Daniel Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, anunció que emprenderá una batalla legal y diplomática para revertir su inclusión en la Lista Clinton.
El abogado Daniel Kovalik, representante legal del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, anunció que emprenderá una batalla jurídica y diplomática para revertir la inclusión del mandatario colombiano en la llamada Lista Clinton, una herramienta de sanción financiera administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU..
La noticia fue confirmada por Kovalik, donde expresó su preocupación por lo que considera una medida injustificada. “He conocido al presidente Petro desde hace más de 20 años. Esta inclusión no tiene fundamento legal ni pruebas que la sustenten”, afirmó el abogado, quien también ha trabajado en casos de derechos humanos y justicia internacional.
La Lista Clinton, oficialmente conocida como la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), impone restricciones financieras a personas y entidades vinculadas con actividades ilícitas, como el narcotráfico o el terrorismo. La inclusión de Petro y su familia —según confirmó el propio presidente en redes sociales— se dio el pasado 24 de octubre, generando una ola de reacciones políticas y diplomáticas.
Kovalik aseguró que la defensa se centrará en demostrar la falta de evidencia y en denunciar el uso político de esta herramienta. Además, señaló que se buscará apoyo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos para revertir la medida. “Esto no solo afecta al presidente, sino a la institucionalidad colombiana”, agregó.
La inclusión de Petro en la Lista Clinton ha sido interpretada por algunos sectores como una represalia política, especialmente tras las tensiones recientes entre el gobierno colombiano y figuras del poder estadounidense. El presidente, por su parte, ha respondido con firmeza: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió en su cuenta oficial.
El proceso legal que se avecina podría marcar un precedente en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, y será clave para definir el alcance de las sanciones y su impacto político.
