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Nuevo acuerdo para proteger a líderes sociales en el Distrito de Barrancabermeja

En Barrancabermeja se dio a conocer la firma Acuerdo Ciudadano contra la estigmatización a líderes sociales, un pacto interinstitucional que fue promovido en el marco de la mesa Territorial de Garantías y Derechos Humanos en la región.

Por: Luisa Alejandra Romero | Durante este protocolo participaron entidades de a nivel nacional, departamental y municipal, organizaciones sociales y ambientales en la parte local. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo presentaron un diagnóstico sobre los riesgos que enfrentan los líderes sociales en el Magdalena medio, dile no conocer los municipios más afectados como lo son San Alberto, puerto Wilches, Aguachica, Barrancabermeja  y Yondó, donde se continúan las amenazas de grupos al margen de la ley.

Frente a esa situación, Iván Madero, presidente de CREDHOS, dio a conocer la necesidad de un monitoreo riguroso de los compromisos adquiridos, además de esto hizo un llamado a los alcaldes que aún no se han sumado para integrarse al espacio de diálogo.

El viceministro de Diálogo Social e Igualdad Gabriel Rondón, durante el evento afirmó que el compromiso esencial recaerá en el acompañamiento interinstitucional coordinado entre gobierno, alcaldías fuerza, pública y gobernaciones, esto es para garantizar la protección de la ciudadanía en todo el territorio.

Las obligaciones establecidas en el acuerdo fueron las siguientes:

  • El respeto y la promoción del trabajo de Los defensores de derechos humanos.
  • El rechazo explícito a la estigmatización y a discursos de odio.
  • El desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas al público en general.
  • La puesta en marcha de políticas públicas orientadas en su protección y dignificación.

El secretario de Interior de Barrancabermeja, Harold Villabona, destacó que este pacto es el esfuerzo de reconocer y respaldar la labor de los líderes sociales, así como fortalecer los mecanismos de seguimiento para aquellos que no han visto un resultado mediante sus denuncias.

El desafío será transformar los compromisos firmados En acciones que efectivamente garanticen una condición de seguridad para quienes ejercen esta labor de derechos en las zonas más afectadas.

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