera materialización exige un análisis enfocado en dos frentes urgentes.
El primer aspecto clave para superar el centralismo es habilitar las posibilidades reales para que las regiones asuman los esquemas asociativos pertinentes contemplados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Asociaciones de Municipios no pueden seguir operando como simples figuras de papel o escenarios de burocracia ineficiente. El nuevo gobierno debe inyectarles autonomía presupuestal y capacidad técnica para potenciar experiencias valiosas.
Ejemplos como la RAP Central que articula Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima en torno a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, o esquemas a menor escala como MASORA (Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño), demuestran que la unión territorial funciona. Sin embargo, para que dejen de ser meros espectadores, estos modelos colectivos necesitan un respaldo nacional decidido. Solo así será posible generar verdaderas economías de escala, planificar proyectos de infraestructura de impacto macrorregional y resolver problemas que desbordan las fronteras individuales de cada municipio.
El segundo aspecto traslada la balanza de la responsabilidad directamente a las alcaldías y gobernaciones del país. De acuerdo con datos del Ministerio de vivienda ciudad y territorio. alrededor del 80% de los municipios de Colombia tienen sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT) desactualizados o vencidos. Esta parálisis normativa no es un asunto menor ni puramente técnico; es una bomba de tiempo que exacerba los conflictos de uso del suelo como la ganadería extensiva o minería en zonas de reserva o la expansión urbana descontrolada sobre tierras con alta vocación rural.
Operar con una bitácora obsoleta impide que las administraciones locales respondan a los nuevos riesgos ambientales impuestos por la crisis climática. Sin un mapa de amenazas actualizado, los municipios siguen permitiendo asentamientos humanos en zonas propensas a inundaciones, remociones en masa o sequías severas. Las administraciones locales deben apropiar el POT urgentemente como su principal instrumento de desarrollo y gestión del riesgo, dejando de verlo como un trámite burocrático engorroso y asumiéndolo como el escudo que protege la vida y la economía de sus habitantes.
La verdadera descentralización que soñaron los constituyentes de 1991 se juega en este doble tablero. Mientras el gobierno nacional debe facilitar las herramientas de la LOOT para consolidar las RAP y las alianzas municipales, los líderes territoriales tienen el deber ético y administrativo de ordenar sus casas desde lo local. El reto del nuevo Ejecutivo no es reformar la estructura del Estado, sino articular eficientemente estos dos eslabones.
Esta sincronía resulta indispensable para que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno entrante trascienda de las buenas intenciones a la realidad palpable. Si la nueva hoja de ruta nacional aspira a mitigar el cambio climático, impulsar empleos verdes y cerrar de una vez por todas las brechas sociales, debe convertir al territorio en su principal aliado estratégico. De lo contrario, cualquier política macroeconómica fracasará si se diseña desde la comodidad de los escritorios en el centro del país, de espaldas a las verdaderas necesidades, riesgos y potencialidades asociativas de la Colombia profunda.
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*Arquitecto, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión de la planificación urbana y regional y magister en ordenamiento territorial.
