El Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a ensañarse contra la población civil en Colombia durante un paro armado nacional convocado en diciembre de 2025. La ofensiva, marcada por ataques indiscriminados y bloqueos en varias regiones, ha dejado a comunidades enteras bajo zozobra y ha puesto en evidencia la fragilidad del proceso de paz con esta guerrilla.
El paro armado, anunciado por el ELN como una demostración de fuerza, se tradujo en hostigamientos contra transportadores, comerciantes y campesinos. En departamentos como Arauca, Norte de Santander y Chocó, se reportaron vehículos incinerados, carreteras bloqueadas y amenazas directas a quienes desobedecieran las órdenes de la insurgencia. La población civil, principal víctima de estas acciones, se vio obligada a suspender actividades económicas y educativas, mientras el miedo se extendía por las zonas rurales y urbanas.
Los testimonios recogidos en distintas regiones reflejan el terror impuesto por el grupo armado, que busca reafirmar su control territorial y presionar al Gobierno en medio de las negociaciones de paz. Familias enteras quedaron confinadas en sus hogares, y el transporte público prácticamente se paralizó en varias ciudades intermedias. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el paro armado constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al atacar directamente a la población no combatiente.
El Gobierno colombiano desplegó tropas adicionales en las zonas más afectadas y anunció recompensas por información que permita capturar a los responsables de los ataques. Sin embargo, la capacidad del Estado para garantizar seguridad en regiones históricamente golpeadas por la violencia sigue siendo cuestionada. Analistas señalan que la ofensiva del ELN busca demostrar que, pese a los diálogos en curso, la guerrilla mantiene intacta su capacidad de intimidación.
Este nuevo paro armado ocurre en un momento crítico para el proceso de paz. Mientras sectores del Gobierno insisten en mantener las negociaciones, la opinión pública se muestra cada vez más escéptica frente a la voluntad real del ELN de abandonar las armas. La violencia contra civiles debilita la confianza en el diálogo y refuerza las voces que piden una respuesta militar más contundente
