El mensaje del presidente electo Abelardo de la Espriella a los grupos armados reabre uno de los debates más profundos de la historia reciente de Colombia: la eficacia de los procesos de paz frente a la lógica de la confrontación militar en un país marcado por décadas de guerra.
El mensaje fue corto, directo y cargado de simbolismo político. Durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia que marca el tono de lo que será su política de seguridad: “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”.
La frase no solo sacudió el ambiente político nacional, sino que también activó viejos fantasmas históricos. Colombia ha vivido más de sesenta años de conflicto armado interno y, durante ese tiempo, ha ensayado casi todas las fórmulas posibles: guerra frontal, negociaciones parciales, ceses al fuego, sometimientos judiciales y acuerdos de paz integrales.
La declaración de De la Espriella plantea un giro drástico respecto al modelo de “Paz Total” impulsado por el gobierno saliente de Gustavo Petro. Pero también revive una vieja pregunta que ha dividido al país por generaciones: ¿es posible apagar una guerra con más guerra?
El presidente electo fue más allá y cuestionó duramente la estrategia del gobierno actual. “La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es bochornosa y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la plaga y solo imperará la ley”, afirmó.
El lenguaje recuerda épocas pasadas. En Colombia, casi todos los presidentes han tenido que pronunciarse sobre la paz, y muchos han recurrido a ultimátums similares.
En 1982, Belisario Betancur fue el primero en romper el paradigma de la guerra permanente. Apostó por el diálogo con las FARC, el M-19 y el EPL. En 1984 firmó el Acuerdo de La Uribe con las FARC, que permitió un cese al fuego.
Pero el proceso terminó erosionado por asesinatos, persecuciones y la tragedia de la Unión Patriótica, partido político surgido de ese proceso. Más de 4.000 de sus militantes fueron asesinados entre los años ochenta y noventa, según informes de derechos humanos.
Aquella experiencia dejó una marca imborrable. El mensaje fue devastador: hacer política después de dejar las armas podía costar la vida.
El profesor universitario, Juvenal Bolívar, experto en comunicación política y conflicto, sostiene que esa herida histórica sigue condicionando cualquier negociación. “La memoria del exterminio de la Unión Patriótica sigue viva. Es uno de los mayores obstáculos simbólicos para cualquier grupo armado que piense en dejar las armas. La paz en Colombia no fracasa solo en la mesa; muchas veces fracasa después”, precisó.
En 1998 llegó otro gran experimento. Andrés Pastrana creó la zona de distensión del Caguán, una concesión territorial de 42.000 kilómetros cuadrados para dialogar con las FARC.
Durante cuatro años, el país observó un proceso que prometía ser histórico. Pero terminó convertido en un símbolo de frustración.
Mientras se negociaba, las FARC fortalecieron su aparato militar, incrementaron secuestros y expandieron su control territorial. Para 2002, la guerrilla tenía cerca de 20.000 combatientes activos.
Pastrana lanzó entonces una frase que hoy resuena con fuerza: “Se les acabó el tiempo”. Fue el fin del proceso. Y el inicio de una nueva fase de guerra.
Con Álvaro Uribe Vélez llegó la doctrina de la Seguridad Democrática. El Estado fortaleció la ofensiva militar y redujo significativamente indicadores de violencia.
Los secuestros pasaron de 3.572 casos en 2000 a menos de 300 en 2010. Los homicidios bajaron de 28.837 a 15.459 en ese mismo periodo. Las FARC perdieron comandantes clave y capacidad operativa.
Uribe repetía una idea constante: “A los terroristas no se les puede premiar”. Sin embargo, paradójicamente, sí negoció con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron más de 31.000 paramilitares. El proceso redujo estructuras, pero muchas mutaron en bandas criminales. Ese fenómeno dejó otra lección. La desmovilización sin transformación social puede ser apenas un reciclaje del crimen.
Luego llegó Juan Manuel Santos y con él el acuerdo más ambicioso de la historia moderna del país. En 2012 abrió conversaciones formales con las FARC en La Habana. Cuatro años después, el acuerdo fue firmado. Las cifras justificaban la urgencia.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto dejó más de 262.000 muertos hasta 2018. El Registro Único de Víctimas supera hoy los 9 millones de afectados.
Más de 13.000 excombatientes dejaron las armas como parte del acuerdo. Santos defendió la negociación con una frase histórica: “Prefiero una paz imperfecta a una guerra perfecta”.
El acuerdo incluyó reforma rural, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, justicia transicional y reparación de víctimas. Pero su implementación ha sido lenta. Apenas el 35% de los compromisos están plenamente cumplidos. Más de 480 firmantes del acuerdo han sido asesinados desde 2017. Y solo el 17,5% de los bienes prometidos para reparación han sido efectivamente entregados.
Para el excomisionado Sergio Jaramillo, uno de los arquitectos del acuerdo, ese retraso mina la confianza. “La paz no es solo firmar un papel; es construir Estado donde nunca existió”, expuso.
Ese vacío territorial es central. Hoy, según Indepaz, persisten al menos ocho conflictos regionales con presencia armada en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Arauca.
El ELN tiene aproximadamente 6.000 integrantes. Las disidencias de las FARC superan los 4.500. El Clan del Golfo cuenta con cerca de 7.000 hombres. Eso significa que Colombia enfrenta un ecosistema criminal fragmentado, mucho más complejo que el de hace una década.
El gobierno de Petro intentó enfrentarlo con la “Paz Total”. Su apuesta consistió en negociar simultáneamente con todos. El problema fue la simultaneidad. Mientras avanzaban mesas con el ELN y algunas disidencias, otros grupos aprovecharon para expandirse. El gasto estatal en esos procesos superó los 88.840 millones de pesos.
La Fundación Paz y Reconciliación reportó una caída del 25% en homicidios en zonas priorizadas, pero también un aumento del reclutamiento infantil y extorsiones en corredores estratégicos.
El analista Ariel Ávila resume esa contradicción. “La Paz Total redujo intensidad armada en algunos territorios, pero aumentó capacidad de reorganización criminal en otros”.
Y ahí entra el nuevo presidente electo. De la Espriella ha sido consistente en su discurso. Durante campaña dijo: “No puede haber curules para criminales ni premios para quienes han desangrado al país”. También anunció que revisará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y endurecerá condiciones para cualquier sometimiento.
Ese enfoque preocupa a sectores académicos. Juvenal Bolívar insiste en que la política de ultimátums tiene límites históricos. “Los ultimátums tienen eficacia mediática, pero rara vez producen paz estructural. Funcionan para consolidar autoridad, pero no necesariamente para desmontar economías ilegales”.
El profesor agrega otra idea clave: “Intentar apagar incendios con gasolina significa responder exclusivamente con coerción a problemas que nacieron de exclusión, desigualdad y abandono estatal. Eso puede contener, pero no resolver”.
El investigador Francisco Gutiérrez Sanín ha advertido algo similar. “Colombia ha tendido a confundir control militar con paz. Son cosas distintas”.
Las cifras respaldan esa lectura. Aunque los homicidios bajaron de forma importante entre 2002 y 2010, nunca desaparecieron las economías ilegales.
El narcotráfico sigue siendo el combustible principal. La ONU reportó que Colombia cerró 2024 con más de 253.000 hectáreas sembradas de coca. Ese mercado financia guerrillas, disidencias y mafias. Mientras exista, cualquier proceso será parcial.
El dilema entonces es profundo. Si De la Espriella cumple su ultimátum y cierra todas las puertas de negociación, podría fortalecer la ofensiva militar y recuperar control territorial. Pero también podría provocar reconfiguraciones violentas. Si abre espacios de sometimiento, enfrentará críticas de quienes consideran que negociar es premiar criminales.
La historia colombiana demuestra que no existe fórmula perfecta. Betancur abrió puertas y terminó viendo sangre. Pastrana apostó por el diálogo y recibió humillación política. Uribe ganó militarmente, pero no extinguió el conflicto. Santos firmó la paz más importante del continente, pero dejó una implementación incompleta. Petro amplió el modelo y encontró dispersión criminal.
Ahora De la Espriella recibe un país fragmentado. Uno donde la paz sigue siendo una obra inconclusa. Su frase de campaña y ahora de gobierno resume su visión: “En la era del tigre solo imperará la ley”.
Pero la gran pregunta persiste. ¿Puede la ley imponerse sola en territorios donde el Estado nunca ha llegado? Colombia vuelve a estar frente al espejo de su propia historia. Y esa historia enseña algo incómodo: negociar puede ser riesgoso, pero renunciar completamente a la negociación también puede costar vidas.
En un país que ha enterrado más de 260.000 muertos por la guerra, cada palabra presidencial pesa. Cada ultimátum también. Porque en Colombia, la paz nunca ha sido solo un discurso. Ha sido, literalmente, una cuestión de supervivencia.
