En Barrancabermeja llevamos años conviviendo con un problema que creció en silencio hasta hacerse imposible de ignorar. No apareció de un día para otro ni se explica por un hecho puntual. Es el resultado de una suma peligrosa: abandono social, decisiones aplazadas y una institucionalidad que prefirió administrar la incomodidad antes que enfrentar el fondo del asunto. Hoy, ese problema tiene nombre y rostro: habitantes de calle en el corazón de la ciudad.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga |
Las recientes protestas de padres de familia en corredores estudiantiles no deben analizarse como un hecho aislado ni como una reacción exagerada. Son una señal de alarma tardía. Cuando una comunidad llega al punto de bloquear vías y exigir respuestas públicas, es porque los canales normales dejaron de funcionar. Nadie protesta por gusto. Se protesta cuando el miedo se vuelve cotidiano y la incertidumbre se normaliza.
Durante años, Barrancabermeja ha observado cómo la presencia de habitantes de calle se fue desplazando desde zonas periféricas hacia sectores estratégicos: áreas comerciales, parques, entornos escolares y corredores de alto tránsito. Este desplazamiento no fue accidental. Ocurrió porque no existió una política pública sostenida que abordara el fenómeno de manera integral. Se actuó por episodios, no por procesos. Se respondió al escándalo, no a la causa.
Hoy, el conflicto ya no es solo social: es urbano.
Es importante decirlo con claridad: el problema no son las personas en condición de calle por sí mismas. El verdadero problema es cómo la ciudad decidió relacionarse con esa realidad. Barrancabermeja no construyó rutas claras de atención, no garantizó continuidad institucional y no articuló seguridad, salud y desarrollo social en una estrategia coherente. El resultado es predecible: desorden, tensión y choque entre poblaciones vulnerables.
Porque aquí hay dos vulnerabilidades enfrentadas.
Por un lado, personas que viven en la calle, muchas con problemas de salud mental, adicciones o rupturas familiares profundas. Por otro, niños, niñas y adolescentes que deben atravesar a diario espacios convertidos en focos de riesgo. Cuando el Estado se ausenta, estas dos realidades colisionan. Y cuando eso ocurre, la ciudad falla.
El discurso fácil suele caer en extremos: o se acusa a los padres de “intolerantes”, o se exige “mano dura” sin matices. Ambos enfoques son pobres y peligrosos. La realidad es más compleja y exige madurez política. No se trata de estigmatizar ni de esconder el problema debajo de la alfombra. Se trata de asumir que la falta de decisiones también es una decisión, y sus consecuencias ya están a la vista.
El error de gobernar con parches.
Barrancabermeja ha insistido durante años en una forma equivocada de enfrentar los conflictos urbanos: operativos temporales, anuncios rimbombantes, jornadas relámpago y promesas de seguimiento. Todo eso sirve para la foto, pero no para la solución. El problema de los habitantes de calle no se resuelve desplazándolos de un barrio a otro, porque eso solo traslada el conflicto.
Cada vez que se “limpia” un sector sin una ruta social real, el problema reaparece en otro punto de la ciudad. Cada vez que se anuncia una intervención sin continuidad, se pierde credibilidad. Cada vez que se responde tarde, se acumula rabia.
Hoy, los padres protestan. Mañana protestarán los comerciantes. Pasado mañana, otro barrio. El patrón ya lo conocemos.
Uno de los errores más repetidos en este debate es presentar la situación como una disputa moral entre seguridad y derechos humanos. Esa narrativa es falsa. Proteger a los estudiantes no vulnera la dignidad de nadie. Y garantizar atención real a habitantes de calle no debilita la autoridad. Al contrario: una ciudad que protege a sus niños y atiende a sus excluidos fortalece su legitimidad.
Lo indigno es permitir que personas vivan en condiciones infrahumanas a la intemperie.
Lo injusto es obligar a estudiantes a normalizar el miedo como parte del trayecto escolar.
Lo irresponsable es fingir que una cosa se resuelve sacrificando la otra.
Barrancabermeja necesita entender que los conflictos urbanos no se resuelven con discursos morales, sino con políticas públicas serias, sostenidas y evaluables.
Las protestas actuales no son el inicio del problema; son la consecuencia de no haber actuado cuando aún era manejable. Hoy, la tensión social es mayor porque el desgaste institucional es profundo. La gente ya no cree en anuncios. Cree en hechos. Y cuando esos hechos no llegan, la presión aumenta.
El costo de llegar tarde no lo paga la administración de turno; lo paga la ciudad. Lo pagan los niños que cambian de ruta para evitar un sector inseguro. Lo pagan los comerciantes que pierden clientes. Lo pagan los mismos habitantes de calle, que quedan atrapados entre operativos, rechazo social y abandono estructural.
¿Qué necesita realmente Barrancabermeja?
No necesita más diagnósticos.
No necesita más comunicados.
No necesita más mesas sin decisiones.
Barrancabermeja necesita una política integral que incluya, como mínimo:
- Zonas escolares con control permanente y no intermitente.
- Programas reales de atención, rehabilitación y reintegración social para habitantes de calle.
- Coordinación efectiva entre seguridad, salud, desarrollo social y planeación.
- Recuperación del espacio público con mantenimiento constante.
- Presupuesto, seguimiento y voluntad política para sostener decisiones difíciles.
Nada de esto es sencillo. Pero gobernar nunca lo ha sido. Y evadir el problema solo lo hace más costoso.
Los padres que hoy alzan la voz no están rompiendo la convivencia; están reclamando algo elemental: seguridad, presencia institucional y decisiones claras. Ignorarlos sería repetir el mismo error que nos trajo hasta aquí.
Este no es un problema nuevo. Lo nuevo es que ya no se puede seguir aplazando.
Barrancabermeja llegó a un punto donde el abandono social se transformó en conflicto urbano. Y cuando eso ocurre, la neutralidad no existe: o se gobierna, o se deja que la crisis gobierne sola.
La ciudad ya habló.
Ahora le toca responder a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
