La comunidad de alfareros, conocidos como “chircaneros”, enfrenta una grave crisis debido a la persecución de la que han sido objeto por parte de la Policía Ambiental y otras autoridades.
Por: Milton Ardila | Ariel Zambrano González presidente del concejo distrital, cedió espacio para escuchar, las problemáticas que radican en la restricción para el uso de leña y desechos maderables, elementos esenciales para el proceso de fabricación del ladrillo artesanal, actividad que lleva más de seis décadas en la región y de la cual dependen miles de familias.
El Concejo Municipal de Barrancabermeja abrió un espacio de debate en el que participaron representantes del gremio, autoridades locales y diversas entidades como la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Interior, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Policía Ambiental. Durante la sesión, los alfareros expresaron su preocupación por la falta de alternativas para garantizar la continuidad de su trabajo.
Josué Taborda Moreno, concejal proponente del debate, destacó la importancia de esta actividad económica y artesanal, señalando que “el 95% de las construcciones en Barrancabermeja han sido posibles gracias a los ladrillos fabricados por los chircaneros”.
También enfatizó que el objetivo del debate era encontrar soluciones conjuntas para evitar la vulneración del derecho al trabajo de más de 5.000 familias que dependen directamente de esta actividad.
Por su parte, Yeinni Sánchez, representante de la Comuna 6, manifestó su apoyo a los alfareros y resaltó la necesidad de generar alternativas económicas y sociales que permitan la sostenibilidad del oficio.
“No se trata solo de atacar a esta población, sino de aportar soluciones para su fortalecimiento. Es fundamental que el gobierno continúe con el apoyo brindado hasta ahora y busquemos juntos estrategias para dignificar su labor”, expresó Sánchez.
Giovanni Guadalupe Gutiérrez, en representación de la Asociación de Alfareros, denunció que desde 2018 la Policía Ambiental ha intensificado las restricciones, afectando gravemente la producción de ladrillos.
“Nos han quitado el derecho al trabajo bajo el argumento de que transportar leña es un delito, cuando en realidad se trata de residuos de madera aprovechables”, explicó Gutiérrez. Asimismo, advirtió que la falta de medidas que respalden la actividad alfarera podría dejar sin empleo a más de 1.200 personas en la ciudad, muchas de ellas de la tercera edad o en situación de discapacidad.
Ante este panorama, el gremio de alfareros exige que se establezcan mesas de diálogo para concertar soluciones viables que permitan la continuidad de su labor sin afectar el medio ambiente. Entre las propuestas mencionadas en el debate se encuentran la regulación del uso de residuos maderables, la implementación de hornos más eficientes y el acceso a programas de reconversión tecnológica.
La crisis que enfrentan los “chircaneros” pone de manifiesto la necesidad de equilibrar las políticas ambientales con la protección de los empleos tradicionales, garantizando así el sustento de miles de familias en Barrancabermeja.
