La negociación del salario mínimo para 2026 comenzó con posiciones distantes: las centrales obreras pidieron un aumento del 16%, mientras los empresarios ofrecieron 7,21%. El Gobierno busca acercar las cifras antes del 15 de diciembre, fecha límite para definir el ajuste que regirá desde enero.
Cada diciembre, la mesa de concertación laboral y salarial reúne a sindicatos, gremios empresariales y Gobierno para definir el incremento del salario mínimo que regirá al año siguiente. En esta ocasión, el debate se abrió el 9 de diciembre de 2025, con propuestas que reflejan visiones opuestas sobre la economía y el bienestar de los trabajadores.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que las cifras iniciales muestran una brecha de nueve puntos porcentuales, lo que anticipa una negociación compleja. “Sobre esas dos propuestas arrancará la discusión en la sesión convocada para el próximo jueves desde las 8 de la mañana”, señaló.
Las centrales obreras plantearon un incremento del 16 % tanto para el salario base como para el auxilio de transporte. De aprobarse, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a $1.651.260, sin contar el subsidio de transporte.
Los sindicatos argumentan que el aumento responde a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, marcado por el alza en alimentos, vivienda, servicios públicos y transporte. “Este incremento constituye el punto de partida para acercarse al concepto de salario digno, reiterado por la Organización Internacional del Trabajo”, explicó Sanguino.
En contraste, los gremios empresariales —entre ellos la Andi, SAC, Asobancaria y Acopi— propusieron un aumento del 7,21%, lo que llevaría el salario mínimo a $1.526.134. Según los empresarios, un ajuste mayor podría afectar la estabilidad laboral y frenar la recuperación económica.
Los gremios sustentaron su propuesta en criterios de sostenibilidad empresarial y en los riesgos de un incremento elevado: encarecimiento de créditos, presión inflacionaria y mayores costos de bienes y servicios. “Un aumento por fuera de criterios técnicos puede convertirse en un golpe para la estabilidad”, advirtieron.
Factores económicos en juego
La discusión se da en un contexto de inflación moderada. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 5,3% en noviembre de 2025, según el Dane. Este dato suele servir como referencia técnica para los ajustes salariales.
El Gobierno también evalúa variables como la productividad laboral, el crecimiento económico y el impacto en sectores sensibles como educación, salud y vivienda. “Se revisaron los costos en servicios públicos como el agua potable, que han tenido aumentos significativos y afectan directamente la capacidad adquisitiva”, explicó Sanguino.
La mesa de concertación tiene plazo hasta el 15 de diciembre a las 11:59 p. m. para llegar a un acuerdo. Si no se logra consenso, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, como ha ocurrido en años anteriores.
El calendario establece sesiones extraordinarias hasta el 29 de diciembre, en caso de que las negociaciones se prolonguen. El objetivo es que el nuevo salario mínimo entre en vigencia el 1 de enero de 2026.
El salario mínimo es un referente para más de 11 millones de colombianos que devengan menos de este ingreso, según cifras del Dane. Además, impacta directamente en el costo de contratos, pensiones y beneficios sociales.
Para los sindicatos, un aumento robusto es indispensable para enfrentar la informalidad laboral, que afecta a 13,6 millones de personas. Para los empresarios, en cambio, un ajuste desbordado podría agravar la situación y reducir la formalidad.
