La Procuraduría General de la Nación exigió a los alcaldes y alcaldesas del departamento del Cesar reforzar las medidas de control y regulación de la propaganda electoral en espacios públicos, con el fin de garantizar igualdad de condiciones y prevenir abusos durante las campañas políticas.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la circular 011 de 2025, requirió a los mandatarios locales del departamento del Cesar para que fortalezcan las acciones administrativas de regulación y vigilancia de la propaganda electoral. El llamado busca asegurar que el uso del espacio público durante las campañas políticas se realice de manera ordenada, transparente y equitativa.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, subrayó que las autoridades territoriales deben garantizar condiciones de igualdad para todos los actores políticos, evitando que la publicidad exterior visual se convierta en un factor de desorden o favorezca indebidamente a determinados candidatos.
Objetivos principales
- Prevenir el abuso del espacio público mediante la instalación indiscriminada de vallas, pasacalles y afiches.
- Garantizar la equidad electoral, evitando ventajas indebidas para ciertos partidos o movimientos.
- Fortalecer la vigilancia administrativa, con revisiones periódicas de la propaganda instalada.
- Cumplir la normatividad vigente, especialmente en lo relacionado con la publicidad exterior visual.
Implicaciones para los municipios del Cesar
La instrucción de la Procuraduría implica que los alcaldes deberán:
- Implementar planes de control territorial sobre la propaganda política.
- Coordinar con las oficinas de planeación y autoridades de tránsito para retirar elementos que incumplan la norma.
- Establecer canales de denuncia ciudadana para reportar irregularidades.
- Promover campañas de sensibilización sobre el uso responsable del espacio público.
Estas medidas se enmarcan en el proceso electoral de 2026, que incluye elecciones para Senado, Cámara de Representantes y Presidencia de la República. El contexto preelectoral exige mayor vigilancia para evitar que la propaganda se convierta en un foco de conflicto o desorden.
Diversos sectores han respaldado la decisión de la Procuraduría, señalando que el abuso de la propaganda electoral ha sido una constante en procesos anteriores, generando contaminación visual y desigualdad en la competencia política. Organizaciones civiles han destacado la importancia de que los alcaldes actúen con firmeza para garantizar un ambiente democrático más justo.
Por otro lado, algunos actores políticos han manifestado preocupación por la posible excesiva intervención administrativa, advirtiendo que podría limitar la libertad de expresión. Sin embargo, la Procuraduría ha aclarado que la medida no busca restringir la propaganda, sino asegurar que se realice dentro de los parámetros legales y en condiciones de equidad.
