Tras la masacre de cuatro personas, en hechos ocurridos entre el municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, y el sur del departamento de Bolívar, organizaciones de derechos humanos le exigieron al Gobierno Nacional varias solicitudes que, según ellos, pueden traducirse en garantías para seguir defendiendo las comunidades.
Entre las exigencias se encuentra la investigación inmediata y exhaustiva sobre la masacre ocurrida el 30 de septiembre, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.
Además, la protección efectiva para los lideres comunitarios y defensores de derechos humanos quienes, según ellos, son blanco de amenazas y agresiones por su labor en pro de la paz y la justicia social.
A esto se le suma, el compromiso real por parte del Estado colombiano para abordar las causas estructurales de la violencia en el Magdalena Medio, incluyendo la promoción de políticas de desarrollo sostenible y la inclusión social.
Pues recordemos que, entre las víctimas, se encontraba el presidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías, Jurisdicción de Cantagallo, Jhon Fredy Pérez, y Jhoana Sepúlveda, quienes eran líderes comunitarios comprometidos con la defensa de los derechos Humanos de su comunidad y la promoción de la paz en la región.
