A pocas semanas de asumir la Presidencia, Abelardo De la Espriella anunció la reactivación de las órdenes de captura contra grupos armados ilegales. La decisión produjo la primera respuesta de alto impacto: dos cabecillas de la banda Los Pepes manifestaron su intención de someterse a la justicia.
El anuncio del presidente electo, Abelardo De la Espriella, marca un giro en la política de seguridad que comenzará a implementarse a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la jefatura del Estado colombiano. En una transmisión realizada a través de sus redes sociales, el mandatario electo anticipó que uno de sus primeros actos de gobierno será firmar los decretos necesarios para reactivar todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales.
La decisión representa un cambio de rumbo frente a la política de “paz total” impulsada por el gobierno saliente, estrategia que durante los últimos años buscó abrir espacios de diálogo y negociación con diferentes grupos armados. Para De la Espriella, ese modelo debilitó la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y permitió que varias estructuras fortalecieran su presencia territorial.
Durante su intervención, el presidente electo aseguró que el incremento de las acciones violentas registrado en distintas regiones del país corresponde a una reacción de las organizaciones ilegales frente al resultado de las recientes elecciones presidenciales. Según afirmó, estos grupos pretenden generar condiciones de presión mediante el aumento de los hechos violentos.
En ese contexto, envió un mensaje directo a las estructuras criminales, advirtiendo que el Estado retomará plenamente las operaciones judiciales y militares para capturar a quienes permanezcan al margen de la ley.
Dentro de las primeras medidas anunciadas se encuentra la expedición de decretos orientados a desmontar los mecanismos jurídicos que, según el presidente electo, suspendieron la ejecución de órdenes de captura contra integrantes de organizaciones ilegales durante los procesos de negociación.
De la Espriella explicó que solicitará la actuación coordinada de la Fiscalía General de la Nación y de las Fuerzas Militares y de Policía para hacer efectivas todas las órdenes judiciales vigentes. La intención es restablecer la persecución penal contra quienes continúen desarrollando actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y demás delitos asociados al crimen organizado.
En su declaración enfatizó que el único camino que tendrán los integrantes de estas organizaciones será acogerse a los mecanismos de sometimiento contemplados en la legislación colombiana. En consecuencia, descartó la posibilidad de abrir nuevos procesos de negociación política con estructuras armadas ilegales.
El mandatario electo también reiteró que durante su administración no existirán zonas donde el Estado renuncie al ejercicio de su autoridad y sostuvo que la prioridad será recuperar la presencia institucional en los territorios afectados por la violencia.
Los Pepes aceptan iniciar un proceso de sometimiento
Pocas horas después de los anuncios, se produjo el primer hecho que el equipo del presidente electo calificó como una respuesta directa a la nueva política de seguridad.
Digno José Palomino y Aldair Montealegre, identificados como cabecillas de la estructura criminal Los Pepes, manifestaron su intención de someterse a la justicia colombiana. Ambos son señalados por las autoridades como líderes de una organización con influencia en Barranquilla y varios municipios del departamento del Atlántico.
De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, los dos jefes criminales aceptaron acogerse al procedimiento de sometimiento previsto por la legislación vigente, lo que permitiría desarrollar un proceso judicial bajo supervisión de las autoridades competentes.
El presidente electo anunció que impartirá instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el procedimiento operativo correspondiente y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las normas establecidas.
Igualmente, informó que solicitará a la Fiscalía General de la Nación la designación de un fiscal especializado y de un equipo de policía judicial encargado de verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales durante el proceso.
Un mensaje para las demás estructuras criminales
Más allá del caso de Los Pepes, el anuncio busca enviar una señal al resto de organizaciones ilegales que operan en diferentes regiones del país.
De la Espriella sostuvo que quienes decidan acogerse voluntariamente a la justicia podrán acceder únicamente a los beneficios previstos por la legislación colombiana, mientras que quienes continúen desarrollando actividades criminales enfrentarán la reactivación de las órdenes de captura y el fortalecimiento de las operaciones de la Fuerza Pública.
El presidente electo también lanzó un ultimátum dirigido a los demás cabecillas de organizaciones delincuenciales, indicando que disponen de pocas semanas para definir si se someten a la justicia antes del inicio de su gobierno.
