El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, con el cual se elimina la prima especial de servicios para congresistas. Esta medida, vigente desde 2013, se adoptó para garantizar austeridad, equidad y sostenibilidad fiscal, ajustando el régimen salarial sin vulnerar derechos adquiridos ni garantías constitucionales.
El Gobierno Nacional anunció la eliminación de la prima especial de servicios para congresistas, un beneficio creado en 2013 mediante el Decreto 2170 y que se pagaba mensualmente junto con la asignación salarial. En su inicio, el valor de la prima fue de $7.898.445 pesos, y tras sucesivos reajustes anuales, alcanzó en 2026 cerca de $16 millones mensuales.
La decisión se formalizó a través del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro. Según el documento, la medida se enmarca en las facultades constitucionales del Ejecutivo y en la Ley 4ª de 1992, que regula el régimen salarial de los servidores públicos.
El Gobierno argumentó que la prima resultaba desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y la realidad económica del país, por lo que era necesario adoptar medidas de austeridad que garantizaran la racionalidad del gasto público y la transparencia en la gestión estatal.
El decreto establece que la eliminación de la prima tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se ajustará oficialmente el régimen salarial de los congresistas. Asimismo, señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública será el organismo competente para conceptuar en materia salarial y prestacional.
La medida ha generado un amplio debate en la opinión pública. Para algunos sectores, representa un paso importante hacia la equidad y la sostenibilidad fiscal, mientras que otros advierten que podría generar tensiones entre el Gobierno y el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la derogatoria no desconoce derechos adquiridos ni garantías constitucionales de los legisladores.
La prima especial fue creada como un mecanismo adicional de remuneración para los congresistas, pero con el paso de los años se convirtió en un símbolo de desigualdad frente a los ingresos de la mayoría de los colombianos. Su eliminación busca enviar un mensaje de responsabilidad y coherencia en el manejo de los recursos públicos.
