El borrador presentado por Brasil en la COP30 generó polémica al omitir compromisos claros sobre el abandono de los combustibles fósiles, lo que llevó a una treintena de países a advertir que la cumbre podría terminar sin acuerdo.
La última jornada de la COP30 en Belém, Brasil, estuvo marcada por la controversia en torno al borrador final presentado por la presidencia brasileña. El documento, criticado por no incluir una hoja de ruta clara para el abandono de los combustibles fósiles, provocó la reacción inmediata de la Unión Europea y de al menos treinta países que consideran la propuesta insuficiente.
La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, expresó que la conferencia no puede concluir “sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles en el mundo”. Acompañada de otros ministros y negociadores, anunció que Colombia organizará una conferencia internacional en Santa Marta el 28 y 29 de abril de 2026 para impulsar este compromiso global.
Por su parte, la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen, calificó el borrador como “no suficiente” y pidió trabajar para mejorarlo. El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, fue más contundente al señalar que lo presentado es “inaceptable” y advirtió que la COP30 podría terminar sin acuerdo, lo que sería un duro golpe para los esfuerzos internacionales contra el cambio climático.
La falta de consenso refleja las tensiones entre países que buscan acelerar la transición energética y aquellos que dependen fuertemente de los hidrocarburos. Brasil, como anfitrión, enfrenta críticas por no liderar con mayor ambición en un momento en que la comunidad internacional exige compromisos más firmes para limitar el calentamiento global.
La polémica evidencia que, pese a los avances en temas como financiamiento climático y protección de la Amazonía, el abandono de los combustibles fósiles sigue siendo el punto más conflictivo en las negociaciones. El desenlace de la COP30 marcará el rumbo de la política climática mundial y pondrá a prueba la capacidad de los países para alcanzar acuerdos que respondan a la urgencia de la crisis ambiental.
