El presidente Gustavo Petro planteó una alternativa para financiar el sistema de transporte público de Bogotá, Transmilenio, en medio del debate sobre el aumento del pasaje para 2025.
Su propuesta incluye girar los $825.000 millones solicitados por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, pero a cambio de que el Gobierno Nacional obtenga una participación en la operación de las empresas de buses involucradas.
El alcalde Galán reconoció que el Ejecutivo no tiene la obligación de financiar la operación de Transmilenio, pero mencionó que era una expectativa debido a precedentes recientes: entre 2021 y 2023, el Gobierno Nacional transfirió recursos bajo leyes que lo habilitaban.
Este año, sin embargo, la administración nacional decidió no continuar con ese esquema, dejando el déficit financiero en manos del Distrito, que tuvo que cubrirlo con recursos propios.
El presidente Petro criticó la idea de transferir recursos públicos sin obtener contraprestaciones, calificándolo como:
“un regalo a supermillonarios”.
En su lugar, propuso que los fondos se utilicen para adquirir participación en las empresas de buses de Transmilenio, lo que daría al Estado un mayor control en la operación.
Además, Petro sugirió una transición hacia tranvías eléctricos en algunas troncales de Transmilenio, argumentando que estos disminuirían los costos de operación y serían más sostenibles.
Respuesta de Galán
El alcalde Galán manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno Nacional en esta propuesta y destacó que la renovación hacia sistemas eléctricos y de bajas emisiones es una prioridad compartida:
“Avanzar en un sistema de transporte que emigre a tener equipos que no contaminen, que sean cero o bajas emisiones. Renovar la flota es una apuesta clave para la ciudad y el país”.
Galán también pidió superar las diferencias políticas para avanzar en un modelo de transporte sostenible que cumpla con las metas tanto del Plan de Desarrollo Nacional como del de Bogotá.
La propuesta del presidente Petro plantea una transformación estructural en la gestión del transporte público de Bogotá, abriendo la posibilidad de un modelo híbrido entre público y privado. Además, impulsa una transición hacia la sostenibilidad ambiental, alineada con metas de reducción de emisiones. No obstante, el debate político y técnico sobre la viabilidad y los detalles de esta transición aún está en desarrollo.
