La historia política de Colombia parece transitar permanentemente entre la memoria y el olvido. A pocos días de una nueva administración nacional, resurgen discursos que apelan al miedo, a la incertidumbre y a la nostalgia de un gobierno saliente que demostró que si se pueden hacer las cosas que están contempladas en la constitución colombiana en derechos y justicia social. Presentado como la única salida posible frente a las crisis contemporáneas. Colombia de 2026 no es la Colombia de 2002.
Por: María Adalgiza Velásquez| El país que hace más de dos décadas eligió un proyecto político fundamentado en la denominada “seguridad democrática” estaba profundamente golpeado por la expansión territorial de las guerrillas, el debilitamiento institucional y la sensación colectiva de un Estado incapaz de garantizar la vida y la movilidad de sus ciudadanos. El secuestro, las tomas guerrilleras y el control armado de vastas zonas rurales configuraban un escenario excepcional.
Hoy, aunque persisten múltiples expresiones de violencia y criminalidad, el contexto social, político e institucional es sustancialmente distinto. La sociedad colombiana ha experimentado transformaciones culturales profundas: mayor acceso a la información, fortalecimiento de movimientos sociales, emergencia de nuevas ciudadanías, reconocimiento de derechos y una creciente conciencia sobre la necesidad de construir paz con justicia social.
La narrativa de la seguridad democrática logró consolidarse gracias a la promesa de restablecer el monopolio legítimo de la fuerza estatal. Para amplios sectores sociales representó orden, recuperación territorial y disminución de ciertos indicadores de violencia
No obstante, desde una perspectiva crítica, dicho modelo también dejó profundas heridas democráticas. La consolidación de una lógica amigo-enemigo debilitó el pluralismo político y favoreció prácticas de estigmatización contra sectores sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores políticos. Los denominados “falsos positivos”, las interceptaciones ilegales y las alianzas entre sectores políticos y estructuras paramilitares evidenciaron los riesgos de una concepción de seguridad desligada de garantías democráticas.
La experiencia histórica demuestra que la seguridad, cuando se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio para garantizar derechos, puede derivar en formas de autoritarismo compatibles con regímenes formalmente democráticos.
En este escenario emerge, desde ciertos sectores políticos y candidaturas presidenciales, la tesis de la denominada “Patria Milagro”. Se trata de un discurso que combina elementos de nacionalismo conservador, moral religiosa, exaltación del orden, liderazgo providencial y promesas de restauración nacional.
La “Patria Milagro” se presenta como una respuesta emocional ante la incertidumbre social. Propone la existencia de un líder capaz de rescatar la nación mediante la voluntad individual, la disciplina moral y el fortalecimiento de la autoridad. Más que un programa político estructurado, constituye una narrativa simbólica orientada a movilizar emociones colectivas.
Desde la sociología política, este tipo de discursos suelen emerger en sociedades polarizadas, donde amplios sectores experimentan frustración económica, desconfianza institucional y sensación de pérdida de certezas. El líder es presentado entonces como un “salvador” investido de una misión histórica casi mesiánica.
El principal desafío para Colombia consiste en evitar que el miedo vuelva a convertirse en el principal organizador de la política. Gobernar desde el temor puede producir réditos electorales inmediatos, pero difícilmente construye sociedades democráticas sostenibles.
La seguridad continúa siendo una demanda legítima de la ciudadanía; sin embargo, la seguridad del siglo XXI no puede limitarse al despliegue militar. Debe incluir garantías sociales, reducción de las desigualdades, protección ambiental, fortalecimiento institucional y ampliación efectiva de derechos.
Colombia necesita discutir modelos de desarrollo, justicia social, transición energética, educación, empleo digno y consolidación territorial de la paz. La pregunta central no es únicamente quién garantizará el orden, sino qué proyecto de sociedad queremos construir.
Colombia ya no es la del 2002 porque su ciudadanía tampoco lo es. Existe una sociedad más crítica, diversa y consciente de sus derechos. Pretender reeditar fórmulas políticas del pasado desconociendo las transformaciones del presente puede conducir a diagnósticos equivocados y soluciones insuficientes.
Las democracias maduras no depositan su destino en milagros ni en salvadores providenciales. Lo hacen en instituciones fuertes, ciudadanía activa y participación plural. El futuro del país no debería construirse sobre la nostalgia del miedo, sino sobre la esperanza democrática y la capacidad colectiva de imaginar un país más justo, incluyente y en paz.
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Socióloga – Lideresa social-política- feminista – Gestora social
Consejera nacional – Distrital
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