Cada cuatro años Colombia entra en una especie de ritual democrático que mezcla esperanza, costumbre, estrategia y supervivencia política. El país vuelve a dividirse entre campañas, discursos, colores, banderas y promesas; mientras millones de ciudadanos intentan decidir quién gobernará la nación durante el siguiente cuatrienio. Pero detrás de esa aparente fiesta democrática también existe una estructura profundamente arraigada de acuerdos políticos, intereses económicos y repartición de poder que históricamente ha definido la manera como se hace política en Colombia.
Por: María Adalgiza Velásquez| No es un secreto para nadie que las campañas electorales no solo movilizan ideales; también movilizan maquinarias, contratos, alianzas y compromisos burocráticos. Muchos sectores políticos entienden las elecciones como una inversión: se apoyan candidaturas con votos, dinero y estructuras territoriales, esperando posteriormente participación en el gobierno de turno. Lo preocupante no es únicamente que ocurra, sino que gran parte de la sociedad haya terminado aceptándolo como algo “normal”.
Y es precisamente ahí donde surge la pregunta incómoda pero necesaria:
¿qué significa realmente esa palabra “normal”?
¿Normalizar la politiquería convierte lo incorrecto en correcto?
¿O simplemente revela el nivel de resignación colectiva al que ha llegado la sociedad colombiana?
Durante décadas el país fue gobernado bajo una lógica bipartidista y posteriormente bajo coaliciones que, aunque cambiaban de nombre, mantenían intactas muchas prácticas de poder. Hoy vemos nuevamente cómo la derecha intenta reinventarse discursivamente, apelando a nuevas figuras, nuevos rostros y narrativas más moderadas para conectar con una ciudadanía cansada de la confrontación abierta.
Una derecha vestida de “mujer”, que intenta proyectarse como una mansa “paloma” de reconciliación y sensatez, pero detrás de esa imagen persiste una estructura política que gobernó durante décadas bajo la sombra de un liderazgo fuerte, vertical y profundamente polarizante. Un proyecto político que consolidó poder desde el discurso de la llamada “Seguridad Democrática”, presentada como la solución definitiva al conflicto, aunque en la práctica muchas veces significó militarización, persecución ideológica y profundización de heridas sociales aún abiertas.
Porque el conflicto colombiano no nació únicamente de la existencia de grupos armados ilegales. El conflicto también fue incubado desde el abandono estatal, la desigualdad histórica, la concentración de la tierra, la corrupción política y las decisiones de élites económicas y dirigentes que durante años gobernaron de espaldas al pueblo. La violencia no solo se ordenó desde la clandestinidad; también se legitimó desde escritorios oficiales, desde sectores políticos tradicionales, desde clubes sociales donde se decidía el destino de regiones enteras sin escuchar jamás a las comunidades.
Por eso resulta preocupante observar cómo ciertos sectores pretenden venderse hoy como “centro”, cuando en realidad representan continuidades maquilladas. El llamado “centro” en Colombia muchas veces ha sido el refugio discursivo de quienes no quieren asumir posiciones claras frente a las profundas desigualdades del país. Son los famosos “ni fu, ni fa”: ni de derecha, ni de izquierda; ni responsables del pasado, ni comprometidos del todo con transformar el futuro.
Pero la neutralidad política, en sociedades marcadas por la injusticia, termina favoreciendo casi siempre al poder históricamente dominante.
No se trata de afirmar que toda la derecha es enemiga del pueblo o que toda la izquierda representa automáticamente la salvación para el pueblo. Sería una visión simplista y peligrosa. La democracia necesita debate, pluralidad y contradicción. Sin embargo, sí es necesario exigir coherencia histórica y honestidad política. Un país sin memoria está condenado a repetir sus tragedias.
Hoy Colombia vive un momento de transición política y cultural. Sectores históricamente excluidos —mujeres, jóvenes, campesinos, comunidades étnicas, trabajadores y movimientos sociales— han comenzado a disputar escenarios de poder que antes estaban reservados para las mismas familias y apellidos de siempre. Y eso incomoda profundamente a quienes durante décadas administraron el país como si fuese una propiedad privada.
Las elecciones de 2026 no serán simplemente una disputa entre candidatos; serán un choque entre modelos de país. Entre quienes desean mantener intactas las estructuras tradicionales de privilegio y quienes consideran urgente avanzar hacia una democracia más incluyente y socialmente justa.
El gran desafío para la ciudadanía será no dejarse seducir únicamente por discursos emocionales, campañas mediáticas o figuras cuidadosamente construidas para aparentar moderación y cambio. Colombia necesita más que marketing político: necesita conciencia crítica.
Porque al final, más peligroso que una derecha radical o una izquierda dogmática, puede ser una sociedad indiferente, resignada o atrapada en el cómodo terreno del “ni fu, ni fa”, donde nada cambia realmente y todo termina beneficiando a los mismos de siempre.
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Socióloga – Lideresa social-política- feminista – Gestora social
Consejera nacional – Distrital
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