Cuidar la vida en Santander se volvió un acto cotidiano de resistencia comunitaria, marcado por el dolor, la memoria y la esperanza compartida.
Por: Elbert Vargas Cubides | Este texto nace del territorio y para el territorio. Nace de escuchar a la gente en barrios, comunas y veredas donde la violencia dejó de ser una noticia lejana para convertirse en una realidad que se siente en cada puerta cerrada, en cada madre que no duerme, en cada niño que camina más despacio. En Santander, y de manera especial en el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga, la disputa por el control territorial asociada al microtráfico es una herida abierta que atraviesa familias, calles y generaciones. No son cifras frías. Son vidas truncadas, jóvenes que no regresan a casa y comunidades que aprenden a vivir con miedo.
Las cifras ayudan a entender la profundidad del problema, aunque nunca definan el dolor. Según la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 Santander cerró con una tasa de homicidios de 18,54 por cada cien mil habitantes, una de las más altas registradas en el oriente colombiano y equivalente a cientos de nombres que un día fueron abrazos y proyectos de vida. En 2024, los reportes de seguridad indicaron que el departamento registró 484 homicidios, muchos de ellos vinculados a disputas territoriales y dinámicas del crimen organizado que no se resuelven por decreto. En lo que va de 2025, las cifras preliminares muestran que esta tendencia no ha sido revertida, y sectores urbanos como Floridablanca, Girón y Piedecuesta siguen sintiendo el zumbido persistente del sicariato en las calles, una violencia que se mezcla con la vida cotidiana.
Detrás de cada número hay un rostro. En el Magdalena Medio, región históricamente golpeada por la violencia, Barrancabermeja ha visto cómo la disputa por territorios y economías ilegales traduce las tensiones en violencia cotidiana. Las comunidades saben que cada homicidio tiene una historia, una madre que ya no volverá a escuchar una palabra de cariño, un padre que deja un hogar sin explicación, una familia que aprende sin querer lo que significa la ausencia.
El área metropolitana de Bucaramanga no es ajena a esta realidad. Floridablanca, que durante años fue presentada como ejemplo de tranquilidad, vivió episodios que desnudan la fragilidad del discurso oficial de seguridad. Hechos de violencia extrema en sectores donde la gente trabaja, estudia y sueña muestran que los balances favorables no siempre coinciden con lo que se escucha en las calles, en las esquinas, en los ojos de quien ha perdido un hijo o un hermano.
El microtráfico no solo mata con balas. Mata con adicción, con desesperanza y con exclusión. Jóvenes atrapados en redes de consumo y distribución pierden proyectos de vida antes de tenerlos claros. Familias enteras cargan el estigma y el dolor. En barrios populares la frontera entre víctima y victimario se vuelve difusa, porque muchas veces el contexto empuja a caminos sin retorno y la sociedad se pregunta qué queda por hacer.
Reconocer la magnitud del problema no es atacar a las instituciones. Es asumir una responsabilidad colectiva. Durante años la narrativa oficial ha insistido en mostrar indicadores de seguridad, mientras en los territorios la percepción es otra. La gente siente miedo, ajusta horarios, cambia rutinas y aprende a callar. Esa distancia entre discurso y realidad erosiona la confianza y deja a las comunidades solas frente a la violencia.
Santander es un departamento diverso, con siete provincias que viven realidades distintas, pero comparten una preocupación común por la vida. Barbosa, Vélez, el sur del departamento, el Magdalena Medio y el área metropolitana comparten una sensación de abandono frente a un fenómeno que se expande. No se trata de señalar culpables con nombre propio, sino de entender que el control territorial y el microtráfico están reorganizando la violencia de forma silenciosa y constante.
Hablar de cifras sirve para dimensionar el problema, pero nunca puede ser el final de la conversación. Cada homicidio es una historia interrumpida. Cada adicto es una vida que pudo ser distinta con oportunidades reales. Cada familia afectada es un recordatorio de que la seguridad no se mide solo en estadísticas, sino en la posibilidad de vivir sin miedo.
La respuesta no puede limitarse a operativos esporádicos ni a discursos tranquilizadores. Se necesita presencia integral del Estado, inversión social sostenida y un compromiso real con la prevención. La comunidad organizada ha demostrado que, incluso en medio del dolor, sigue apostándole a la vida, al cuidado mutuo y a la dignidad.
El Magdalena Medio y Santander no pueden seguir normalizando la muerte. Nombrar la realidad con honestidad es el primer paso para transformarla. Defender la vida, hoy, es escuchar a las comunidades, reconocer su dolor y actuar con responsabilidad. Callar o maquillar las cifras solo prolonga una violencia que ya ha cobrado demasiado.
Fuentes
Policía Nacional de Colombia
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Observatorios de Seguridad Ciudadana de Santander
Informes de seguridad ciudadana 2023, 2024 y reportes preliminares de 2025
Medios regionales de Santander
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Presidente de la Asociación Anvicfim, columnista de Río Grande y autor del libro «Colombia grita justicia al mundo».
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