En diciembre de 2024, un operativo en Guatemala separó a 160 niños de la comunidad judía ultraortodoxa Lev Tahor por presuntos abusos. Hoy, familiares denuncian que en los albergues sufrieron violencia, incluidos casos de agresión sexual, lo que reabre el debate sobre derechos humanos y protección infantil en el país.
La comunidad judía ultraortodoxa Lev Tahor vuelve a estar en el centro de la polémica internacional. En diciembre de 2024, un operativo de gran magnitud realizado en la aldea El Amatillo, departamento de Santa Rosa, separó a 160 niñas, niños y adolescentes de sus familias, bajo la sospecha de que estaban siendo víctimas de abusos sexuales dentro de la misma agrupación.
El operativo, liderado por la fuerza pública y entidades de protección de la niñez, se convirtió en uno de los escándalos más sonados en la prensa internacional. Las autoridades guatemaltecas aseguraron que la intervención buscaba proteger a los menores y evitar que continuaran siendo víctimas de agresiones. Sin embargo, más de un año después, las denuncias de familiares y defensores de derechos humanos apuntan a que los niños habrían sufrido violencia en los albergues donde fueron trasladados, incluyendo al menos dos casos de agresión sexual.
La situación ha generado un intenso debate sobre la capacidad del Estado guatemalteco para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores bajo su custodia. Organizaciones internacionales han cuestionado los protocolos de atención y han pedido investigaciones independientes que determinen si hubo negligencia o responsabilidad institucional en los hechos denunciados.
El operativo también incluyó la emisión de una orden de captura contra un salvadoreño de 24 años, señalado como presunto líder de Lev Tahor en Guatemala. Cuatro adolescentes que lograron escapar de la comunidad lo denunciaron ante el Ministerio Público por supuestos delitos sexuales, lo que reforzó la decisión de las autoridades de intervenir.
Lev Tahor, fundada en Israel en la década de 1980, ha sido objeto de controversias en varios países por sus prácticas religiosas extremas y denuncias de abusos contra menores. La llegada de la comunidad a Guatemala hace más de una década generó tensiones con las autoridades locales, que en varias ocasiones han intentado regular su presencia en el país.
Los familiares de los niños insisten en que la separación fue traumática y que, lejos de protegerlos, los albergues se convirtieron en escenarios de nuevas vulneraciones. “Se suponía que iban a estar seguros, pero lo que pasó fue lo contrario”, señalaron algunos de ellos en declaraciones recogidas por medios internacionales.
El caso ha reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de protección infantil en Guatemala y de garantizar que las medidas de rescate no se conviertan en nuevas formas de violencia. La comunidad internacional observa con atención, mientras las víctimas y sus familias esperan justicia y reparación.
El futuro de los niños de Lev Tahor sigue siendo incierto. Lo que comenzó como un operativo para protegerlos ha derivado en un complejo entramado de denuncias, procesos judiciales y cuestionamientos éticos que ponen en evidencia las debilidades institucionales y la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de la infancia.
