Ecopetrol evalúa rutas alternas para exportar crudo tras el arancel del 900% que Ecuador impuso al uso del oleoducto Sote, una medida que disparó los costos de transporte y abrió un pulso diplomático, jurídico y logístico con impactos directos sobre la competitividad petrolera colombiana actual.
La decisión del gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 900% al transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) encendió las alarmas en el sector energético regional y obligó a Ecopetrol a replantear su estrategia logística de exportación. El incremento, que elevó la tarifa de US$3 a cerca de US$30 por barril, comenzó a regir el pasado 23 de enero y afecta de manera directa los costos operativos de la petrolera estatal colombiana.
Actualmente, Ecopetrol transporta por el Sote entre 8.500 y 10.000 barriles diarios de crudo, de los cerca de 30.000 que moviliza esa infraestructura operada por Petroecuador. Aunque el volumen no representa la totalidad del flujo del oleoducto, sí es estratégico para la salida del crudo colombiano hacia mercados internacionales por el Pacífico.
El presidente del Grupo Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, calificó la medida ecuatoriana como una decisión de alto impacto económico. “El incremento arancelario implica afectaciones costosísimas para el transporte del crudo colombiano”, aseguró, al explicar que la compañía tenía una tarifa previamente negociada de US$2,7 por barril, que ahora se torna inviable desde el punto de vista financiero.
Frente a este escenario, la petrolera evalúa varias alternativas. Una de ellas es la reactivación del Oleoducto Trasandino, infraestructura que históricamente ha permitido el transporte de crudo entre Colombia y el Pacífico. Sin embargo, Roa advirtió que esta opción no es inmediata. “Es una alternativa que va a tomar meses y que además requiere invertir unos 20 millones de dólares en una zona de alto conflicto”, señaló, en referencia a las dificultades de orden público y social en el suroccidente del país.
A estas complejidades se suma un obstáculo jurídico. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-390 de 2025, ordenó a Ecopetrol no reactivar el Oleoducto Trasandino hasta que se cumpla una serie de exigencias de protección a las comunidades indígenas Awá, en el departamento de Nariño. El fallo también exige estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para un eventual nuevo trazado que no afecte a estas comunidades.
Ante ello, Roa Barragán no descartó solicitar al alto tribunal que module el alcance de la sentencia. “Estamos analizando la posibilidad de pedir una modulación del fallo, entendiendo la magnitud del impacto económico que hoy enfrenta la compañía”, explicó el directivo, al tiempo que reiteró el respeto de Ecopetrol por las decisiones judiciales y los derechos de las comunidades.
Otra alternativa sobre la mesa es utilizar infraestructura propia dentro de Colombia. El plan contempla transportar el crudo por vía terrestre desde zonas como Babillas, Guaduas y Vasconia hasta el Oleoducto Central (ODC), y desde allí enviarlo a Coveñas para su exportación por el Caribe. Esta opción, aunque más costosa que la tarifa original en Ecuador, resulta significativamente más barata que el nuevo arancel impuesto.
“Esta operación tendría una tarifa estimada entre 12 y 15 dólares por barril”, detalló Roa, al explicar que implicaría una logística compleja, incluida la contratación de cerca de 150 camiones para movilizar el crudo hasta el ODC. El aumento en costos sería relevante, pero permitiría mantener la continuidad de las exportaciones.
En el plano internacional, Ecopetrol también evalúa acciones jurídicas. El presidente de la compañía no descartó acudir al tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena, marco fundacional de la Comunidad Andina de Naciones. Según Roa, esta vía buscaría evitar “la afectación económica grave por la restricción al libre comercio de un energético estratégico para Colombia”.
Pese a estas opciones, la petrolera insiste en que la salida ideal es diplomática. “Vamos a trabajar de manera articulada con la Cancillería y el Ministerio de Minas y Energía, esperando que esta situación se resuelva por la vía diplomática”, afirmó Roa Barragán. El mensaje apunta a preservar las relaciones bilaterales con Ecuador y evitar una escalada del conflicto comercial.
El episodio revela la fragilidad de la integración energética regional y la dependencia de infraestructuras compartidas. También pone en evidencia cómo decisiones unilaterales pueden alterar de forma abrupta la ecuación de costos de un sector clave para la economía colombiana, obligando a la principal empresa del país a rediseñar, contrarreloj, su mapa de exportación de crudo.
