La Corte Constitucional reiteró que EPS e IPS no pueden imponer barreras administrativas que retrasen la atención en salud, especialmente para adultos mayores, cuidadores y personas en condición de vulnerabilidad. Dos recientes fallos subrayan la obligación de garantizar servicios oportunos, completos y dignos, reforzando la protección de derechos fundamentales en Colombia.
La Corte Constitucional lanzó una advertencia contundente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), recordando que las barreras administrativas no pueden convertirse en obstáculos para garantizar el acceso oportuno a la atención médica. En dos decisiones recientes, el alto tribunal enfatizó la necesidad de proteger de manera especial a los adultos mayores, cuidadores y personas con discapacidad.
El primer caso analizado por la Corte involucró a una mujer de 70 años con múltiples enfermedades crónicas, hospitalizada en una institución de salud. Durante el proceso judicial se informó su fallecimiento, lo que llevó a declarar la carencia actual de objeto. Sin embargo, el tribunal revisó la actuación de la EPS y la IPS responsables, al evidenciar que no se practicó un procedimiento de hemodinamia ordenado por el médico tratante. La Corte advirtió que las demoras derivadas de trámites administrativos no pueden anteponerse a la urgencia clínica de los pacientes.
En el segundo caso, la Corte protegió los derechos de una mujer de 71 años que fue desafiliada de un régimen especial de salud tras una valoración económica. La decisión afectó no solo su acceso a servicios médicos, sino también su rol como cuidadora principal de un hijo en condición de discapacidad. El tribunal concluyó que la desafiliación desconoció su realidad socioeconómica y vulneró derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y la vida digna.
Ambas decisiones transmiten un mensaje institucional claro: los trámites administrativos no deben retrasar ni impedir la atención en salud. La Corte recordó que las EPS deben garantizar redes de prestación con capacidad suficiente y que las remisiones entre instituciones no pueden convertirse en un obstáculo. Además, insistió en que las IPS mantienen el deber de cuidado mientras se concreta la recepción de pacientes, especialmente tratándose de adultos mayores.
El tribunal también exhortó a las entidades a incorporar un enfoque de equidad de género y no discriminación en sus decisiones administrativas. En el caso de la mujer desafiliada, la Corte destacó que se invisibilizó su rol de cuidadora, lo que impactó directamente en la relación de cuidado y en su bienestar.
La advertencia se extiende a todos los actores del sistema de salud, incluidos regímenes especiales y jueces de instancia, quienes deben garantizar que las decisiones administrativas correspondan a la realidad socioeconómica de las personas y no se conviertan en medidas desproporcionadas.
