En medio de la salida de su director y a las puertas de la ley de garantías, la Unidad de Víctimas aceptó la renuncia de seis altos funcionarios. Sin embargo, varios reaparecieron en cargos de mayor jerarquía, desatando alertas por presiones políticas, rotaciones internas y riesgos para la atención a las víctimas.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atraviesa una de las coyunturas más delicadas de los últimos años. A la ya compleja misión de garantizar derechos, administrar uno de los presupuestos sociales más sensibles del Estado y responder a crisis humanitarias persistentes, se suma ahora una inestabilidad directiva que ha encendido las alarmas de los organismos de control y del propio alto tribunal constitucional.
En menos de 24 horas, la entidad aceptó la renuncia de seis funcionarios de alto nivel, entre directores, subdirectores y asesores estratégicos. El movimiento ocurrió pocos días después de la declaratoria de insubsistencia del entonces director Adith Romero y en vísperas del inicio de la ley de garantías, que limita los nombramientos y la contratación estatal en época preelectoral.
Lo que parecía un remezón administrativo terminó revelando una trama más compleja: varios de los funcionarios que supuestamente salieron de la entidad reaparecieron casi de inmediato postulados para cargos de mayor jerarquía dentro de la misma Unidad, según registros del portal oficial de aspirantes de la Presidencia.
La Resolución 0062 del 26 de enero de 2026 formalizó la aceptación de las renuncias de Sergio Andrés Agón Martínez, director técnico de Reparación; Mónica Katerine Gómez Jiménez, subdirectora técnica de Reparación Individual; Heryck Fabián Agudelo Mendieta, subdirector de Reparación Colectiva; Alexander Alvarado Paternina y Jesús Miguel García Castillejo, asesores; y Marta Rodríguez Sánchez, directora territorial de Córdoba.
Todos ocupaban cargos neurálgicos para el funcionamiento misional de la entidad. Sin embargo, una revisión posterior de los registros oficiales mostró que al menos tres de ellos no abandonaron realmente la estructura administrativa. Por el contrario, sus hojas de vida fueron republicadas horas después para nuevos cargos, algunos de mayor nivel.
El caso más evidente es el de Mónica Katerine Gómez Jiménez. Aunque su renuncia fue aceptada como subdirectora técnica, su hoja de vida reapareció el 27 de enero postulada para un cargo de directora técnica, código 100, grado 23, en la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Se trata de una dependencia con mayor peso jerárquico y con incidencia directa en la atención humanitaria y la ejecución presupuestal.
“Más que una salida, fue un ascenso encubierto”, señaló una fuente interna que pidió reserva por temor a represalias. “Se mueve la ficha, pero se mantiene el control”.
Reubicaciones estratégicas
Un patrón similar se repite con Jesús Miguel García Castillejo. Aunque figuró entre los asesores cuya renuncia fue aceptada, su hoja de vida volvió a publicarse como aspirante a un cargo de asesor grado 15, adscrito nuevamente a la Unidad para las Víctimas. Fuentes internas sostienen que no se trata de un simple traslado administrativo, sino de una reubicación estratégica que le permite conservar influencia dentro del reacomodo directivo.
Otro movimiento que despertó inquietud fue el de Heryck Fabián Agudelo Mendieta, quien pasó de la Subdirección de Reparación Colectiva a la Subdirección de Registro. Esta última es considerada una de las dependencias más sensibles de la entidad, al concentrar el control sobre la información del sistema nacional de víctimas.
“La Subdirección de Registro es clave porque define quién es víctima, qué derechos tiene y en qué momento”, explicó un exfuncionario de la Unidad. “Mover allí a alguien del círculo cercano de la dirección saliente no es un detalle menor”.
Fuentes consultadas dentro de la entidad aseguran que los funcionarios rotados hacen parte del círculo cercano de Adith Romero y mantienen vínculos políticos con los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno, antes del partido En Marcha y ahora en Alianza Verde. Ambos han sido señalados, de manera reiterada, como actores con influencia decisiva en la Unidad para las Víctimas.
Según estas versiones, el reacomodo administrativo habría buscado asegurar posiciones clave antes de que la ley de garantías limitara cualquier nuevo nombramiento. “Había afán. Se sabía que venían restricciones y que el control de ciertas áreas no podía quedar en manos de una nueva dirección”, afirmó otra fuente con conocimiento del proceso.
Este escenario se suma a denuncias previas sobre presiones políticas y presuntas irregularidades en la contratación de recursos destinados a la atención de víctimas, reveladas recientemente por el medio Colombia+20.
La advertencia de la Corte Constitucional
La inestabilidad en la cúpula de la Unidad no pasó inadvertida para la Corte Constitucional. A través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, el tribunal advirtió que la reiterada rotación en la dirección representa un riesgo serio para la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada.
“Esta salida se suma a la de otras dos directoras en los últimos tres años y a otros nombramientos de directores en encargo”, señaló la Sala en un comunicado emitido el 27 de enero. Y agregó: “La reiterada rotación en la dirección de la Unidad constituye un motivo de seria preocupación por el impacto que puede tener en los esfuerzos estatales para garantizar oportunamente los derechos de las víctimas de la violencia y superar el estado de cosas inconstitucional”.
El tribunal también alertó que los cambios frecuentes afectan la continuidad de las políticas públicas, debilitan la confianza institucional y reducen la capacidad del Estado para responder a crisis humanitarias, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde la presión sobre la atención humanitaria es constante.
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al Gobierno nacional frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y contractuales dentro de la Unidad de Víctimas. El organismo reclamó claridad sobre el manejo de una entidad que concentra uno de los presupuestos sociales más altos y sensibles del Estado colombiano.
Para la Defensoría, la transparencia en los procesos de nombramiento y contratación es fundamental no solo para garantizar el uso adecuado de los recursos, sino para preservar la confianza de las víctimas en una institucionalidad históricamente cuestionada.
La respuesta oficial
Ante el creciente ruido mediático y las advertencias de los entes de control, la Unidad para las Víctimas emitió un comunicado en el que rechazó “categóricamente” los señalamientos. “Hasta la fecha, se han atendido los requerimientos realizados por los entes de control sobre estas denuncias que carecen de sustento”, señaló el documento, sin aportar pruebas concretas.
En el resto del pronunciamiento, la entidad defendió la gestión del actual gobierno, destacando que durante el mandato del presidente Gustavo Petro se han indemnizado más de 693.000 víctimas, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo. También subrayó que el despliegue de personal responde a la necesidad de garantizar atención humanitaria y reparación integral en todo el territorio nacional, e incluyó cifras sobre la atención en el Catatumbo.
Sin embargo, el comunicado omitió responder de fondo a las denuncias sobre presiones políticas, rotaciones aceleradas y posibles maniobras para eludir las restricciones de la ley de garantías.
El reacomodo en la Unidad de Víctimas no es un hecho aislado. En el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al menos 30 personas habrían salido de sus cargos en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales, lo que generó alertas por la oportunidad y el alcance de esas decisiones. Situaciones similares han sido denunciadas en la Cancillería, donde también se registraron cambios administrativos y contractuales de última hora.
Estos movimientos revelan un patrón de ajustes acelerados en el Ejecutivo, orientados a asegurar cuotas de poder antes del cierre institucional que impone la ley de garantías. Más allá de los nombres y los cargos, lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar derechos a más de nueve millones de víctimas del conflicto armado. La rotación permanente, los ascensos silenciosos y las disputas políticas internas amenazan con convertir a la Unidad de Víctimas en un escenario de pugnas burocráticas, en detrimento de su misión central.
Mientras los organismos de control mantienen la lupa sobre la entidad y se acerca el periodo electoral, la pregunta sigue abierta: ¿quién controla realmente la Unidad de Víctimas y con qué costos para quienes esperan verdad, reparación y garantías de no repetición?
